El presidente de la República, Guillermo Lasso, no será notificado de la solicitud juicio político presentada en la Asamblea Nacional mientras los cuatro acusadores no singularicen las pruebas que usarán dentro de la acusación por el supuesto delito de peculado en el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker.
Para ello, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, remitió una providencia dentro del trámite de solicitud de juicio político para que los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID), excluyan del proceso los hechos, inferencias y pruebas relacionadas con los cargos relacionados a concusión, así como el contenido en la sección octava de la solicitud titulada “otros indicios que vulneran el principio de confianza”.
Juicio político al presidente Guillermo Lasso tendrá límites en la acusación por peculado
Para dar cumplimiento al pedido de singularizar las pruebas se otorgó un plazo perentorio de 72 horas, que vence el jueves 6 de abril. En el documento se deberá precisar la utilidad , pertinencia y conducencia de la prueba, y en cuanto a la prueba testimonial los acusadores tienen que identificar de forma clara y precisa los nombres, direcciones electrónicas y domicilio laboral de los comparecientes, así como también el motivo u objeto en el que versará su asistencia.
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La petición se enmarca en el dictamen de admisibilidad del juicio realizada por seis jueces de la Corte Constitucional donde se dispone: “97. Además, se enfatiza en que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a los cargos que no han superado el examen de admisión, al igual que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del artículo 129 de la Constitución, no pueden ser parte de un eventual juicio político al presidente de la República”.
Fernando Villavicencio defendió su decisión respecto al pedido de singularización de la prueba, pues lo elemental es que si existen algunas pruebas que fueron parte de un juicio político más amplio y la Corte Constitucional delimitó al campo del peculado, lo más obvio es que se solicite a los interpelantes que indivualicen y precisen, cuáles son las pruebas documentales y testimoniales con las que vamos a sustanciar el juicio, para que con esas pruebas notificar al presidente Lasso; sin eso, es imposible, afirmó.
En la solicitud de juicio planteada por los cuatro legisladores existe una lista de al menos 20 pruebas documentales y testimoniales pero por las tres causas, de ellos, se tendrá que precisar cuáles se ajustan para sustentar la acusación del delito de peculado. Extraoficialmente, se conoció que no serán más allá de cuatro.
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Villavicencio aclaró que es la Corte Constitucional quien delimitó el juicio y trazó la cancha, y lo que hace como Presidente de la Comisión es pedir que precisen cuáles son las pruebas con las cuales sustentarán la acusación. Sino presentan la singuralización de las pruebas, en el plazo de 72 horas, lo que hará la Comisión es notificar al presidente de la República, Guillermo Lasso, con el expediente íntegro.
Desde el lado de la Comisión, anunció Villavicencio, se requerirá la comparecencia del contralor del Estado, Carlos Riofrío, quien el martes pasado, ante la Comisión de Régimen Económico al ser interrogado por la asambleísta, Mireya Pazmiño, sobre el informe referente al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, señaló que su institución no está en la capacidad de dar por terminado un contrato y recomendar la firma de otro. En el juicio lo que se comprobará es si Flopec, aceptó las recomendaciones de la Contraloría.
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Lo que al momento queda claro, insistió el presidente de la Comisión de Fiscalización, es que en el Gobierno de Guillermo Lasso, en septiembre de 2021, a través de la gerente de Flopec, Pilar Ferri, inició una acción penal por peculado en contra de Jaime Condoy, gerente de Flopec en el Gobierno de Lenin Moreno; por lo tanto, fue Condoy el que firmó los contratos con Amazonas Tanker y la adenda tres, y es a Condoy a quien la Contraloría del Estado le aplica una glosa de $6.1 millones y una responsabilidad administrativa. Aquí no hay un informe con responsabilidad penal, sino una glosa, sentenció.
La legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, dijo que están singularizando la prueba que deben actuar en la Comisión de Fiscalización; luego se decidirá quién la acompañará como interpelante en el proceso.
Anticipó que como parte de la prueba testimonial pedirán que se convoque al ex secretario nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto; del ex gerente de Flopec, vicealmirante Jhonny Estupiñan y expertos en materia penal.
Veloz indicó que revisarán lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional y anticipó que “jamás ha dicho que hay que hablar solo de peculado, creo que es una extralimitación del presidente de la Comisión de Fiscalización, y tanto es así, que ha enviado un oficio indicando un plazo de 72 horas para singuralizar la prueba, y ahí se están vulnerando el debido proceso”.
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Veloz comentó que existen 10 días para las pruebas de cargo y de descargo, y la Comisión de Fiscalización no puede actuar como si fuese un juzgado civil, penal o constitucional; tiene que limitarse a lo que dice la norma.
El asambleísta Pedro Zapata (PSC), uno de los proponentes del juicio, dijo que revisarán la providencia emitida por el presidente de la mesa de Fiscalización, porque a su criterio es ilegal la pretensión y son diez días que se tiene para presentar pruebas.
El asambleísta restó importancia al plazo de 72 horas otorgado por el presidente de la mesa, pues dijo que la singuralización de las pruebas se presentarán dentro del plazo de diez días que otorga la ley.
En tanto, el legislador Rodrigo Fajardo (separado de ID), dijo que le interesa ser interpelante en este juicio político al primer mandatario porque “siempre he puesto el pecho a las balas”.
Errores en el proceso
Las fechas que incluye la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad del juicio político al primer mandatario no coinciden respecto al informe que emitió la Contraloría del Estado sobre el contrato de Flopec y Amazonas Tanker, advirtió el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas.
En el dictamen se hace referencia a mayo de 2022, en tanto que el informe de la Contraloría del Estado es de noviembre de 2021. Por lo tanto, según Vanegas, ese informe que es un hecho base de la acusación en el juicio, no existe.
Es un error que no debió cometer la Corte Constitucional, añadió el asambleísta nacional, porque los jueces constitucionales tienen la obligación de revisar si esa historia es cierta, y para eso se tiene que revisar los anexos.
El legislador de Pachakutik sostiene que hay un problema más de fondo y tiene relación con el supuesto peculado del que acusan al presidente Guillermo Lasso, de no haber dispuesto la terminación de un contrato supuestamente perjudicial para Flopec.
En su dictamen la Corte Constitucional se refiere al informe de la Contraloría y dice que se había recomendado realizar un informe de evaluación de los ingresos y condiciones en la modalidad asociativa con base en lo que determine la conveniencia y pertinencia de continuar con Amazonas Tanker Pool Company, y que no se habla de la terminación del contrato y eso devirtuaría la idea de un peculado, alerta el legislador. (I)
