Recuperar la confianza de la ciudadanía, el reto de la nueva Asamblea Nacional

Poco antes de cerrar sus puertas, la Asamblea Nacional era la institución con menos aceptación del país. Una encuesta de Click Report reveló que solo uno de cada 20 ecuatorianos tenía una opinión positiva de la legislatura. Por ello, no sorprendía que en ese mismo estudio casi el 74 % de la ciudadanía aprobara la muerte cruzada emitida por el presidente Guillermo Lasso, la cual puso fin a las actividades legislativas.

Esto significa un gran reto para los nuevos asambleístas. Para levantar la confianza de la ciudadanía en el Parlamento, ellos deberán mostrar eficiencia para, en 18 meses, aportar a la solución de los problemas inmediatos de los ecuatorianos, esto es, la seguridad y la economía (empleo, productividad, impuestos y crisis energética). Así opinan los expresidentes de la legislatura César Litardo y Elizabeth Cabezas.

También coinciden en que la fiscalización debe ser efectiva, sin hacer de ella una tarima para levantar la imagen personal de los asambleístas, con escándalos innecesarios.

En tanto que Carlos Vallejo, quien presidió el Congreso Nacional entre 1992 y 1993, considera que la evaluación de la nueva legislatura dependerá más del nivel de debate que generen sus miembros a la hora de tratar leyes y procesos de fiscalización.

También afirma que en ese debate debe primar el apego de los asambleístas a la tendencia política que representan, pues no fueron electos de forma individual sino en plancha, en atención a la organización política a la que pertenecen. El hecho de que a medio camino los legisladores se separen de sus bloques y se declaren independientes “es una barbaridad política” y desgasta la imagen de la legislatura, critica.

Al momento, el bloque gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) ha llegado a un acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) que tiene, al menos, seis puntos. Tres de ellos abarcan, precisamente, el impulso de normas en los ámbitos de la inseguridad, la crisis energética y la reforma de tributos.

Vallejo estima que es bueno para el país la alianza de las tres fuerzas políticas grandes, aunque la ejecución de las soluciones no depende tanto de ese acuerdo. “Si las propuestas del presidente Daniel Noboa tienen un fondo real hay que apoyar en temas por ejemplo del sistema energético, pero no necesita de ley. Necesita de decisión y recursos”, afirma.

Dos ejes: seguridad y economía

Litardo, quien presidió la Asamblea Nacional entre 2019 y 2021, sostiene que la nueva legislatura debe diferenciarse de su antecesora. “Lo primero que debe hacer es sacar esa percepción ciudadana de desestabilización y de oponerse a todo, como hubo en la Asamblea anterior”, manifiesta.

Cabezas, quien presidió la Asamblea entre 2018 y 2019, plantea que, por el corto periodo legislativo, se deberían priorizar las leyes que ya están en trámite. En esto coincide Litardo. “Generar un proyecto nuevo de ley, si bien está dentro de sus facultades, podría tomar más del tiempo prudencial que el país necesita”, argumenta.

Cabezas propone impulsar las iniciativas ya existentes, como la creación de la Ley de Extinción de Dominio, que facilitaría la incautación de bienes a corruptos; las reformas a la Ley de Seguridad, que permitirían la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna; y para las reformas al Código del Trabajo.

“Yo mismo dejé planteada una Ley de seguimiento y recuperación de capitales mal habidos, que jamás la Asamblea Nacional le dio ningún impulso”, señala.

Por su parte, Litardo plantea crear la legislación necesaria para llenar los vacíos que permiten a los criminales obtener beneficios jurídicos para no cumplir con sus penas.

En cambio, Vallejo afirma que la efectividad de la Asamblea no debería ser medida por la cantidad de leyes emitidas. “Es un error pensar que dictar nuevas leyes va a resolver los problemas del país (...). Yo creo que el grave problema del país es tener demasiadas leyes, unas que se contradicen con otras”, afirma.

Para él, en lugar de emitir más normas, se debería codificarlas por sectores de manera que, cuando haya nuevas propuestas legislativas, se modifiquen los códigos y no se creen nuevas leyes.

También está en desacuerdo en cómo se tramitan las leyes actualmente, pues cada comisión legislativa prepara un informe que luego es aprobado o desechado, en paquete, por el Pleno. De acuerdo con Vallejo, el Pleno debería tener la potestad de debatir y tratar las propuestas artículo por artículo y así perfeccionar la norma.

Fiscalización efectiva

En el acuerdo tripartito de la nueva Asamblea, la RC habría pedido la presidencia de la Comisión de Fiscalización y el PSC, la vicepresidencia, pero estas dignidades aún no se han definido. La captación de esta comisión es clave para el correísmo, pues este bloque ha anunciado que impulsará un juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, lo cual fue rechazado por el presidente electo, Daniel Noboa.

Litardo y Cabezas proponen que los asambleístas deberían plantearse objetivos concretos. Cabezas puntualiza que no deberían ser más de dos o tres proyectos importantes de fiscalización.

Litardo recuerda que, durante su presidencia, se corrigió que los ministros sean llamados a diferentes comisiones legislativas para tratar los mismos temas o que sean llamados al pleno innecesariamente. “Eso generaba pérdida de tiempo en la fiscalización (...). Debe haber menos show”, afirma.

Sobre esto, Cabezas agrega que la “Comisión de Fiscalización no se convierta en el parlante nefasto, como en el periodo pasado, donde cada cosa era motivo de una exposición mediática gigantesca que le generó a la Asamblea un desgaste innecesario”. El debate público, para ella, debería girar en torno a los casos que sean efectivamente tramitados.

Vallejo sostiene que los informes de la Comisión de Fiscalización también deberían ser tratados en el pleno párrafo por párrafo, y debería ser este organismo el que decida qué se hace con el informe. De otra manera, advierte, “la Comisión de Fiscalización se convierte en un juez. Siete miembros y un presidente de la Comisión deciden los destinos de la fiscalización del país”.

¿Deben crearse comisiones especiales?

En la legislatura pasada, la intención del correísmo por integrar una Comisión de la Verdad, que revise los procesos judiciales en contra de sus líderes, fue la manzana de la discordia que terminó en una ruptura con el Gobierno que no tuvo solución. Ahora, al parecer, han dejado esa propuesta de lado.

“Me parece que ahora esa no es una prioridad”, afirma Cabezas.

Por otro lado, el movimiento Construye, otra de las grandes fuerzas dentro de la Asamblea, propone crear una comisión para investigar el asesinato de su candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio.

Litardo afirma que no es partidario de comisiones especiales u ocasionales. Recuerda que con las reformas a la Ley de la Función Legislativa que entraron en vigencia en 2021 se aumentaron las comisiones permanentes. A su parecer, cualquiera de esas comisiones podría hacerse cargo de los temas importantes.

Con respecto al crimen de Villavicencio, estima que sí sería válido que la Asamblea realice una investigación que ayude a recabar y transparentar información, pero recuerda que es la Justicia es la que debe determinar las responsabilidades.

Cabezas también estima que sí se debe aclarar ese asesinato, pues salpicó a organizaciones políticas que ahora forman parte de la Asamblea. “Sería una suerte de lavarse la cara, aquellos que podrían haber sonado como responsables de este fatídico hecho. Sí es importante llegar a la verdad para saber cuáles fueron los móviles y los actores tanto intelectuales como los materiales”. Es un tema tan sensible que no debería ser politizado, sino ser llevado responsablemente, agrega.

Para Vallejo, no se debería formar una comisión especial, pues debería ser la Comisión de Fiscalización la que se haga cargo del caso Villavicencio. (I)