Primera acción de protección por desvinculaciones de funcionarios públicos tras la aplicación del proceso de eficiencia administrativa

Se trata de una funcionaria que prestaba sus servicios en la empresa pública Petroecuador por 18 años y fue notificada con su desvinculación el 25 de julio pasado. La acción de protección será patrocinada por el abogado Luis Ávila Linzán, quien, tras una primera revisión del caso, señaló que el proceso de despido impulsado por el Gobierno la semana pasada incurrió en múltiples violaciones de derechos.El gobierno de Daniel Noboa, a través de su vocera, Carolina Jaramillo, el pasado 24 de julio, anunció el inicio del proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, dentro del plan de eficiencia administrativa.El caso, explicó Ávila, es de una funcionaria que por 18 años venía trabajando con contratos ocasionales en la empresa pública Petroecuador. Se entiende que es una persona que durante ese tiempo ha sido evaluada de manera permanente y no existe ningún motivo técnico para despedirla del trabajo; claro está, salvo por una decisión política del Gobierno, anotó.Ávila Linzán manifestó que los despidos registrados tras el anuncio del Gobierno parten de una violación de derechos, como la falta de motivación, principio de legalidad constitucional, seguridad jurídica, porque a la funcionaria se le quiere aplicar una ley recientemente aprobada, cuando su contrato se rige por las normas que estaban vigentes en el momento en que firmó su ingreso.De la información revisada de su cliente, Ávila afirmó que no existe la motivación de la desvinculación, pues la mayoría se han dado por disposiciones verbales y ni siquiera existe un informe técnico, además de un sinnúmero de elementos, agregó.En el documento hecho público en redes sociales se determina que el gerente general (s) de EP Petroecuador, mediante un correo institucional del pasado 25 de julio, dispuso a la Subgerencia de Talento Humano llevar a cabo un proceso de reestructura organizacional, orientado a optimizar el talento humano y mejorar la eficiencia administrativa. El abogado aseguró que la mayoría de las personas que fueron separadas del sector público tienen evaluaciones permanentes con calificaciones de excelencia, pero de la noche a la mañana, sin justificativo y de manera oral, las despidieron del trabajo por una decisión política. Esta acción de protección será presentada en esta semana ante la justifica constitucional. Es una acción por violación a la estabilidad de los trabajadores, porque sin informe técnico motivado se dio el despido. Estos casos, añadió Ávila, pueden trascender fronteras como presentar una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que en el país se niegan este tipo de acciones constitucionales.Ávila señaló que no será fácil la defensa, porque hay que observar el contexto, donde también “hay presiones sobre el Poder Judicial. Y muchos de los jueces tienen miedo de ser sancionados, porque ellos están en un proceso de evaluación”. (I)

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