La solución a la crisis institucional de la Contraloría General del Estado rebasa lo jurídico y debe haber una solución política que involucre a la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Corte Constitucional, afirmó el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

El abogado del Estado acudió este 30 de junio ante la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para dar a conocer su criterio respecto a la crisis que atraviesa la Contraloría, una vez que el contralor subrogante, Pablo Celi, guarda prisión desde abril pasado tras una investigación fiscal por delincuencia organizada, y no existe un mecanismo para nombrar a su reemplazo.

Salvador, ante los legisladores, explicó que el CPCCS hizo una consulta sobre el camino jurídico para nombrar un reemplazo de Celi, y que la Procuraduría corrió traslado a la Contraloría General del Estado la consulta donde básicamente señaló que no conoce que haya una norma que permita que el contralor del Estado sea sustituido de otra manera que no sea el concurso público al final del periodo constitucional para el cual fue designado.

Procuraduría: Pablo Celi sí puede designar a un subrogante y el Consejo de Participación Ciudadana no puede designar encargados

Precisó que ese informe de la Contraloría coincidió con el análisis de la Procuraduría General del Estado, porque no hace mayor análisis para llegar a esa conclusión.

Insistió en que el 28 de mayo pasado, cuando emitió el dictamen de la Procuraduría a la consulta hecha por el CPCCS, se señaló que en el ordenamiento jurídico vigente existe un vacío, y que no hay norma que diga cómo debe nombrarse al contralor del Estado en un momento en que él se encontraba siendo subrogado por el subcontralor del Estado.

Que tiene el convencimiento de que esta crisis que atraviesa la Contraloría necesita de una solución política que establezca nuevos mecanismos jurídicos para cubrir o abordar un hecho político como es la acefalía de la Contraloría General del Estado, que la Ley no prevé.

“Quién podría imaginar algún día que nos encontrásemos en esta serie de crisis donde el titular de una entidad de control se encuentra privado de libertad y al parecer nos encontramos sin nadie que le pueda subrogar; por lo tanto, la Contraloría General del Estado se encuentra acéfala”, destacó el abogado del Estado.

Con relación a la designación de Carlos Riofrío como subcontralor, realizada el 25 de junio por el contralor, Pablo Celi, dijo que no quiere adelantar criterio, en caso de que se someta alguna consulta adicional; asimismo no puede pronunciarse a quién le corresponde suplir este vacío. (I)