El presidente Guillermo Lasso no descarta una posible eliminación del Consejo de la Judicatura. Así lo confirmó este martes en una entrevista radial en que analiza incluir en una consulta popular la reestructuración del sistema de justicia del país.

“A mí me gustaría proponerle al Ecuador una nueva arquitectura institucional para evitar estos conflictos que se presentan entre la Corte Nacional (de Justicia) y el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

El mandatario sostuvo que nadie está contento con el manejo de la justicia y que el país “tuvo buenas etapas, de buenas Cortes Supremas de Justicia, donde la propia corte tenía su departamento de administración, financiero”.

Dijo que trabajará en una propuesta que calce con la realidad actual del Ecuador.

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Antes de la Asamblea Constituyente de 1998 funcionaba la Corte Suprema de Justicia (ahora denominada Corte Nacional de Justicia).

Esta Corte tenía mayores poderes de autorregulación. No obstante, con la creación del Consejo Nacional de la Judicatura se delegaron esas capacidades y funciones.

Es así como el Consejo Nacional de la Judicatura nace como institución el 21 de diciembre de 1998 por disposición de las reformas que se hicieron a la Constitución Política de la República en 1992, de acuerdo con el sitio web de la función judicial.

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En el artículo 198, numeral 3, se dispusieron los órganos de la Función Judicial: la Corte Suprema de Justicia; las cortes, tribunales y juzgados; y el Consejo Nacional de la Judicatura.

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Luego la institución pasó a llamarse Consejo de la Judicatura en el 2008, cuando se dictó la Constitución vigente. Esto consta en el artículo 178.

Actualmente es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Está integrada por la Corte Nacional de Justicia y cortes provinciales, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, tribunales y unidades judiciales y otro. Y como órganos auxiliares están el servicio notarial, martilladores judiciales, depositarios judiciales y demás. Se rige con el Código Orgánico de la Función Judicial.

Su principal objetivo es proporcionar un servicio de justicia eficiente, íntegro, oportuno, y ejecutar políticas y acciones para el mejoramiento y modernización del sistema judicial con el propósito de garantizar el acceso a la justicia.

Está liderado por la presidenta, María del Carmen Maldonado Sánchez, y los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Fausto Murillo.

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Se desarrolla en cuatro ejes: lucha contra la corrupción; fortalecimiento institucional; independencia judicial interna y externa; y robustecer los mecanismos investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Ha creado la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. También, atendió 836 denuncias de corrupción en 2021.

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Este mismo año nombró 53 jueces a nivel nacional y destituyó a 66 servidores judiciales (once jueces, cinco notarios, cuatro fiscales, dos defensores públicos y 44 que ocupan otros cargos) que incurrieron en faltas graves.

Además, el Consejo de la Judicatura lanzó FemicidiosEc, una herramienta digital que consolida cifras de femicidio de todos los sectores involucrados.

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Para la abogada laboral Vanessa Velásquez, eliminar este órgano no es una prioridad. Cree que lo idóneo es fortalecer su control.

“Lo único rescatable son las instalaciones como tal, han tenido una mejoría los juzgados. Más allá de un edificio bonito, cómodo para quienes estamos relacionados todos los días con la administración de justicia, buscamos una transparente, justa, imparcial y apegada a derecho”, comenta.

Velásquez, además, indica que es necesario conocer a profundidad la propuesta de Lasso. No obstante, considera que sería otro órgano que responda “a los intereses del gobierno de turno”.

El abogado laboral y penal Mesías Andrade tampoco está de acuerdo con una supresión. Dice que es “inoficioso”.

“Pienso que debería crearse una Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conformada por docentes litigantes conocedores de las materias de las distintas facultades de derecho del país, esto para selección de jueces con transmisiones en redes o canales”, opina.

Mientras tanto, Stalin Oviedo, abogado penalista, considera una depuración en la institución y fijar mejor las funciones. “Cambiar el Consejo no es tan conveniente. Deberían depurarlo y tecnificarlo”, menciona. (I)