La Fiscalía General del Estado anunció este lunes, 10 de junio, que el denominado caso Nene pasó a la Unidad de Fuero de Corte Nacional por posibles elementos que vinculan a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

La Unidad de Fuero de Corte Nacional es una institución jurídico-procesal en la que determinadas personas por la función que desempeñan son juzgadas según su jerarquía y de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Con base en el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, una causa que involucre a una vicepresidenta debe ser conocida en esta unidad especial.

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Esta sala conoce solo los casos de las siguientes autoridades:

  • Presidente o la presidenta de la República, el vicepresidente o la vicepresidenta de la República,
  • Los y las asambleístas.
  • Consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
  • Juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia.
  • Las y los vocales del Consejo de la Judicatura.
  • El defensor o defensora del pueblo.
  • La o el contralor general del Estado.
  • El o la fiscal general del Estado.
  • La defensora o el defensor público general.
  • El procurador o la procuradora general del Estado.
  • Los ministros y secretarias y secretarios de Estado.
  • El secretario o secretaria general de la Administración Pública.
  • Las y los superintendentes, los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional Electoral.
  • Los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral.
  • Los jueces de las cortes provinciales y los suplentes de estas autoridades cuando estuvieren subrogándolos.

En estos casos de fuero de Corte Nacional, la investigación preprocesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal estarán a cargo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

La investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponderá al fiscal general subrogante, Wilson Mentor Toainga.

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¿Por qué se trasladó el caso Nene?

La Fiscalía indicó que hay elementos que vinculan a la vicepresidenta en este caso y se asegura que existieron disposiciones directas de ella en los hechos irregulares que se investigan.

“Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de Corte Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 3, de la Constitución y del artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente y a desplazarlo a Unidad de Fuero de Corte Nacional a fin de que continúe con el debido proceso”, explicó el fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía.

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Alarcón fue quien realizó el pasado 21 de marzo la operación del caso Nene mediante una serie de allanamientos en Quito y Cuenca por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

En el operativo se hizo efectiva la orden de detención contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta, por su presunta participación en el hecho investigado.

Una jueza de garantías penitenciarias de Guayaquil, María Fernanda Castro Angos, fue quien autorizó que se emita la boleta de excarcelación. El hijo de la segunda mandataria fue trasladado a la prisión de máxima seguridad La Roca, localizada en Guayaquil, el 23 de marzo tras su detención en Cuenca, el 21 de marzo.

Como producto de esta investigación, Abad denunció una supuesta persecución en su contra y su familia desde el Gobierno de Daniel Noboa.

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Sebastián B. A. es investigado por ofrecer un cargo público en la Vicepresidencia de la República y, por ello, intentar cobrar un porcentaje del sueldo que iba a recibir la supuesta víctima durante un año. La alerta del hecho ilícito la habría dado la presunta víctima, Romel P., mediante una denuncia colocada en el buzón de la Fiscalía.

En mayo pasado la jueza de garantías penitenciarias de Guayaquil, María Fernanda Castro Angos, autorizó que se emita la boleta de excarcelación luego que este pagó la caución de $ 20.000 para salir en libertad. Ahora tiene medidas sustitutivas. (I)