Monseñor Luis Gerardo Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), hace una evaluación del trabajo de las mesas de diálogo que se desarrollan desde el 13 de julio pasado en cumplimiento del acta de paz que se suscribió entre el Gobierno nacional y los movimientos indígenas, luego del paro nacional de 18 días que vivió el país en junio pasado. Los obispos actúan como garantes de estas negociaciones.

Faltan menos de 20 días para que cierre el plazo de 90 que se dio para que las diez mesas de diálogos den respuestas a los pedidos de los movimientos indígenas y solo hay acuerdos en cuatro de ellas, una está en proceso y otros cuatro ni se instalan. ¿Cómo evalúa el proceso? ¿Alcanzará el tiempo?

Todos los días recibimos los reportes de las mesas técnicas de parte de los relatores y correlatores y, según estos, las mesas avanzan al ritmo previsto, con todas las dificultades que son parte de la vida, las discrepancias, pero el ambiente es bastante sereno, respetuoso, hay buena voluntad; y el facilitador es una persona muy competente que siempre les recuerda cual es el compromiso que tienen entre ellos y con el pueblo ecuatoriano. Al ritmo que vamos sí se cerrarán las mesas el 12 de octubre con los resultados, sabiendo que, como hemos dicho, habrá temas que se acuerden y otros no, y el modo práctico en que se lleve a ejecución.

Usted me dice que, internamente, todo es amor y paz, pero hacia afuera siguen las confrontaciones políticas entre el presidente Guillermo Lasso y algunos de los líderes indígenas, como Leonidas Iza. ¿Cómo se entiende este doble discurso?

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En este tema hemos distinguido con claridad varios puntos. Primero, que es un diálogo del Ejecutivo con las organizaciones indígenas y el Gobierno, no con otros poderes. Segundo, que como su nombre lo indica, estas son mesas técnicas, y en ellas se analizan aspectos técnicos, económicos, financieros, teniendo en cuenta los impactos sociales... Hemos dicho que si bien el tema político es importante, necesario, no puede entorpecer los diálogos. En las mesas hay peritos, expertos, de parte y parte, y son ellos los que tienen la voz cantante, su opinión es la más importante. Lógicamente que el discurso político no se puede separar, y si no se maneja bien puede afectar los diálogos.

¿Y si por ese discurso político confrontativo alguna de las partes se ofende y se retira de los diálogos?

Somos conscientes de eso, y por eso más de una vez hemos advertido que esas posiciones políticas no pueden entorpecer el diálogo. Hemos exhortado a que bajen el tono confrontativo, e invitaría a las partes que sean coherentes con el acta de paz porque ahí se dice abiertamente que el Gobierno y las organizaciones indígenas se comprometen a hablar sobre esos diez puntos programáticos.

Usted precisa que el diálogo es entre Gobierno e indígenas. Pero, por ejemplo, los líderes indígenas han pedido que no se criminalice a los que participaron en el paro, pero eso le corresponde a la Función Judicial; o han pedido ciertas leyes, que pasan por la Asamblea, ¿cree que ellos están excediéndose en sus pedidos? Pareciera que no se conforman con nada.

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Hemos manifestado que estos diálogos son inéditos, son un ejercicio de democracia. Hay grupos sociales que siguen manteniendo la estrategia o táctica de querer solucionar los problemas a través de la violencia, de paros y manifestaciones. Y ese no es el camino porque a la larga terminan sentándose en una mesa, o sea que deberían empezar por ahí... Hay que cambiar toda la cultura de violencia por la del diálogo. Dejar de vernos como enemigos y al menos vernos como compañeros que compartimos una tierra, una historia, unos sueños, los problemas. Es necesario superar esto de que el más grita, el que más protesta, es más escuchado.

¿Se van a generar otras mesas para evacuar estos pedidos a otras funciones?

Nuestras propuesta ha sido que el diálogo vaya más allá del Ejecutivo. Porque mucho de lo que se decida se traducirá en leyes en el poder Legislativo. Lo mismo en el tema judicial, los indígenas piden una indemnización por el trato policial, pero es esa función la que tiene que determinar si hubo delitos o afectaciones. Como Conferencia mantenemos este espacio con el Ejecutivo. Nos han preguntado si seremos mediadores con el Legislativo y hemos dicho que no.

Parecería que hay más desacuerdos que acuerdos. Es muy difícil conciliar las visiones del mundo que tienen en el Ejecutivo y los indígenas.

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Sin ser excesivamente optimista o ingenuo, también habría que ver a los desacuerdos como algo positivo, porque hay temas en los que nunca se pondrán de acuerdo, pero es bueno que se sepan, que estén argumentados, razonados, no impuestos. Esto es un paso enorme. Y ese es un gran desafío para seguir dialogando y quizás descubrir luego que esas posiciones no son antagónicas como se pensaba, y de pronto son complementarias. Por ejemplo, ellos dicen no a la minería, los de acá, sí. Pero veamos, de pronto sí es posible hacer minería sobre estas condiciones. Dicen, por ejemplo, no a la explotación petrolera, pero quieren gasolina más barata, ¿cómo hacemos eso? Sigamos conversando sobre esto. Es imposible resolver todos los problemas en 90 días.

¿Cree que se podrá lograr algún consenso en la mesa de Focalización de subsidios que es la más problemática y la más importante porque el tema de los combustibles fue el eje de la protesta?

Esa mesa sigue abierta, no puedo adelantarme. El 12 de octubre conoceremos los resultados.

¿Cuándo se supone que deben a empezar a ejecutarse los temas acordados? Porque la Fenocin se queja de que no se cumple con la condonación de deudas que se aprobó en la mesa de Banca pública que ya se cerró hace más de un mes, que no hay el decreto, que quieren que el monto debe ser de $ 10 mil...

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Cuando ya se habla del proceso de seguimiento de lo acordado, ahí hay ya varias consideraciones: quién va a hacer, cómo se va a hacer, con qué dinero. En el tema que usted me menciona, la pregunta era quién va a financiar esa condonación, ¿la banca pública, el Estado? Si era el Estado, ¿está presupuestado eso? No es solo cuestión del decreto, hay que consultar al Ministerio de Finanzas si hay dinero, porque este año eso no está presupuestado. Han puesto como tiempos que debe implementarse hasta diciembre, pero no será suficiente. Son esas dificultades que aparecen, pero que son solucionables por supuesto. Cada acuerdo tiene sus propios plazos y quiénes son los actores que deben ejecutarlos. (I)