Aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el cese del paro nacional tras 31 días, este jueves 23 octubre persistían los cierres de vías y anuncios de movilizaciones en distintas provincias, lo que evidenciaría que las tensiones sociales no han desaparecido aún.
En la provincia de Loja, la carretera E35 permaneció bloqueada durante las primeras horas del día, pero al mediodía fue liberada por personal militar, permitiendo el libre tránsito vehicular en los sectores de Santiago, San Lucas, Saraguro y el puente de Sinincápac. La medida fue parte de las acciones del Gobierno para restablecer la circulación tras semanas de paralización.
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En Cotacachi, Imbabura, en cambio, se desarrolló la ‘marcha de la dignidad’ en homenaje al comunero Efraín Fuerez, fallecido durante las jornadas de protesta.
Según dirigentes como Pacha Terán y la misma Conaie, la movilización, calificada de pacífica, habría sido interrumpida por el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la Policía, según denunció la Conaie.
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Asimismo, en Cuenca y la provincia del Azuay, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) anunció días atrás nuevas jornadas de resistencia en rechazo al proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha, concesionado a la empresa Dundee Precious Metals.
La organización informó que se movilizarán nuevamente el 16 de noviembre, fecha en la que se realizarán las votaciones del referéndum y consulta popular.
Según la FOA, estas acciones buscan proteger el agua y la vida frente a decisiones del Ejecutivo que, según el organismo, pretenden eliminar garantías constitucionales y facilitar la explotación minera en territorios protegidos.
Como parte de su agenda previa, la organización realizará un encuentro de comunicación los días 24 y 25 de octubre, un intercambio de semillas el 26 de octubre, un foro sobre el Tratado de Libre Comercio el 27 de octubre y, el 13 de noviembre, un recorrido simbólico denominado ‘Chasqui por el agua’, que partirá desde Tarqui hasta Cuenca para reafirmar la resistencia de las comunidades del Azuay.
Por otra parte, la Federación de Barrios de Quito (FBQ) se pronunció con un comunicado en el que, aunque no llama a movilizaciones en las calles, enfatiza que el pueblo castigará al presidente Daniel Noboa con el no en la consulta popular del 16 de noviembre.
La organización denunció que durante el paro se registraron ataques violentos en Otavalo, San Miguel del Común, Saraguro y otros territorios, que dejaron más de 400 personas heridas, mutiladas, detenidas o criminalizadas.
Recordaron a los fallecidos durante las manifestaciones: Efraín, Rosa y José, indígenas que perdieron la vida por ejercer su derecho a la protesta.
En su comunicado, la FBQ denuncia además que el Gobierno ha favorecido intereses económicos de grupos privados, aludiendo a decisiones como el perdón de 98 millones de dólares en impuestos y la falta de acciones frente a presuntos casos de corrupción, mientras la población enfrenta alza del costo de vida, inseguridad alimentaria y crisis en salud.
En su mensaje señalaron que “la lucha continúa” y reafirman la resistencia del pueblo frente a políticas que consideran injustas, haciendo un llamado a ejercer el voto de forma consciente el próximo 16 de noviembre.
“No somos terroristas, somos pueblo. Por más de 500 años seguimos resistiendo”, subrayó la organización barrial.
En este contexto, las autoridades han señalado que continuarán monitoreando las vías y garantizando la seguridad ciudadana, mientras el país se prepara para la reactivación económica y social tras más de un mes de paro nacional.
En el marco de la reactivación económica, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reiteró que el Ejecutivo está implementando medidas para estimular el turismo y la circulación de ciudadanos en las provincias afectadas por el paro. Entre ellas destacó la reducción temporal del IVA al 8 %, así como la presencia de personal policial y militar para garantizar seguridad en las vías y espacios públicos.
Rovira subrayó que el Estado también asegurará la disponibilidad de servicios básicos, con el objetivo de facilitar el tránsito, impulsar la actividad comercial y apoyar la recuperación de la economía local tras semanas de paralización.
(I)