El lunes 27 de junio se cumplieron diez años desde la emisión de la histórica sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku versus Ecuador. A través de su sentencia, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado, por la violación a los derechos humanos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, tras la intervención inconsentida en su territorio para realizar actividades petroleras.

Actualmente, la Corte Constitucional (CC) del Ecuador se encuentra conociendo una acción de incumplimiento de la sentencia interamericana, interpuesta en el año 2020, refiere la Fundación Pachamama en un comunicado.

El 10 de junio pasado, la CC desarrolló la audiencia del caso, en la cual el Estado ecuatoriano no logró demostrar el cumplimiento de tres mandatos claves del fallo de la Corte Interamericana: el retiro de 1433 kg de explosivos pentolita, sembrados por la empresa petrolera CGC en territorio de Sarayaku; la consulta previa, libre e informada al Pueblo Kichwa de Sarayaku, frente a nuevos proyectos extractivos en su territorio y la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que permitan el ejercicio del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas con participación de las comunidades.

Durante la audiencia, se ha solicitado que la CC realice una diligencia in situ, como lo hizo la Corte IDH en su momento, a fin de que de observen las vulneraciones y riesgos a la integridad y vida del pueblo de Sarayaku y del Kawsay Sacha (Selva Viviente), que ha provocado el incumplimiento de la sentencia interamericana.

En su momento, con la sentencia se establecieron los mayores avances en los estándares de protección al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del Ecuador y toda América. Sin embargo, tras diez años de la emisión del fallo, el Estado ecuatoriano ha hecho caso omiso de las medidas dictadas por la Corte IDH. (I)