De forma unánime, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Adrián Rojas (ponente), Hipatia Ortiz y Daniella Camacho rechazaron por improcedentes los recursos de apelación planteados contra la sentencia de primera instancia que recibieron el exasambleísta Daniel Mendoza y siete personas más que fueron encontradas culpables del delito de delincuencia organizada relacionada con el proyecto de construcción del hospital de Pedernales.

La decisión se dio a conocer la tarde de este martes en la reinstalación de la audiencia de apelación solicitada por Mendoza, su exasesor en la Asamblea Jean Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, el contratista Franklin Calderón, el representante del consorcio Pedernales-Manabí José Veliz, la expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob Jennifer Cobeña, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público José Santos.

Se suspende audiencia en la que la defensa del exasambleísta Daniel Mendoza busca que se le reduzca la pena en caso hospital de Pedernales

Todos en su momento se acogieron al procedimiento abreviado consintiendo la admisión de los hechos investigados, es decir, por las irregularidades que existieron en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, en el que se desviaron dineros entregados como anticipo para la obra al Consorcio Pedernales-Manabí.

Con la resolución del Tribunal de Apelación queda en firme la pena reducida de 50 meses de cárcel dispuesta para el exasambleísta por Manabí Mendoza, no solo por el procedimiento abreviado, sino también por acogerse a la figura de cooperación eficaz; los 34 meses de prisión para Tamayo, Benavides, Calderón y Véliz; y para Cobeña, Andrade y Santos la pena de privación de libertad de 40 meses de privación de libertad, pues solo se acogieron al procedimiento abreviado y no a la cooperación eficaz.

Publicidad

Durante la audiencia de apelación realizada la semana pasada, Gabriela Moreira, abogada de Daniel Mendoza y Jean Benavides, explicó que el procedimiento abreviado se dio bajo los términos de la Fiscalía y se consideraron atenuantes y agravantes, mas no ventajas del procedimiento abreviado. Por ello solicitó se acepte el recurso de apelación y se impongan 34 meses de cárcel para el exasambleísta y 20 meses de prisión para Benavides.

En la reinstalación estuvo el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, para representar la acusación que pedía que se rechacen las pretensiones de la apelación, pues a decir de la Fiscalía se tomaron en cuenta para las penas planteadas las atenuantes y agravantes existentes para cada uno de los procesados. Se alegó desde la parte oficial que acceder a lo que piden los ocho apelantes es darles un doble beneficio que no es permitido por la ley.

Además, se ratifica la reparación integral dispuesta por el juez nacional Marco Rodríguez, de la CNJ. Él ordenó, el 12 de noviembre pasado, el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre todos los sentenciados. Este pago, explicó el juez, se deberá dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución.

De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos.

El juez Rodríguez también determinó una multa de diez salarios básicos unificados (SBU) ($ 4.000) para Mendoza, Cobeña, Andrade y Santos; mientras que la multa para Benavides, Tamayo, Véliz y Calderón será de cuatro SBU ($ 1.600).

Juez de la CNJ acoge pedido de Fiscalía y sentencia a 4 años y 2 meses de cárcel al exlegislador Daniel Mendoza acusado de delincuencia organizada

El presidente del Tribunal, Adrián Rojas, explicó que por improcedentes rechazaron de forma unánime los recursos planteados no solo contra el tiempo de pena dispuesto para los ocho apelantes, sino también contra la reparación integral. El juez resaltó que las penas definidas de 50, 40 y 34 meses de cárcel nacieron del consentimiento y aceptación de los procesados, quienes hicieron uso de figuras como la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado.

Una vez que el Tribunal confirmó la sentencia dictada por el juez Marco Rodríguez en todas sus partes, dispuso que la Fiscalía continúe con la investigación de los nombres que aparecen en conversaciones telefónicas mantenidas entre los sujetos procesales ya sentenciados en esta causa. (I)