Las asambleístas Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y coordinadora de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), y Nuria Butiñá Martínez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), presentaron sus pruebas de cargo y descargo en la audiencia de la denuncia por un presunto cobro de diezmos en la Asamblea Nacional.

La diligencia se desarrolló este 18 de septiembre en el Comité de Ética. Mancheno acusa a Butiñá por la presunta exigencia de aportes indebidos a su exasesor Iván Castro Velasteguí.

La oficialista presentó audios y mensajes de WhatsApp materializados, y aseguró que la conducta de la asambleísta del correísmo “demuestra un ejercicio sistemático de coacción, basada en la relación jerárquica, con amenazas, intimidación y hostigamiento”. Para Mancheno, esto demostraría “un patrón sistemático de abuso de poder y de aprovechamiento indebido de dinero, contrariando los principios de probidad, transparencia y ética parlamentaria”.

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La legisladora de ADN argumentó que la asambleísta por Guayas habría vulnerado lo previsto en el artículo 127, numeral 4, de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 163, numeral 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que prohíben a los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función. Esto, tras relatar que hubo el depósito de los valores exigidos por parte del exasaesor y que, frente a la negativa de continuar con esos aportes, fue obligado a cumplir con actividades ajenas a sus funciones específicas.

Por su parte, Nuria Butiñá defendió “que ha actuado con transparencia y apego a la ética en representación de sus mandantes”. Para la correísta, “la denuncia se basa en una mentira construida por un exasesor”.

“Me ha mentido, porque una cosa es la evaluación legítima y la desvinculación, a las que como asambleísta tengo derecho, y todos lo han hecho. ¿Quién le puede decir en esta mesa que no haya cambiado por incompetente y por vago a un asesor?”, dijo.

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En este marco, la parlamentaria de la RC solicitó al Comité de Ética el archivo de la denuncia.

Tras la presentación de las pruebas de cargo y descargo, el Comité analizará las pruebas de cargo y descargo y, en el plazo de cinco días, el presidente de la mesa parlamentaria, Johnny Lavayen, de ADN, elaborará un proyecto de informe que recomiende la destitución o el archivo del trámite en el pleno.

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El Comité de Ética de la Asamblea Nacional está conformado por los siguientes asambleístas: Johnny Lavayen (ADN), presidente; María Besibell Mendoza (ADN), vicepresidenta; Segundo Choro (Pachakutik), Sergio Peña (antes de RC) y Katherine Pacheco (ADN). (I)