Una práctica frecuente de los últimos años es el traspaso de las estructuras de un movimiento político a otro, sin que medie un control de la autoridad electoral. Esto se evidencia en varias organizaciones políticas que han participado en los recientes procesos electorales.

Fuerza Compromiso Social (FCS) es una de ellas. Obtuvo su personería jurídica en el 2016, bajo el liderazgo de Iván Espinel, que fue director del IESS en Guayas y en el 2017 se lanzó como candidato a la Presidencia de la República sin éxito.

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En el 2019, FCS sintió la ausencia de Espinel, tras ser procesado y sentenciado por peculado. Lo sucedió la ahora asambleísta independiente Vanessa Freire.

A puertas de los comicios seccionales del 2019, Freire impulsó un acuerdo para albergar a los seguidores de Rafael Correa, que rompieron relaciones con el expresidente Lenín Moreno.

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Al quedarse sin su tienda política que era Alianza PAIS (AP), el correísmo intentó inscribir en el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su movimiento Revolución Ciudadana (RC), pero no lo lograron.

Para las presidenciales del 2021, RC confluyó con FCS y formaron la alianza Unión por la Esperanza (UNES) en conjunto con Centro Democrático, impulsando la candidatura de Andrés Arauz.

Los acuerdos para la fusión entre RC y FCS habían empezado en el 2018; y a los tres años de ese recorrido, el correísmo gobernará por completo al movimiento azul.

Le cambiaron el nombre, el logo, sus colores y estatutos, lo que produjo la deserción de Freire del movimiento y de la bancada de UNES.

“Compromiso Social ya no va a ser Compromiso Social, solo se va a quedar con el casillero 5”, dijo Freire en una entrevista en el portal digital La Posta.

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Contó que los acuerdos se dieron porque tanto FCS como la RC se “necesitaban”, aunque eso no implicaba “una exclusión”.

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Finalmente, ayer en Montecristi (Manabí) el correísmo tomó posesión de FCS en una convención nacional que terminó con la designación de la nueva directiva, presidida por la exlegisladora Marcela Aguiñaga.

Se resolvió que FCS se llamará Revolución Ciudadana, aunque tienen un plan B que se mantendrá bajo reserva, en el caso de que el CNE les niegue esa posibilidad.

Aguiñaga desconoce cuáles fueron los acuerdos para esta fusión, pero cree que el respaldo político a RC impidió la desaparición de Compromiso Social, porque en el 2017 no alcanzó los porcentajes de participación que exige el Código de la Democracia.

“Somos los nuevos directores y dirigentes. Los adherentes de FCS se mantienen, no hay retiros masivos; aunque sí hay deserciones trasnochadas como la de Freire”, dijo Aguiñaga.

Ella reconoció que hay grupos políticos que son usados “con fines protervos”, pero que en el caso de FCS había coincidencias ideológicas. “Somos un movimiento progresista, feminista… y desde ahí nace la coincidencia”.

Otro caso similar es el del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), aunque sobre este hay acciones legales en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la disputa de la dirigencia.

Amigo fue impulsado por el exasambleísta de AP Daniel Mendoza, detenido por presuntos hechos de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.

El grupo político fue calificado en enero del 2020, pero con la detención de Mendoza se estrenó en la arena política con la candidatura presidencial de Pedro Freile, quien pasó a ser su presidente.

El movimiento Amigo tuvo su primera participación electoral en los comicios nacionales del 2021, con la postulación de Pedro Freile, como candidato presidencial.

Freile contó que con la fuerza del “discurso” logró que doce directivas provinciales voten para que sea el líder de Amigo. Niega que haya habido dinero u otro tipo de acuerdos para este traspaso. “Simplemente les dijimos que nos hacíamos cargo”, porque un movimiento “no se puede negociar, alquilar, vender”.

“Encontramos un movimiento en el que la gente quería huir. Al adherirnos hicimos democracia interna y tomamos el control. Este movimiento, nacido con la duda de estos personajes oscuros, adquirió una presencia nacional con el plan de gobierno que elaboramos con el colectivo Quinto Poder”, del que él es parte.

El excandidato denunció que hay “fuerzas oscuras” que intentan recuperar a la organización para vender candidaturas y están tratando de despojarlos de la directiva con la “pasividad de la presidencia del CNE”. El objetivo sería entregar y nombrar como nuevo presidente a Bolívar Armijos, extitular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare).

Incluso hay un comunicado del 11 de agosto, firmado por el presidente encargado de Amigo, Víctor Bravo Encalada, que notifica a Freile de que fue revocado de la presidencia.

A Freile no le preocupa y está seguro de que se resolverá legalmente. Aunque indignado contó que cuando acudió al CNE para buscar una solución, le dijeron: “Vaya y negocie con ellos”.

Para el analista y docente Esteban Ron las organizaciones se han convertido en “maquinarias y trenes electorales” para promover candidaturas. “Hay una cooptación política para hacerse del poder a través de la negociación”, indicó.

Una denuncia pública sobre el supuesto pedido de aportes económicos por candidaturas la reveló Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, quien ahora busca inscribir en el CNE al Partido del Pueblo.

En agosto del 2020, Intriago informó en una rueda de prensa y en sus cuentas de redes sociales que Unión Ecuatoriana, que fundó el exfiscal general Washington Pesántez, le había pedido un aporte económico para la campaña de $ 1′300.000 y dos camionetas. “Nos pidieron el dinero efectivo, lo que era imposible. (…) No pensamos que el acuerdo era entregar ese monto, antes de la campaña”, contó Intriago, quien aspiraba a ser candidato presidencial por ese grupo, pero en las elecciones primarias se lo descartó.

Este Diario intentó comunicarse con Pesántez y otros voceros del movimiento para consultarles sobre este hecho, pero no hubo respuesta.

En el reciente proceso electoral fue sorpresivo el caso del movimiento Justicia Social, que intentó postular al empresario y político Álvaro Noboa, al cierre de las inscripciones de las candidaturas.

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Noboa se quedó sin partido cuando Adelante Ecuatoriano Adelante (PAEA) fue extinto con una resolución del TCE.

En noviembre del 2020, segundos después del cierre de las inscripciones de las candidaturas en el CNE, Noboa había ingresado su formulario de postulación cobijado por Justicia Social.

Su candidatura no fue calificada porque no se presentó dentro de los plazos, lo que derivó en un proceso judicial y administrativo en el CNE y TCE que hasta la actualidad no se resuelve.

Los acuerdos que llevaron a Jimmy Salazar, fundador de Justicia Social, para apoyar a Noboa no se revelaron.

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Para Ron, estos hechos responden a fallas estructurales en el sistema electoral y del Estado, porque las autoridades no hacen una fiscalización “estricta y constante” de las actividades partidistas. Al contrario, el control está supeditado a lo económico por la entrega del Fondo Partidario Permanente.

Alberto Molina, exvocal del CNE transitorio, cree también que las fallas surgen desde el Código de la Democracia, que permite la existencia de “maquinarias electoreras con dueños”.

A su criterio, debería existir una ley de partidos o reformas legales estrictas que disponga que los ciudadanos tengan una afiliación por unos tres años para postular a un cargo de elección popular y de paso evitar, la “compra, venta y alquiler” de movimientos y partidos.

Marcela Aguiñaga cree también en que deben hacerse “profundas reformas” a la ley electoral, que permitan la fusión de movimientos locales a nacionales “siempre y cuando haya coincidencias ideológicas” y que se sancionen los “camisetazos”. (I)