Guillermo Lasso asumió hace un año la Presidencia de la República con la promesa que hizo en su campaña de cumplir varias propuestas para ejecutar en los cuatro años de gobierno. De todos estos compromisos, unos ya se concretaron, otros no y algunos están en proceso.

1. Vacunación contra el COVID-19

El plan de vacunación contra el COVID-ha sido considerado por el Gobierno como su mayor logro en este primer año de mandato, ya que permitió la reactivación económica. Lasso empezó con el objetivo de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su periodo. Esto lo alcanzó y actualmente en el país ya son 13′956.857 personas las que tienen el esquema completo de vacunación, 14′595.196 tienen solo las primeras dosis, 6′099.728 ya se aplicaron el primer refuerzo y 275.401 el segundo refuerzo. En total se han aplicado 34′927.182 dosis de vacunas en el país.

Los preparados de Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y CanSino han sido los utilizados a nivel nacional. La más aplicada es Sinovac con más de 16 millones de dosis; le siguen Pfizer, más de 10 millones; AstraZeneca, más de 7 millones; y CanSino, más de 600.000 dosis.

El doctor Federico Cabrera, especialista en epidemiología, reconoce que la promesa fue cumplida y que ayudó a frenar la crisis en la que estaba sumido el país tanto en salud como en materia económica.

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“Desde el punto de vista del tiempo, la vacunación fue exitosa, también desde el punto de vista de salud, de prevención, que estamos viendo los resultados, somo el primer país en América que hemos dejado de lado tantas recomendaciones, sobre todo la mascarilla”, refiere.

Cabrera explica que la vacunación logró que cada vez se presenten menos casos, aunque enfatiza que siguen y seguirán presentándose porque la enfermedad no ha desaparecido.

Sobre las dosis de refuerzo, el especialista dice que aún no existe ninguna certeza de cuántas son las necesarias, pero que la cuarta es lo que está establecido hasta el momento. Menciona que para fines de este año se espera tener un panorama más claro de las dosis y tiempos de aplicación de las vacunas contra el virus, al igual que con otras enfermedades como la influenza.

En Ecuador se han aplicado en total 34′927.182 dosis de vacunas contra el COVID-19. Foto: Carlos Granja Medranda

2. Generar plazas de empleo y subir el salario básico

Al referirse a su promesa de generar empleo, Lasso ha manifestado que en este tiempo logró generar 350.000 nuevos empleos adecuados. El anuncio lo hizo el pasado 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo.

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“Hemos logrado generar 350.000 nuevos empleos adecuados y seguiremos enfocando todo nuestro esfuerzo para que más ecuatorianos tengan empleo y oportunidades”, dijo en Twitter.

El país tiene 2′773.750 trabajadores con empleo pleno, según datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Actualmente la tasa de empleo adecuado es del 32,9 %. Es decir, tres de cada diez personas en la edad de trabajar cuentan con un empleo formal, el resto, el 67,1 %, está en la informalidad o desempleo.

El mismo documento establece que la tasa de empleo es ligeramente superior a lo registrado en el mismo periodo del 2021, cuando fue del 32 %. Según datos del INEC, se han recuperado 143.954 empleos en este lapso de tiempo. Antes de la pandemia, en 2019, la tasa de empleo adecuado llegaba al 38,9 %.

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La abogada laboral Vanessa Velázquez opina que hay que tomar en consideración dos puntos importantes: el ofrecimiento de un millón de empleos versus 350.000 que aseguran haber generado.

“No se debe olvidar el número de empleos perdidos en pandemia. Siete de cada diez no tienen empleo, sigue siendo una realidad. Y los 350.000 empleos que anunció el presidente denotan una recuperación de los empleos perdidos en pandemia”, dice.

Velázquez considera que es importante que el Gobierno tenga un discurso realista y confirme que “el empleo no está creciendo, que se ha recuperado lo perdido y que queda mucho por recorrer”.

La experta subraya que esta administración está debiendo aún la reforma laboral que anunció en campaña, “que tiene un candado de complicaciones en la Asamblea”. Además, considera que la gestión del ministro del Trabajo, Patricio Donoso, ha sido nula y que no se han realizado actualizaciones con los actores de la sociedad de nuevas formas de contrato y otros temas relacionados que pueden traer mejoras.

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Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país tiene 2′773.750 trabajadores con empleo pleno.

En tanto, Lasso sí cumplió su promesa de subir el salario básico unificado, al menos en este primer año. El presidente anunció el 13 de diciembre de 2021 el incremento a $ 425 que entró en vigencia el 1 de enero de 2022.

“Son $ 25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los últimos cuatro años. Es el incremento porcentual más alto en ocho años”, indicó el mandatario en ese momento, y dijo que su gobierno “cumple y no por simple obligación electoral, sino por convicción real”.

En la campaña para llegar a la Presidencia, Lasso prometió incrementar el salario básico de $ 400 a $ 500 en los cuatro años de su administración.

3. Eliminar la prueba Ser Bachiller

En educación la promesa de eliminar la prueba de ingreso a la universidad se cumplió parcialmente. El Gobierno eliminó la prueba Ser Bachiller y la remplazó por la prueba Transformar, lo que no acabó de convencer a la ciudadanía ya que muchos jóvenes de nuevo quedaron sin un cupo.

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) decidió hace pocos días que las universidades asuman los procesos de admisión eliminando así la prueba Transformar. Está previsto que esto ocurra en 2023 o máximo a inicios de 2024.

La Senescyt decidió hace pocos días que las universidades asuman los procesos de admisión, eliminando así la prueba Transformar. Foto: Tomada de @ARibadeneiraE

No obstante, eliminar esta prueba requiere de una reforma legal ya que fue instituida por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 2010, como parte del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA), pero el secretario de la institución, Alejandro Ribadeneira, afirma que la Senescyt mantendrá su rol central de emisor de la política pública y de la regulación del sistema.

En la última postulación para acceder a un cupo hubo 122.000 plazas, cifra que no cubrió la demanda de los 215.000 bachilleres inscritos en el proceso; 85.000 estudiantes se quedaron sin cupo. Una problemática que se deriva del rezago de bachilleres de otros periodos, según la Senescyt, que Lasso prometió cerrar, pero no lo ha cumplido.

El Gobierno envió a la Asamblea una reforma a la LOES, pero aún no se aprueba.

Para Galo Cabanilla, exrector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, es positivo que las universidades vuelvan a tener el control de la admisión de sus estudiantes. Dice que hasta ahora los exámenes de ingreso no han hecho otra cosa que imponer carreras a los jóvenes y dejar fuera a muchos otros.

Ante la realidad de la educación superior pública en el país, Cabanilla manifiesta que el Gobierno debe tomar en consideración opciones como apostar e impulsar la educación online y destinar los suficientes recursos para este sector.

“Se están tomando decisiones, no se ven resultados porque no se resuelve el problema sistémicamente, es decir, en todas sus aristas, sino que se van haciendo parches y parches”, apunta y agrega que no es necesario recurrir a la creación de más universidades, sino invertir en las que existen y fortalecerlas.

4. Creación de una Comisión Anticorrupción internacional

Entre sus promesas de campaña estaba también el fortalecer la lucha contra la corrupción. Decía que formaría una comisión internacional con aval de organismos internacionales.

El pasado 3 de mayo, Lasso oficializó la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que forma parte de la estructura orgánica de la Presidencia, y está a cargo de Luis Verdesoto, exconsejero del Consejo Nacional Electoral.

La institución tiene como responsabilidad “la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad pública y anticorrupción”.

Pero Verdesoto contó que ya no se creará la comisión internacional por recomendación de los mismos organismos internacionales, que han visto experiencias de otros países donde hay pugnas entre comisionados y autoridades de justicia locales.

En este tema, el mandatario ha destacado también que la creación del Código de Ética en su gobierno ha contribuido a frenar el nepotismo en el sector público y que le ha significado un ahorro de recursos al Estado.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sostiene que con la creación de la secretaría lo que se ha hecho es conformar una nueva institución burocrática, que cree que no era necesario para la lucha anticorrupción, que debe estar a cargo de la ciudadanía.

“Para coordinar acciones preventivas respecto de la corrupción no era necesario llegar a los extremos, a lo que se está llegando, que es burocratizar la lucha anticorrupción, que es una tarea ágil, rápida, vehemente si se quiere”, apunta.

Refiere además que al ser una secretaría técnica, es probable que su trabajo se concentre en actividades más de tipo administrativo.

5. Gobierno espera entregar 20.000 viviendas este 2022

El Gobierno prevé construir 20.000 viviendas en el país, este 2022, como parte de las 200.000 que Lasso ofreció levantar en cuatro años en la ruralidad. El ministro de Vivienda, Darío Herrera, confirmó este dato en abril y ha explicado que, de estas 20.000 viviendas, 12.000 estarán a cargo directamente del Ejecutivo, mientras que las 8.000 restantes estarán a cargo del sector privado, con incentivos estatales.

Herrera presentó en noviembre pasado el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda con el que apuntan a ofrecer 463.000 soluciones de hábitat divididas en cuatro tipos: vivienda, kits semilla, títulos de propiedad y proyectos de hábitat y espacio público.

Leandro Briones, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción del Ecuador, considera que “en términos generales” lo que se ha logrado este año es positivo, mas no perfecto, y destaca la construcción de viviendas que se está desarrollando en Manabí tanto con inversión estatal como con financiamiento internacional; la reactivación de líneas de crédito y la baja de intereses para créditos hipotecarios.

Ejecutivo expidió reglamento para Ley de Vivienda de Interés Social; valor máximo sube a 178 salarios básicos. Foto: Archivo.

No obstante, Briones considera que hasta el momento el Gobierno no ha activado su propio plan de vivienda y aclara que no es lo mismo el Plan Hábitat presentado.

“Cuando se habla de un Plan Hábitat no hablas exclusivamente de vivienda, sino de un sinnúmero de situaciones que mejoran la calidad de vida”, explica.

En este primer año de Gobierno, Lasso expidió el reglamento para la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, aprobada a inicios de este año por la Asamblea Nacional. Así reguló los incentivos y subsidios para los nuevos programas. El nuevo valor para estas viviendas es de máximo 178 salarios básicos unificados (SBU), es decir, $ 75.650. Además se establecieron opciones para la construcción en terrenos propios, ampliación de viviendas existentes y bonos de vivienda de hasta 15 salarios básicos ($ 6.375).

Sobre esta norma, Briones dice que es poco probable que el sector privado se interese, porque implica construir infraestructura y luego las casas. Cuenta que presentó un proyecto de vivienda a Herrera que espera sea tomado en consideración y que como federación aspiran a ser recibidos por Lasso para presentarle su plan. (I)