Defender la vida desde la concepción conforme lo señala la Constitución y respetar el dictamen de la Corte Constitucional (CC) sin que interfieran los dogmas personales son algunas de las posturas que se ventilan en la Asamblea luego de dos semanas de la entrega del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación por parte de la Defensoría del Pueblo.

El pasado 28 de abril, la CC dio paso a la despenalización del aborto por violación, tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada por tres organizaciones de mujeres y de defensa de derechos sexuales y reproductivos. El organismo dispuso que la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la sociedad civil y órganos estatales, elabore el proyecto de Ley y después sea remitido a la Asamblea Nacional para que lo discuta y apruebe en seis meses.

En el bloque del PSC tienen su criterio dividido. La legisladora Geraldine Weber afirma que cada uno de sus colegas tendrá su postura, pero que en su caso, cuando se realice la votación del proyecto, actuará apegada a la Constitución y específicamente al artículo 45 que señala que el Estado “reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”.

Y resalta que no es una protesta en rechazo sino de respeto a las leyes. “Esta no es una protesta en rechazo sino que se respete la Constitución, que está arriba del fallo de la CC. Lo que se busca es que se escuche la voz ciudadana que muchas veces es apagada. Hay que ser mano dura con el violador”, dice y agrega que las niñas necesitan acompañamiento integral.

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Mientras que en la Izquierda Democrática (ID) ya hay una tendencia casi definida. La asambleísta Wilma Andrade cree que habrá apoyo mayoritario en función de la aprobación del proyecto presentado el pasado 28 de junio por la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira. El texto ya lo analizó. Su único reparo es dar claridad a las semanas de gestación para interrumpir el embarazo.

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“Aquí lo que corresponde es adaptar la propuesta de la Defensoría y darle un contexto netamente claro de cuántas semanas de gestación son a las que se puede legalmente acceder a interrumpir en el embarazo. Eso no está en la ley y crearía un vacío y puede generar rechazo”, explica.

El proyecto de ley consta de 49 artículos y 15 disposiciones. Antes de que se inicie su tratamiento, que tomará seis meses por disposición de la Corte, el texto deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

Andrade aspira a que el Legislativo tenga criterios abiertos cuando ocurran los debates. “Nuestros temas de orden religioso nos tenemos que aguantar en nuestra individualidad, yo tengo los míos, pero aquí tenemos que legislar entendiéndose que somos un Estado laico”, dice.

Su colega Ferdinán Álvarez (UNES) se considera un hombre de fe y defensor de la vida, pero asegura que sus dogmas personales no interferirán en su rol de asambleísta.

“El dictamen de la Corte Constitucional es claro, se resolvió despenalizar el aborto en casos de violación (...), en su sentencia deja claro que no se podrá procesar penalmente a ninguna mujer ni a los médicos por terminar voluntariamente el embarazo después de una violación”, apunta.

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Álvarez considera que aún deben analizarse aspectos como por ejemplo quién denuncia la violación, qué mecanismos se estructuran para evitar la revictimización y qué ocurre con los casos de niñas que han sido violadas por sus propios familiares y son sus tutores.

Y durante este tiempo el legislador espera que no se dé el “manoseo político”. “Los derechos no deben tener banderas políticas y la Corte Constitucional ya hizo su parte, la Asamblea no debe bloquearlo”, apunta.

Desde la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) se encuentran analizando la normativa y la legisladora Nathalie Arias asegura que la postura será de respeto a los derechos y dictámenes constitucionales.

“Nuestra forma de trabajar siempre será la del diálogo, sobre todo, en temas como este. Sin embargo, nuestra postura es y será la del respeto de los derechos y dictámenes constitucionales y como bloque estamos de acuerdo en acatar lo dispuesto por la CC”, señala.

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Cuatro comisiones en la mira

La Comisión de Justicia; de Salud; de Garantías Constitucionales o de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes fueron las mencionadas por algunos legisladores como las mejores opciones a tratar el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación.

Wilma Andrade (ID) considera que el proyecto podría recaer en la Comisión de Justicia o de Garantías Constitucionales.

El mismo criterio tiene Ferdinán Álvarez (UNES) y agrega a la Comisión de Salud. Aduce que se podría analizar la despenalización desde una perspectiva de salud pública.

En tanto que Geraldine Weber (PSC) cree que la idónea es la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

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Y Nathalie Arias (BAN) piensa que en la de Justicia o de Salud podría ser tratado el texto, pero menos en la de Protección Integral a Niñas, presidida por Pierina Correa (UNES).

Y esto porque hace varias semanas Correa fue blanco de críticas por participar en un acto contra la despenalización del aborto en casos de violación.

Los cuestionamientos surgieron porque en una fotografía colocada en su cuenta de Twitter se la ve junto a una menor de edad con un hijo.

Weber, quien también estuvo en el evento provida, afirma que se descontextualizó la situación. “Hubo una niña que estaba presente y se acercó a nosotros, ella con su mamá, su bebe y otro menor, y explicó su situación precaria con lágrimas. No hicimos presentación pública de la niña”, asegura.

Grupos a favor y en contra del aborto por violación prevén plantones

Aún no se analiza en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación y ya se prevén plantones o actividades artísticas sobre el tema por grupos a favor y en contra.

Desde los provida están analizando el proyecto de ley, cuenta Martha Villafuerte, directora y fundadora de la Red Nacional Familia Ecuador.

“Es preocupante la calidad técnico-jurídica con la que se ha redactado esta ley. Prohíbe la objeción de conciencia, no pone límite de gestación, anula la patria potestad, es un ataque constitucional muy grave”, menciona.

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Villafuerte indica que están preparando varios informes para difundirlos y también un grupo de voceros para que comparezcan cuando el proyecto recaiga en una comisión.

Además, prevén realizar una movilización hacia la Asamblea Nacional a finales de julio o inicios de agosto. Esto dependerá del tratamiento en el Legislativo, menciona.

“Queremos crear conciencia de que no se puede poner una ley sin límites de gestación, donde se prohíba que un padre de familia acompañe a su hija, que se brinde una alternativa. No permite dar un plan de adopción y acompañamiento integral familiar...”, expresa.

Desde los grupos a favor del proyecto también prevén plantones en este mes, pero de manera artística, señala Paola Alvarado, vocera del colectivo Creando Juntas.

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Participarán otros grupos en Machala, provincia de El Oro, como Pasaje Diverso, Estrellas del Futuro, y más.

“Es importante que la víctima tenga derecho sobre su cuerpo. Hay afectación a la salud mental”, indica.

Menciona que realizarán estas actividades de poesía, música, enfoque de género y derechos humanos ante las opiniones que se han generado de grupos provida “tratando de deslegitimar la lucha y este proceso que ya se ha avanzado, y pretenden que retrocedamos”. (I)