Eckenner Reader Recalde Álava es un político que lleva dos periodos en el la Asamblea Nacional. En 2021 fue electo legislador por Pichincha en representación de la Izquierda Democrática (ID). En esta ocasión llegó como asambleísta nacional por el partido de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN). Por eso, ha sido electo como el nuevo segundo vicepresidente de la legislatura con 130 votos.
En la legislatura anterior, Recalde afrontó una denuncia por supuestamente pedir cobros a funcionarios de la Asamblea Nacional. La denunciante fue su entonces coidearia, Johanna Moreira, de la propia bancada de la ID. Él se defendió diciendo que la acusación fue forjada con audios falsos. También se desafilió del partido político en el que militó durante 35 años y acusó a sus miembros de gestionar cargos del gobierno nacional.
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El Comité de Ética de la Asamblea emitió un informe que recomendaba la destitución de Recalde debido al presunto cobro de diezmos, pero en noviembre de 2021, los bloques de la Revolución Ciudadana y Pachakutik se abstuvieron de votar. De esta manera, Recalde siguió en su curul.
Recalde tiene una larga trayectoria como funcionario del Municipio de Quito. De acuerdo con las declaraciones patrimoniales juradas que ha presentado en la Contraloría General del Estado, él ocupó el cargo de jefe de Gestión de Talento Humano de la Empresa Metropolitana de Rastro desde el año 2000 hasta el 2021, aunque en 2005 también figuró como procurador síndico del Municipio de Pedro Moncayo (Pichincha). Dejó su puesto en la Alcaldía capitalina cuando se convirtió en legislador, pero regresó luego de la muerte cruzada.
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En su última declaración de bienes, presentada para iniciar el actual periodo legislativo, registró un patrimonio de $ 250.000.
Tiene dos títulos de cuarto nivel registrados en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). Uno como doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, obtenido en 2005, y un diplomado en Defensoría Pública, otorgado dos años después por la Universidad de Guayaquil.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente. Entre 2016 y 2020 declaró cero de impuesto a la renta. Mientras que en 2021 pagó $ 1.232 y en 2022, $ 6.690.
En la Superintendencia de Compañías no aparece vinculado a ninguna empresa privada ni como accionista ni como administrador. (I)