La obligación de los padres de proteger económicamente a sus hijos hasta los 24 años de edad aún no logra consenso en la comisión ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia de la Asamblea Nacional, que lleva ocho meses en el análisis de lo que será el Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta reforma contenida en el capítulo sobre “Medios para la satisfacción de las necesidades materiales” es una de las últimas que serán revisadas por los miembros de la comisión ocasional presidida por la legisladora Encarnación Duchi (PK), quien aspira a que esta semana se establezca un acuerdo antes de elaborar el informe para segundo debate.

La comisión ocasional discute desde julio de 2020 cuatro libros contenidos en más de 600 artículos y aspira a que antes que concluya el actual periodo legislativo se apruebe el documento que se discute desde hace dos años.

En el primer debate, el pleno de la Asamblea Nacional estableció la necesidad de subir a 24 años la edad de los hijos para recibir protección económica, lo que se conoce como “pensión alimenticia”, siempre que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impidan o dificulten dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes.

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Primer debate del nuevo Código de de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

En el texto, que aún no se aprueba, se deja establecido que el régimen de protección económica terminará a los 18 años de edad si el alimentante no está cursando algún nivel de estudios.

Pero el derecho a la protección económica será permanente para las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y que sus circunstancias físicas o psicológicas les impidan o dificulten procurarse los medios para subsistir por sí mismas.

La asambleísta Encarnación Duchi reveló que hasta el viernes anterior concluyó la revisión del tercer libro referente al sistema descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, en que se incluyen temas de política pública y violencia.

Lo que resta de momento es elaborar el documento final y establecer un informe que, según la asambleísta, debería ser aprobado hasta el viernes próximo.

Respecto a la protección económica dijo que hay criterios de que se mantenga el texto vigente, es decir, la protección económica del padre hasta los 21 años de edad de su hijo; pero también existe la posibilidad de incluir esta disposición en la Ley de Juventudes.

Gabriela Larreátegui (SUMA) destacó que las reformas al Código de la Niñez deben establecer límites en la protección económica para aquellas personas adultas hasta la edad de 24 años de edad, pues por ahora se permite hasta los 21 años edad, siempre que estén estudiando, pero no precisa estudiando qué.

Con los 24 años, añadió Larreátegui, se aspira a incluir como condición que el derecho a la protección económica esté sujeto a que el protegido esté estudiando una tecnología o la universidad, que le permitirá en poco tiempo generar recursos propios.

Destacó que el nuevo Código de la Niñez implementa un sistema más ágil para la adopción de menores, en el que se ponen límites y tiempos de actuación de las autoridades.

Franklin Samaniego (RC) indicó que es partidario de respetar lo que se discutió en el primer debate respecto a la protección económica hasta los 24 años de edad, pero la justificación debe ser que el hijo o hija se encuentre estudiando y no en cualquier nivel, sino en el nivel universitario. (I)