La organización internacional Front Line Defenders expresó este viernes, 22 de agosto, su “profunda preocupación” por el deterioro de las condiciones para la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
En un comunicado publicado en su sitio web, la ONG denunció que una serie de reformas institucionales y leyes promovidas desde 2025 habría abierto la puerta a la criminalización de organizaciones sociales, al debilitamiento de instituciones clave para la protección de derechos y a la reducción de espacios cívicos.
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Una de las medidas que mencionó el artículo fue la reducción de los ministerios y secretarías, dispuesta en el Decreto Ejecutivo n.º 60.
Con esta disposición, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasó a ser una subsecretaría dentro del Ministerio de Gobierno, mientras que el Ministerio de Ambiente fue absorbido por el de Energía y Minas, lo que “elimina la supervisión independiente sobre el sector extractivo y debilita la protección de los ecosistemas y las comunidades que los habitan”.
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La organización también alertó sobre el impacto de leyes aprobadas en los últimos meses, como la Ley de Solidaridad y la Ley de Transparencia Social, que han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos, ya que “podría llevar a la criminalización de las comunidades indígenas y campesinas que ejercen su derecho constitucional a la resistencia (art. 98) para defender sus territorios frente a actividades extractivas o amenazas a sus derechos colectivos”.
La ONG se refirió también a la Ley de Inteligencia, que busca regular el Sistema Nacional de Inteligencia, y que ha sido criticada por “su potencial para violar derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso, especialmente en lo que respecta a la interceptación de comunicaciones sin necesidad de orden judicial”.
Front Line Defenders destacó además la preocupación internacional por el hostigamiento desde el Ejecutivo hacia la Corte Constitucional, luego de que esta suspendiera artículos de las nuevas leyes por posibles violaciones de derechos.
En el comunicado, la organización instó al Gobierno ecuatoriano a detener iniciativas que restrinjan el trabajo de la sociedad civil y a garantizar la protección de defensores de derechos y de la naturaleza, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Ecuador, como el Acuerdo de Escazú.
“La defensa de derechos humanos es legítima y esencial para la democracia. Estigmatizarla o criminalizarla pone en riesgo la seguridad y el futuro de las comunidades y del país”, advirtió Front Line Defenders.
(I)