La audiencia de estrados dentro de la apelación presentada por el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría y otras entidades, para dejar sin efecto la sentencia del juez Johnny Lituma, que dispuso la restitución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco, por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en 2008, terminó sin una resolución judicial.

La diligencia se llevó a cabo de manera virtual la tarde del lunes 15 de agosto en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La causa es procesada por el Tribunal conformado por los jueces Adolfo Gaibor (ponente), Carlos González Abad y por Fabiola Gallardo Ramia, presidenta de la Corte Provincial del Guayas. Por alrededor de cinco horas el Tribunal escuchó a las partes procesales, incluyendo a la defensa de los hermanos Isaías.

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Los abogados de la Procuraduría, el Banco Central del Ecuador (BCE), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura, y por la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia, solicitaron al Tribunal declarar la nulidad del dictamen del juez Lituma y que se declare error inexcusable a su actuación, ya que habría inconsistencias e irregularidades en el procedimiento que terminó por favorecer con medidas cautelares a los hermanos Roberto y William Isaías tanto con la restitución de sus bienes, así como el pago de una reparación integral.

El objetivo es evitar que los bienes incautados por la AGD vuelvan a manos de los Isaías.

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Juan Izquierdo, director regional 1 de la Procuraduría General del Estado, solicitó aceptar el recurso de apelación, revocar la medida cautelar y que se declare la improcedencia por vulneración de derechos procesales constitucionales.

Izquierdo calificó de “grosera” a la sentencia del juez Lituma; por ello, requirió al Tribunal de Alzada declarar el error inexcusable.

Según el representante de la Procuraduría, la resolución de Lituma fue descontextualizada, extensiva y desnaturalizada, vulnerando los derechos a la defensa, al debido proceso constitucional, a la motivación y a la seguridad jurídica.

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El abogado de los hermanos Isaías, Jorge Zavala Egas, recordó que la sentencia del juez Lituma se sustentó en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en junio de 2016 determinó que el Estado ecuatoriano violó el derecho de William y Roberto Isaías a debidas garantías para impugnar la incautación de bienes en el 2008 por parte de la AGD.

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Zavala expresó ante el Tribunal que la pretensión de sus clientes es que se les otorgue el derecho a la reparación que ordenó el dictamen de la ONU; además, que se les dé el derecho a la reparación como lo ha ordenado el juez Lituma.

“El festín del Filanbanco fue del Estado ecuatoriano en el 2012; no fue de los Isaías, que lo entregaron en 1998″, dijo Zavala y comentó que se debería reclamar al gobierno de Rafael Correa lo que se hizo con los recursos del desaparecido banco.

La incautación de bienes a los hermanos Isaías, que ahora se discute en la Corte del Guayas, se ejecutó durante el gobierno del presidente Rafael Correa, con base en un informe de la firma Deloitte & Touche, el cual determinó un “hueco patrimonial” de $ 661 millones en Filanbanco –de propiedad de los Isaías–, institución que en 1998 recibió ayuda financiera del Estado.

Una vez que intervinieron las partes procesales y terceros interesados en el caso, el juez Adolfo Gaibor, ponente de la causa, clausuró la audiencia de estrados e indicó que en los próximos días el Tribunal daría a conocer la resolución sobre la apelación impulsada por el Estado. (I)

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