El presidente Daniel Noboa reveló este miércoles, 6 de diciembre, que recibió una solicitud de acuerdo de paz de una de las bandas delictivas que operan en el país.

La misiva sería del grupo de delincuencia organizada Los Lobos y está dirigida al mandatario; al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; a Fausto Cobo, director del SNAI; y, a Adrián Castro asambleísta del Azuay, quien confirmó a este Diario que sí recibió el documento por correo electrónico, al igual que otros legisladores.

Castro manifestó que las autoridades de seguridad deberían accionar de oficio y que si bien el documento no menciona amenazas sí causa preocupación.

Publicidad

La carta habría sido entregada el 30 de noviembre, firmada por un ciudadano de nombre Raúl Batallas Guamán y piden una reunión a la que asistiría uno de sus voceros autorizados.

En la misiva, cuyo texto se hizo público en redes sociales, el grupo dice: “estamos resueltos a colaborar en el gobierno de Noboa” y “brindar tranquilidad y a su vez entregando ideas y aportando soluciones... fortaleciendo la seguridad que nuestro país necesita”.

“Nuestra organización está presta en la colaboración total al iniciar un acercamiento con su gobierno entregando incluso hasta información relevante que permita desmantelar la delincuencia y mantener la armonía en el territorio nacional para así acabar con las personas que hacen daño a nuestra patria”, menciona.

Publicidad

“Nosotros hemos buscado constantemente la paz en todo ámbito y en todo momento, a pesar de la ola de violencia que han generado, promulgado y avivado diversos grupos armados que, de manera secuencial y cronológica, han llevado al Estado ecuatoriano a la peor crisis de seguridad de su historia, quitando la tranquilidad y la paz a la ciudadanía en general”, refiere la carta.

El grupo asegura que tiene un estilo de vida diferente y que se han desvinculado de distintas células u organizaciones delictivas por no estar de acuerdo con la ejecución de delitos que ponen en vilo a las clases más bajas y necesitadas, “como las vacunas, los secuestros o las extorsiones”, ya que mencionan que no viven de estos delitos ni de perpetrar atentados en contra de la vida de las personas.

Publicidad

“Esta carta de intención contiene implícito el compromiso férreo de llegar a la paz, de dejar en claro, con el respeto y la firmeza que nos caracteriza, que se cumplan los mandatos constitucionales, supranacionales e internacionales de Derechos Humanos, respetando nuestro derecho a la vida, brindando educación en todos los niveles a las personas privadas de la libertad”, apuntan.

El grupo sugiere al Gobierno “entregar una verdadera rehabilitación social, creando y permitiendo implementar proyectos, como clínicas de recuperación a drogodependientes, panaderías, cultivos de peces, criaderos de cerdos, emprendimientos productivos y comerciales con las artesanías que hábilmente son realizadas por las personas privadas de libertad, encaminando a estos seres humanos, a ser hombres y mujeres de bien, costeando sus trabajos, apoyando sus emprendimientos en los centros de Rehabilitación Social, otorgándoles educación y apoyo psicológico continuo, cumpliendo el mandato de la Carta Fundamental”.

De igual manera, exhortan a que en goce de sus funciones establecidas en el primer inciso del artículo 141 de la Constitución disponga a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que remita a su despacho de manera inmediata una copia debidamente certificada de todos los proyectos emprendidos y suspendidos en los centros de Rehabilitación Social, con el fin de que sean reactivados en el menor tiempo posible.

“Nuestra intención no se ve marcada únicamente en palabras... este compromiso se ve marcado en la entrega de un ‘Manual para el Proceso de Reinserción de un Privado de Libertad en la Sociedad’; este manual ha sido elaborado tomando como ejemplo modelos aplicados y funcionales en otros países”, mencionan.

Publicidad

En el documento se indica también que las ciudades de Guayaquil, Durán, Quevedo y Santo Domingo están desbordadas por la comisión de delitos cometidos por otros grupos que dan su palabra de paz para luego romperla y continuar al acecho aterrorizando a la población y lo comparan con otras ciudades de la Sierra como Cuenca, Quito, Azogues, Cañar, Riobamba, Ambato, Loja e Ibarra, donde, según ellos, el índice de violencia es inferior.

“Señor presidente, nuestro deseo no es entrar en conflicto con absolutamente nadie, peor crear una guerra civil sino más bien y de hecho, hacer un llamado a la paz y a un ambiente de tranquilidad para evitar problemas futuros. Nosotros también tenemos familia, padre, madre, hijos, hermanos, que por los cuales no queremos que sufran ni peor aún atenten contra su integridad de ninguna manera, repetimos queremos paz, queremos que la sociedad nos brinde trabajo, atención necesaria para poder vivir como seres humanos, una atención adecuada de salud a nuestras familias, la posibilidad de que nuestros hijos estudien y se preparen buscando una mejor vida, y no queremos persecuciones”, sentencian. (I)