Siete horas después de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en Guayaquil, este jueves 11 de septiembre de 2025, integrantes de organizaciones sindicales se concentraron en varias ciudades del país para movilizarse en contra de las políticas del Ejecutivo y para expresar su respaldo a la Corte Constitucional.
Las manifestaciones fueron convocadas por gremios como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y otros, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas, Santo Domingo, entre otras ciudades. Esta medida de hecho también fue acompañada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
En la capital, los gremios se concentraron a las 16:00 en la avenida 10 de agosto, en los exteriores del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Cerca de las 16:30, la marcha partió en dirección a la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito.
Cerca de 800 asistentes recorrieron la avenida 10 de Agosto y luego avanzaron por la calle Guayaquil exclamando consignas como “Esto no es pagado con plata del Estado”, aludiendo a la marcha del Gobierno. A los participantes les acompañó un grupo de motivados de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Esta es la primera movilización de las organizaciones que llega al centro histórico, ya que desde el pasado 2 de julio- día en el que se iniciaron las medidas de hecho contra el Ejecutivo- las marchas se dirigieron hacia la sede de la Corte Constitucional, en el norte de la urbe.
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Mientras, en ciudades como Cuenca, la concentración se realizó en el parque San Blas; en Guayaquil, los sindicatos se reunieron en el parque Centenario; en Santo Domingo, la manifestación partió desde el Círculo de los Continentes; y en Portoviejo, la marcha arrancó en el parque Eloy Alfaro.
En la movilización en Quito, dirigentes como Edwin Bedoya, presidente del FUT; Marcela Arellano, presidenta de la Ceosl; Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ratificaron su rechazo a las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia, Integridad Pública y Transparencia Social, que se aprobaron en la Asamblea Nacional y están vigentes en el país, así como su oposición al proyecto de ley para el Fortalecimiento Crediticio que se tramita en el Parlamento.
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Los sindicalistas también se unieron al rechazo a la movilización del Gobierno nacional “por la paz y la justicia”, que se realizó en horas de la mañana en Guayaquil y que fue encabezada por Noboa. Los dirigentes criticaron las declaraciones que hicieron el mandatario y el ministro del Interior, John Reimberg, en contra de la Corte Constitucional.
“Fue una marcha de quince minutos, pagada con los recursos del Estado. Además que el presidente, al irse en contra de la Corte Constitucional, está poniendo en peligro a la democracia”, dijo Bedoya, mientras que Quishpe enfatizó que “el Gobierno está chantajeando a los servidores públicos que no tienen estabilidad laboral para irse en contra de la Corte Constitucional”.
Y es que la Corte se encuentra deliberando sobre 36 demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. A la vez, el organismo de control constitucional deberá pronunciarse sobre el último grupo de siete preguntas que envió el presidente Daniel Noboa de referéndum y consulta popular.
En representación de la Conaie asistió su vicepresidenta, Ercilia Castañeda, acompañada del exasambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe.
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Los dirigentes indígenas rechazaron las políticas mineras del Ejecutivo y las leyes aprobadas con urgencia en materia económica. La vicepresidenta de la organización también manifestó su oposición al proyecto minero Loma Larga que se busca implementar en Quimsacocha, por lo que adelantó que la Conaie también acompañará a la movilización prevista para el 16 de septiembre, en Cuenca.
Los sindicalistas y los dirigentes indígenas anticiparon su oposición a la consulta popular del Gobierno y anunciaron que harán campaña por el no.
Entre otras razones por las que las organizaciones se manifestaron fueron por la crisis de seguridad, los problemas en el sistema de salud, mejores condiciones de educación, en contra de los despidos de 5.000 funcionarios públicos, la defensa de la seguridad social y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. (I)
