A raíz del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en la tarde del 9 de agosto, diferentes organizaciones, medios, periodistas, académicos y personalidades exigen de forma inmediata que las altas autoridades del Estado ofrezcan respuestas contundentes ante hecho criminal, así lo informaron a través de un comunicado publicado en las redes de Fundamedios, este 10 de agosto.

Villavicencio, quien era candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, fue asesinado al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza, después de un mitin político desarrollado en el coliseo del colegio Anderson de Quito.

“Que el Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Policía y Función Judicial ofrezcan contundentes respuestas ante sus responsabilidades frente a este atroz asesinato, y los consecuentes hechos de violencia, adopten las medidas inmediatas y efectivas para que el crimen organizado deje de operar a sus anchas, e investiguen las posibles complicidades y la penetración de las mafias en los cuerpos de seguridad del Estado y en el Sistema de Justicia”, manifiestan.

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Entre los firmantes del comunicado están Fundamedios; Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones de Derechos Humanos; Diálogo Diverso; GK, Mónica Almeida, periodista; Juan Carlos Calderón, periodista; Jean Cano, periodista; Miguel Ribadeneira, periodista; Yadira Aguagallo, comunicadora; Xavier Bonilla (Bonil), caricaturista, entre otros.

El suceso lo califican como “un magnicidio en toda regla” lo que, según el comunicado, agrava y acrecienta exponencialmente la responsabilidad de las autoridades estatales, electorales y policiales en la garantía de procesos electorales seguros.

Agregan que este suceso hace que los funcionarios del Estado “aparezcan como negligentes en su misión de custodia y protección”, y que la responsabilidad estatal es “innegable”.

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“El jefe de gobierno y los funcionarios de las distintas carteras de Estado con competencia en materia de seguridad aparecen como negligentes en su misión de custodia y protección, y la seguridad nacional queda nuevamente vulnerada. Esto, sin duda, torna a los distintos poderes y entes públicos en cómplices del crimen político más grave en la historia reciente de Ecuador”, expresan.

El comunicado hace referencia a dos casos de magnicidio de la región: los de Luis Carlos Galán, en Colombia, en 1989; y, Luis Donaldo Colosio, en México, en 1994; quienes también fueron asesinados cuando eran candidatos a la Presidencia de su país.

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“La noche de este 9 de agosto, la democracia ecuatoriana fue herida de gravedad. Este magnicidio recuerda los asesinatos de Luis Carlos Galán, en Colombia, en el año 1989, perpetrado por el Cartel de Medellín en alianza con políticos y agentes policiales, y el de Luis Donaldo Colosio, en México, en 1994, y se da a 11 días de que se realicen las elecciones generales anticipadas. Este acto deliberado del crimen organizado y las mafias políticas ligadas a la corrupción socava gravemente el proceso electoral del próximo 20 de agosto”, aseveran.

Asimismo, resaltan que el asesinato del candidato a la Presidencia es “el peor crimen político en Ecuador”, según el comunicado, evidencia que el crimen organizado puede “atacar impunemente en el corazón de la capital de la República a un candidato presidencia”.

“Todo se produjo en una sola noche, mientras las autoridades, en lugar de adoptar medidas efectivas ante el ataque de las mafias, ofrecían tibias condolencias a los familiares y adoptaban medidas formales que, como se ha demostrado hasta la saciedad, tienen un impacto mínimo en el combate contra la inseguridad”, subrayan.

Además, extienden el llamado a los otros candidatos presidenciales a “consolidar un frente amplio por la paz, la seguridad y la libertad”.

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“Expresamos nuestra solidaridad a la esposa, hijas y demás familiares de Fernando Villavicencio, y a todas las familias ecuatorianas que pierden a sus seres queridos a causa de la violencia. Desde nuestros lugares, no admitimos la impunidad como norma y reiteramos nuestras exigencias de investigación, sanción y procuración de justicia y verdad”, concluyen. (I)