La muerte cruzada o un llamado a consulta popular, son las alternativas que está evaluando llevar adelante el presidente de la República, Guillermo Lasso junto a su equipo de gobierno, frente a lo que se considera un ‘bloqueo’ de la Asamblea Nacional a sus iniciativas legislativas en materia económica, que han sido parte de sus propuestas de gestión.

En el interior de la Casa de Gobierno en Quito, el Ejecutivo mantiene una reunión reservada este viernes que posiblemente se extenderá durante el fin de semana, evaluando la coyuntura política.

Incluso, una actividad que estaba prevista a cumplirse en Santa Elena este viernes, en la que se preveía la participación del jefe de Estado, se suspendió en horas de la tarde del jueves.

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Muerte cruzada: ¿Qué es, quién la aplica y quién gobierna en Ecuador?

Frente a esta crisis, se están analizando las opciones que se contemplan en la Constitución, entre las que están la consulta popular para que los electores se pronuncien sobre las iniciativas legislativas; o la muerte cruzada.

“Dejemos que pase el día”, dejó entrever el consejero presidencial Diego Ordóñez en una entrevista a radio Única, de este 25 de marzo, al ser consultado si la muerte cruzada podría ser una de las alternativas de las que el régimen echará mano para ejecutar sus ofrecimientos, luego que el 24 de marzo la Asamblea con 87 votos negó y archivó el proyecto de Ley de Inversiones.

Desde el régimen se reconoce que el diálogo o llegar a acuerdos con el Legislativo está cerrado por el momento, pues según Ordóñez, ya “no es posible tener un canal de diálogo” y se deberán tomar medidas que le permitan cumplir sus propuestas, como la generación de empleo.

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Lasso no ocultó su indignación con la decisión del legislativo, que en un video divulgado en las redes sociales el jueves último, denunció que le pidieron -supuestamente- cargos en ministerios, hidroeléctricas, hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos para darle paso a su propuesta de ley.

Los responsabilizó de haber dado las “espaldas” a las mujeres y jóvenes al negarles -a través de este articulado- la oportunidad de empleos y prosperidad.

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“Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de sus votos. (…) Tengo que denunciar; vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esas oportunidades que aspira el pueblo de un empleo, emprendimientos”, recalcó.

Cuestionó que los asambleístas “lo único que han hecho es hacer perder esa oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes. (…) Son ladrones y corruptos. Hay que decirlo claro, y ustedes lo saben, están indignados contra estos políticos, pues les digo como presidente, que tengo la obligación para encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que se merecen, primero ustedes, después estos ladrones”.

‘Lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a muerte cruzada’, dice asambleísta Daniel Noboa, tras el archivo del proyecto de ley de inversiones

Entre esas posibilidades que se contemplan en la Constitución para ejecutar sus propuestas, está también la muerte cruzada.

“Sin duda es una opción. El diálogo no sería posible (con la Asamblea), hay alternativas como la consulta popular. Hay medidas que no se pueden pensar con una Asamblea como contraparte”, anotó Ordóñez, en una entrevista en radio Sucesos, también de este viernes.

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La muerte cruzada, que en términos legales se denomina ‘disolución de la Asamblea Nacional, se explica en el artículo 148 de la Constitución, que permite al presidente de la República disolver dicha función por tres causales.

“Cuando a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política”.

La Carta Política determina que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

La disolución la resolverá el jefe de Estado a través de un decreto ejecutivo para luego, en un plazo máximo de siete días después de publicado dicho documento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos.

Mientras se instala el nuevo Parlamento, el mandatario podrá, con dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, gobernar mediante decretos-leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por los asambleístas que entren en funciones. (I)