Nota del editor:
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Que la situación de inseguridad que vive el país “requiere adoptar diversas estrategias para combatir al crimen organizado” y que el Estado está obligado “a garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” son las razones principales que esgrime el Gobierno para pedirle a la ciudadanía que se pronuncie a favor de levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.
Esta es la primera pregunta del referéndum, nombrada con la letra A en la papeleta; junto con la B y la C, que se refieren a eliminar el financiamiento estatal para las organizaciones políticas y reducir el número de legisladores cambiando la fórmula poblacional.
La cuarta, la D, es una pregunta de consulta popular y en ella se plantea ir a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución.
El presidente Daniel Noboa plantea modificar el artículo 5 de la carta magna que actualmente está redactado así: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. La idea es dejarlo solo de la siguiente forma: “El Ecuador es un territorio de paz”.
Este artículo se introdujo en la asamblea constituyente de Montecristi en medio del debate que generaba la presencia del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) que tenía el Comando Sur de Estados Unidos en Manta, Manabí.
El FOL se instaló en esa localidad en 1999, en el gobierno de Jamil Mahuad; su objetivo, según el acuerdo suscrito con el Gobierno de EE. UU., era facilitar el patrullaje de naves con radares sobre el Pacífico Sur para detectar los vuelos del narcotráfico desde esa zona y ‘cazarlos’.
Pero activistas de derechos humanos habían denunciado que desde ese destacamento se capturaban y hundían barcos pesqueros que supuestamente transportaban ilegalmente a migrantes ecuatorianos hacia el país norteamericano.
Y que, además, se apoyaba al denominado Plan Colombia, ideado por ese país y EE. UU. para desarticular a la guerrilla que estaba ya vinculada al narcotráfico. Esta idea cobró más fuerza luego del ataque del Ejército colombiano al campamento clandestino de alias Raúl Reyes, alto dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en una zona selvática de Angostura, en Sucumbíos, el 1 de marzo del 2008.
De hecho, el artículo 5 tal como está ahora se aprobó en la sesión del pleno de la asamblea constituyente de Montecristi al cabo de un mes exacto de dicho incidente, el 1 de abril de ese año.
El acta número 31 de las sesiones del pleno de la Constituyente de Montecristi reseña el debate que se dio en esa jornada.
La presidenta de la mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, del extinto movimiento Alianza PAIS, decía que ese artículo definía la esencia del país: la paz.
“Para conseguir la paz, para que no se mancille nuestro territorio, para que no se juegue con la dignidad de la patria y para que nuestro país que son nuestros jóvenes, nuestra sangre, no tenga que librar otras batallas que no sean las de la construcción de la alegría, la lucha contra la pobreza y la discriminación, la pelea a muerte por el derecho a la libertad, que queremos que nuestra constitución consagre, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. También queremos que se impida ceder bases militares a fuerzas de seguridad extranjeras”, decía ella.
A su turno, la constituyente Cristina Reyes, que entonces militaba en el PSC, expuso su informe de minoría en el que planteaba otra redacción: “El Ecuador es un Estado de paz, solo se permite el establecimiento de instalaciones militares extranjeras, con la correspondiente autorización, de conformidad con la Constitución y las leyes, para fines de cooperación humanitaria o de entrenamiento militar”.
Ella señalaba que la soberanía verdadera y legítima “es la que procura la defensa de los intereses nacionales”.
Tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, en octubre del 2008, el FOL cesó sus actividades en julio del 2009.
Según el Gobierno de Noboa, el concepto de soberanía no tiene cabida en estos días en que el combate a los grupos narcoterroristas es una labor mundial.
“Si el problema no es solamente de Ecuador, ¿por qué tenemos que enfrentarlo solos? Las guerras se ganan teniendo aliados, y qué mejor aliado que una superpotencia. Esto va a recuperar soberanía porque si yo tengo una superpotencia que me ayuda y me hace más efectivo en el combate al narcotráfico y minimizo el impacto, la gente podrá vivir en paz y caminar sin miedo en las calles", ha dicho el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en entrevistas recientes.
Para activistas como Marcelo Larrea, en cambio, permitir el retorno de bases como la de Manta mermaría esa condición de “Ecuador, país de paz”, y nos inmiscuiría en conflictos geopolíticos ajenos al ponernos del lado de unos o de otros, afectando el principio de “neutralidad”.
Agrega que es falso que esta cooperación ayudaría a combatir el narcoterrorismo. ”La instalación de la base de Manta en 1999, en lugar de reducir los despachos de droga desde Ecuador hacia EE. UU., los multiplicaron; las lesiones que sufrió la población de Manabí, particularmente las mujeres en Manta, fueron escandalosas; y los pescadores artesanales sufrieron el hundimiento de sus embarcaciones. De manera que la instalación de bases de cualquier país implica que estemos subordinados“, indicó en un dialogo radial hace pocos días.
Noboa ha asegurado que hay interés de varios países en establecer bases, pero no necesariamente con fines militares. Por ejemplo, este 5 y 6 de noviembre, Kristi Noam, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitará el país para tomar definiciones respecto a la instalación de una oficina de esa dependencia, aunque no se conocen más detalles.
El abogado internacionalista Carlos Estarellas explica que, en caso de que el sí se imponga en esa pregunta, no es que enseguida se instalarían las bases militares extranjeras.
Tiene que darse previamente la firma de un instrumento que recoja los objetivos y los alcances de esa cooperación; de esas negociaciones deben encargarse las cancillerías, las Fuerzas Armadas y las instituciones de ambos países relacionadas con el tema
Luego, este pasará a revisión y aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional. (I)