Descongestionar la carga laboral que poseen los jueces penales del país a través de descriminalizar algunas infracciones de tránsito y el traslado de las mismas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es un proyecto de Ley en el que trabajan la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Presidencia de la República.

Según la Corte Nacional, actualmente, cerca del 80 % de la carga procesal de los jueces de contravenciones tiene que ver con asuntos de tránsito, lo que para Iván Saquicela, presidente de la CNJ, significa que los jueces no se enfoquen en lo que realmente les compete: el tema de la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, es decir, los temas que afectan a la seguridad de los ecuatorianos.

Una de las últimas reuniones para estructurar el anteproyecto se dio en abril pasado y a la cita también asistió Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República.

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La propuesta que se analiza busca sacar del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ciertas infracciones de tránsito para trasladarlas a la Ley de Tránsito. Además se piensa que se debería crear un procedimiento administrativo que ayude a una mejor eficacia del sistema en general.

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Para Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, de darse estas reformas los resultados se percibirán en la sociedad y en la administración de justicia. Entre las infracciones de tránsito que podrían salir del campo penal estaría el no uso del cinturón de seguridad, el no tener un casco homologado, el giro indebido, el paso en una luz roja, el circular con licencia caducada, el circular con llantas lisas, el tema de velocidad, entre otros.

Nosotros creemos que no todos los conflictos sociales ameritan una respuesta desde el ámbito penal. Las infracciones de tránsito, con excepción de aquellas que son graves, como las que causan muerte e incapacidad permanente, que deben mantenerse en el campo penal, pueden tener respuesta desde el ámbito administrativo o el derecho civil”, explicó Saquicela.

Guillermo Abad, experto en temas de movilidad y tránsito, cree que la propuesta podría ser una buena intención para bajar la carga que tienen los jueces, pero en la práctica ve que el planteamiento será un poco difícil de implementarlo por cuestiones como que hace menos de un año se reformó la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y esa reforma tomó cerca de cuatro años hacerla.

Para una propuesta como esta, señala Abad, no solo se debe tener en cuenta el tema de tramitología al interior de la Asamblea para aprobar un proyecto de ley y las circunstancias que se están dando en estos momentos como la aprobación de reformas al COIP que incluyen temas de tránsito; sino además se debe tener claro en el ámbito operacional, quiénes van a asumir las responsabilidades administrativas o civiles para esas infracciones, una vez no estén en manos de jueces, y si existen en los Gobiernos locales y en la ANT la infraestructura y el personal para absorber ese encargo legal.

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En la reunión de abril pasado, Fabián Pozo habría precisado que el principio de mínima intervención penal es clarísimo y el problema de congestión a nivel jurisdiccional es evidente. El funcionario se comprometió a trabajar de forma conjunta para depurar y seleccionar las infracciones y contravenciones que pueden solucionarse a nivel administrativo.

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Los temas de relevancia que se han abordado en las reuniones que se han dado hasta el momento han estado relacionados a la carga que representan las infracciones de tránsito para el sistema de justicia, las infracciones de tránsito que deben ser descriminalizadas, el procedimiento administrativo a seguir en las impugnaciones, la competencia para su conocimiento, entre otros.

Se tiene previsto que continúen las reuniones a través de mesas técnicas, pues el objetivo es generar en el menor tiempo posible un proyecto de ley que será enviado a la Asamblea Nacional. (I)