En la cuarta convocatoria y a menos de un mes de que se cumplan once años de ocurridas las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, las partes procesales esperan que la jueza penal de Pichincha Luz María Ortiz instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asesinato.

El 13 de julio pasado fue la última fecha en la que se difirió esta diligencia y se dio a pedido de uno de los abogados defensores de los procesados. Las audiencias anteriores estaban señaladas para el 12 de abril y 7 de junio pasados, pero ambas no se dieron por pedido de la fiscal del caso, Claudia Romero.

Fiscalía reformula cargos y busca vincular a cuatro personas más a caso que investiga tres muertes ocurridas durante el 30S

Este caso arrancó en octubre pasado con la formulación de cargos por el delito de homicidio contra los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera. Tres meses después la instrucción fiscal, por pedido de Fiscalía, dejó de ser por homicidio y se reformularon cargos para investigar un delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución.

Para finales de diciembre pasado, el caso pasó a tener nueve procesados, pues se vinculó a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. Según la fiscal Romero, todos tendrían participación en las muertes del policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez; de Darwin Panchi, soldado del Ejército; y del cabo del Ejército Jacinto Cortez.

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Las muertes de los uniformados se dieron en los alrededores del hospital de la Policía Nacional, en el norte de Quito, zona en la que se produjeron los actos más violentos de la revuelta del denominado 30-S y en la que al final de la jornada se produjo el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba en el hospital policial, localizado entre las avenidas Mariana de Jesús y Occidental.

La defensa de la familia Jiménez, Edwin Romero, cree que las víctimas de los hechos ocurridos aquel 30-S necesitan ya una respuesta del Estado ecuatoriano. El abogado espera que la Fiscalía en esta ocasión pueda sostener el tipo penal por el que se formularon cargos a la cúpula militar del 2010.

En septiembre de 2018 la Fiscalía ya realizó una reconstrucción de los hechos por el asesinato del policía Froilán Jiménez. (ARCHIVO)

“Veremos cuál es la fundamentación fáctica y jurídica de la Fiscalía y vamos a ver si nuevamente no revictimizan a las víctimas con una mala actuación fiscal como se ha dado en casos anteriores”, apuntó Romero, quien insiste en que por la muerte de Jiménez debe ser investigado también el expresidente Correa, por estar en la parte alta de la cadena de mando de aquel 30 de septiembre.

La mañana de este martes, integrantes de la Federación Nacional de Militares Patria, que agrupa a oficiales y personal de tropa en servicio pasivo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, realizaron una rueda de prensa para expresar su apoyo incondicional a los cinco oficiales en servicio pasivo y cuatro oficiales en servicio activo que, a su decir, son injustamente acusados por los hechos del 30-S.

El general (sp) Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que existe una gran preocupación por lo que sucederá en la audiencia que se instalará mañana contra sus compañeros de institución a los que se les está procesando por un crimen agravado.

Para González, la preocupación es porque la justicia no ha sido suficientemente coherente y justa para sancionar basada en evidencias, sino que más bien, piensa, ha tenido una connotación política.

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Según él, la justicia no se ha dado cuenta de que a más del daño que están causando a los oficiales injustamente acusados y a su familiares, están dañando a la institución militar y policial, porque, dice, sus integrantes se ven afectados en su moral cuando tienen que intervenir para el cumplimiento de sus misiones constitucionales.

Peritos reconstruyeron episodio del 30-S en los exteriores de hospital de la Policía

“Insistir ante los jueces respectivos en que la participación de las FF. AA. en ese aciago día fue cumpliendo órdenes de las autoridades legítimas, en este caso el presidente de la República y el ministro de Defensa. La actuación de nuestros compañeros fue en el marco de un estado de excepción ante una grave conmoción interna, cuando una parte importante de la Policía había dejado en la indefensión a la sociedad”, apuntó el general.

González reconoció su condición de exjefe del Comando Conjunto, él estaba en la tercera cadena de mando luego del presidente Rafael Correa y del ministro Javier Ponce, pero aclaró que lo que las FF. AA. lo que hicieron ese día fue cumplir sus misiones constitucionales, que las FF. AA. siempre están sujetas al poder civil y que las FF. AA. analizando la situación que se vivía ese 30 de septiembre de 2010 no podían excusarse, sino que debían intervenir para “recuperar el orden, la seguridad del presidente que estaba amenaza, recuperar la paz social y salvar la democracia”.

“Hay que recordar que la única fuerza organizada, jerarquizada y disciplinada que había ese día eran las Fuerzas Armadas, por eso el presidente (Rafael Correa), que inicialmente hemos sido categóricos, él tuvo la culpa de llevar al Estado a esta situación porque él fue advertido, se trató de impedir, pero debido a su carácter, temperamento y su vehemencia hizo caso omiso y agravó las circunstancias”, concluyó el exjefe del Comando Conjunto. (I)