El proyecto de ley de Transparencia Social, el cuarto económico urgente del Ejecutivo, se debate en primera instancia en el pleno de la Asamblea Nacional.
Pasadas las 10:30 de este martes, 19 de agosto de 2025, se instaló la sesión nº 027 para conocer y discutir el primer informe aprobado, con ocho votos, en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno (ADN).
El documento abarca la regulación y clasificación de organizaciones de la sociedad civil, ordena transparencia en el manejo de sus recursos, establece distribución de utilidades de las organizaciones de la sociedad civil y más disposiciones.
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Centeno fue la primera legisladora en intervenir y expuso que en el país las economías criminales mueven $ 30.000 millones. Por esta razón, dijo, “es necesario identificar el flujo irregular de capitales para golpear a estas economías”.
A su vez, la asambleísta de Gobierno destacó que la iniciativa recoge un principio de proporcionalidad para diferenciar a la organizaciones sociales según su actividad, según su riesgo y su tamaño, que determinará los procesos de auditorías.
“Esta ley no se tarta de señalar a las organizaciones sociales lícitas que son la mayoría en nuestro país y que cumplen un rol vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Se tarta de advertir que existen organizaciones sociales que están siendo utilizadas como instrumentos para cometer delitos”, enfatizó la legisladora.
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Asimismo, Valentina Centeno explicó la disposición sobre la distribución de utilidades y precisó que la ley propone una retención del 0% 2,5% a las utilidades de las empresas que no hayan tomado la decisión, en un plazo de dos años, de distribuir estos ingresos a sus socios o reinvertir en las compañías.
Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), fue el segundo en participar en el pleno y observó que hasta la fecha no se conoce sobre la intervención a una fundación u organización de la sociedad civil.
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Asimismo, el asambleísta cuestionó que el Gobierno busca regular a las organizaciones sociales para que no se lave dinero, pero a la vez plantea una pregunta de consulta popular para el retorno de los casinos, que es la manera más fácil de lavar dinero.
Entre otras cosas, Serrano criticó que con el proyecto de Ley de Áreas Protegidas se buscaría gravar más impuestos al sector productivo, referente a la disposición sobre las utilidades.
“En esa parte del proyecto no vamos a estar de acuerdo. Y si al rato de votar, si la Comisión de Desarrollo decide mantener estos artículos, deberíamos votar por partes”, anticipó.
Además, el socialcristiano sugirió que se toda fundación que busque operar en la provincia de Galápagos sea registrada en el Consejo de Gobierno de Galápagos y que, cada tres meses, rindan cuentas.
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Por su parte, Gustavo Mateus, asambleísta del correísmo, también observó que la iniciativa del Ejecutivo pretende combatir el lavado de activos, pero “mezcla diversas materias en un mismo cuerpo legal, violentando el principio de unidad de materia”.
El legislador de la Revolución Ciudadana observó que el proyecto de ley “bajo el pretexto de la transparencia, pretende regular a las organizaciones sociales, ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, endurecer regímenes sancionatorios y hasta incluir reformas tributarias que no guardan relación con el objetivo de la norma”.
En este sentido, el legislador anticipó que si la ley se aprueba con todas estas disposiciones, podría incurrir en vicios de inconstitucionalidad, que podrían ser observados por la Corte Constitucional.
“Desde la bancada de la Revolución Ciudadana no podemos respaldar este informe, porque más que combatir la corrupción lo que hace es sembrar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la persecución política”, dijo Mateus.
El debate continuó en el hemiciclo legislativo con intervenciones de asambleístas del correísmo como Franklin Samaniego o Liliana Durán, quienes opinaron que la propuesta del Ejecutivo pretendería atacar a la libertad de organización, constituyéndose como un mecanismo de presión política, persecución y control social.
De la misma manera, Cecilia Baltazar, del ala de Pachakutik que no ha votado con el oficialismo, solicitó que se revise que la normativa no sea aprobada para perseguir a las organizaciones o dirigentes indígenas.
De su lado, los legisladores del oficialismo como Besibell Mendoza, Inés Alarcón, Adrián Castro, Steven Ordóñez y Milton Aguas desmintieron que esta ley se constituirá como una herramienta para la persecución a las organizaciones de la sociedad civil. Los asambleístas citaron la primera disposición general del proyecto de ley que aclara que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación de las organizaciones sociales".
Tras dos horas de discusión, a las 12:26 el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, cerró el primer debate en el pleno y dispuso que el informe vuelve a la Comisión de Desarrollo Económico, para que incorpore las observaciones y elabore un informe para segundo y definitivo debate.
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