Ya han pasado dos semanas desde que Mario Godoy, con 148 votos a favor del pleno de la Asamblea Nacional, fue censurado y destituido del cargo de presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial sigue funcionando incompleto, bajo la línea de un presidente encargado y a la espera de que se concrete el proceso de designación de un vocal principal y suplente a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Aunque el pleno de la Judicatura ha seguido tramitando expedientes administrativos, ha sancionado jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio, ha adoptado medidas de seguridad a favor de un juez anticorrupción que denunció amenazas, el ambiente de inestabilidad recurrente en el organismo hace que se generen críticas a que un integrante del CJ no llegado desde la vertiente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) esté conduciendo esta instancia, aunque sea temporalmente.
Publicidad
El 18 de febrero pasado, pese a que horas antes de la decisión legislativa Godoy renunció de forma irrevocable a su cargo, el pleno de la Asamblea lo censuró y destituyó de la presidencia del CJ al haberse comprobado una “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”.
Para ese día, el vocal Damián Larco llevaba díez días como reemplazo temporal de Godoy en la presidencia y, confirmada la salida, pasó a ocupar la función de presidente encargado hasta que se designen a los funcionarios que ocuparán los cargos de vocal titular, en lugar de Mario Godoy, y suplente, una vez que Alexandra Villacís no pudo asumir esa vocalía por una inhabilitación generada en el Ministerio del Trabajo.
Publicidad
Una de las últimas decisiones adoptadas por el presidente Larco y los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Fabián Fabara fue suspender de forma preventiva por 30 días sin sueldo a la jueza de la Unidad Penal de Pichincha Daniela Ayala, quien presentó su excusa para seguir al frente del caso Magnicidio FV, en el cual se procesa a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
“Esta decisión no es un acto aislado ni responde a presiones coyunturales, es el ejercicio legítimo y firme de la potestad constitucional y legal que tiene este CJ. Cuando existen elementos objetivos debidamente sustentados que evidencian la posible comisión de una infracción gravísima, y más aún cuando un órgano jurisdiccional ha declarado la existencia de dolo en la actuación de una jueza dentro de un proceso por asesinato con presuntos vínculos a estructuras de delincuencia organizada, este Consejo no puede permanecer indiferente”, señaló Larco.
El presidente encargado de la CNJ, Marco Rodríguez, ya envió el 12 de febrero pasado tres nombres para que el CPCCS seleccione y designe al reemplazo de la vocal alterna de la Judicatura, Alexandra Villacís. Esa terna estaba encabezada por la jueza nacional Mercedes Caicedo, el juez provincial Óscar Chamorro González y la funcionaria pública María Morejón Villavicencio.
Luego de la renuncia de Godoy, desde el CJ se pidió se active el proceso para seleccionar al vocal que reemplazará al destituido presidente de la Judicatura. Esa situación no ha tenido mayores cambios en estas casi dos semanas y lo que ha trascendido es que al interior del CPCCS se evaluaría la posibilidad de que en un informe jurídico se expongan los escenarios que viabilicen la posibilidad de unificar la elección del suplente de Villacís y del vocal principal que reemplace a Godoy. Lo que se pretendería es abrir la posibilidad para poder elegir a estos dos vocales del CJ, titular y suplente, de la terna que envió inicialmente el presidente de la Corte Nacional.
Entre tanto, los vocales del CJ, quienes están por cumplir seis meses en funciones, han defendido la decisión de colocar como encargado de la presidencia a Damián Larco. Han asegurado que la designación no tuvo que ver con su pasado con el gobierno actual, del cual fue parte en el Servicio de Rentas Internas (SRI), ni con el movimiento gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN), sino que tiene relación con el perfil profesional de administración pública que tendría Larco. También han criticado que se lo trate como el “estudiante de derecho que dirige la Judicatura”.
Por ejemplo, el vocal Fabián Fabara no solo ha destacado de Larco que es un profesional de la economía, que tiene un título de cuarto nivel, sino también ha aclarado que la normativa vigente no exige que quien presida el CJ sea abogado, dado que se trata de un cargo con funciones de dirección administrativa y planificación institucional.
“(...) Se lo estigmatiza diciéndolo el estudiante de derecho. Ojalá los que critican fueran estudiantes permanentes del derecho que se transforma día a día y no como aquellos que se han quedado anquilosados, su mente se ha anquilosado y se han cerrado a nuevas perspectivas porque no han leído la Constitución, no han leído el Código Orgánico de la Función Judicial cuando determina que un profesional de ramas afines puede ser parte de este órgano administrativo de gobierno y disciplina que no estaba destinado exclusivamente para los abogados”, sostuvo Fabara.
Alfredo Cuadros tiene claro que la designación de carácter temporal se dio porque no se puede dejar una situación así en el aire. Explicó que tienen en el pleno del CJ día a día expedientes disciplinarios que conocer, situaciones que prescriben y, refiere, que ha sido una característica de esta actual composición de la Judicatura por la institucionalidad dar los pasos necesarios para que el Consejo no detenga su marcha.
“También lo hacemos por el sentido de responsabilidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, no podemos dejar esta situación en acefalía y tenemos que tratar y hemos analizado con el mayor rigor jurídico y analítico posible para dar una solución y que no se quede estancado el movimiento de esta institución como es el Consejo de la Judicatura”, anotó Cuadros.
La vocal Magally Ruiz indica que decidieron designar a Damián Larco como presidente, no por el tinte político, no porque se le haya relacionado con ADN, sino porque analizaron un tema interno: la administración de justicia, los problemas que más tiene son de carácter económicos, son de carácter administrativos.
“En el área técnica jurídica estamos tres abogados, cada uno desde distintos roles tenemos un juez, tenemos en mi caso que vengo de una trayectoria de la Fiscalía y tenemos al doctor Cuadros que viene del ejercicio privado, pero tenemos un único vocal que cuenta con la experiencia y con la trayectoria para conducir administrativamente el CJ”, mencionó Ruiz. (I)