La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), creada hace 35 años y que en ese tiempo ha liderado levantamientos en al menos ocho Gobiernos, está desde el año pasado dirigida por un consejo integrado por cinco hombres y cinco mujeres de entre 27 y 50 años. A la cabeza de esta organización están el presidente, Leonidas Iza, y la vicepresidenta, Zenaida Yasacama.

De los diez directivos, según una revisión de este Diario, cuatro registran títulos universitarios, ocho han desempeñado cargos públicos en los últimos trece años, seis han reportado $ 0 en sus impuestos a la renta o no han presentado sus declaraciones, siete no han tenido empresas, uno ha sido contratista público y a siete les han seguido causas judiciales.

La Conaie, que agrupa a 53 organizaciones, ha buscado históricamente consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas, defender sus territorios , fortalecer la educación intercultural y reivindicar sus derechos a través de protestas que por primera vez se tornaron violentas en octubre de 2019. Hubo siete fallecidos y 1.340 heridos en los once días que duró la paralización.

Las pérdidas económicas por 18 días de paro nacional suman $ 1.000 millones

Este año, tres meses después de que 60 coidearios procesados judicialmente por las manifestaciones del 2019 recibieron amnistía de la Asamblea Nacional, los movimientos indígenas salieron nuevamente a las calles a protestar. Esta vez, el paro duró 18 días.

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No podemos pensar que es positivo que un liderazgo indígena imponga su voluntad sobre la base de la fuerza y la aplicación del terror, porque en democracia a lo único que lleva es a la división, más división, y a que se produzcan resquebrajamientos en el orden constitucional

Ruth Hidalgo, directora de la oenegé Participación Ciudadana.

Hidalgo añadió que el paro nacional inicial, basado en las demandas justas, terminó “exacerbando sentimientos racistas y el odio al que tiene más”.

En esta imagen se encuentran siete de los diez dirigentes de la Conaie, entre ellos Roberto Wachapa (i), Agustín Cachipuendo y Leonidas Iza. De lado de las mujeres está Alicia Cahuiya (d), Patricia Calderón, Estefanía Lalvay y Zenaida Yasacama. Foto: Tomada del Facebook de la Conaie

Ramiro Ávila, veedor del proceso de diálogo, destacó en una entrevista esta semana que no se debe olvidar el problema de fondo, “el olvido y exclusión” de esta población. Él cree que estos levantamientos surgen por los compromisos eludidos por el Gobierno.

Si se hubieran cumplido los acuerdos de (octubre de) 2019 que se hicieron con el movimiento indígena, no estaríamos en junio de 2022 con estos rebrotes de violencia y con esta manifestación insatisfecha

Ramiro Ávila, veedor del proceso de diálogo.

Las marchas, que empezaron el 13 de junio y finalizaron el 30 del mismo mes con un acuerdo con el régimen, provocaron siete fallecidos, cientos de heridos, bienes destruidos, saqueos, afectación en las exportaciones y desabastecimiento. En total, según un informe preliminar del Ministerio de Producción, el paro significó pérdidas económicas por $1.000 millones en el país. (I)

Leonidas Iza fue asesor en la asamblea y trabajó en Conaie

Segundo Leonidas Iza Salazar, de nacionalidad kichwa y del pueblo panzaleo, preside la Conaie desde el 2021, aunque trabajó para ella de octubre del 2015 a mayo del 2016, ganando un sueldo básico. Nació en San Ignacio, en el sur de Cotopaxi, provincia en la que dirigió el Movimiento Indígena y Campesino desde el 2016 hasta enero pasado. Su sueldo llegó a los $ 624.

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El 18 de junio, en medio de las protestas que dirigía en el país, este ingeniero en Medioambiente cumplió 40 años. Desde los 26 ha prestado sus servicios profesionales en Latacunga. No tiene compañías y en la última década pagó $ 146 de impuestos, según el SRI.

Fue asesor 2 en la Asamblea en 2009, según la Contraloría. En la Función Judicial registra tres procesos, en dos absuelto: en 2019 por tráfico de tierras, en el que alegó su calidad de “autoridad” indígena para desalojar un terreno y nombrar otros dueños, y ese año por la retención de diez policías.

En la protesta de junio fue detenido por “paralización de un servicio público”. Quedó libre el mismo día y está convocado a una audiencia este 4 de julio. (I)

Zenaida Yasacama fue socia de una empresa constructora

Licenciada en Economía, de 40 años y oriunda de la provincia de Pastaza es la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Anabel Yasacama Gayas.

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En la última década ha desempeñado varios cargos en la función pública: coordinadora de voluntariado en la Secretaría de Pueblos y Movimientos Socialistas (2010); funcionaria de la dirección de Relaciones Exteriores (2011); analista en la Secretaría del Buen Vivir (2013); servidora en la Presidencia (2014); especialista social de la sede del Ministerio de Vivienda de Pastaza (2015-2018); y como funcionaria del IESS desde el 2019, según sus reportes a Contraloría.

Yasacama ha reportado $ 0 en sus impuestos a la renta en la última década y, según los registros del Servicio de Rentas Internas, ofrece sus servicios profesionales con su RUC activo desde hace 15 años en el Puyo.

En el sector privado, Yasacama fue socia y representante legal de Nakip, firma que se creó en 2015 para obras de ingeniería civil. En 2017 fue declarada inactiva y desde el 2019 está disuelta.

No registra denuncias ni procesos judiciales en su contra. (I)

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José Agustín Cachipuendo fue acusado por retener a policías

José Agustín Cachipuendo Reinoso dirige el Programa de Fortalecimiento y Política de las Nacionalidades y Pueblos de la Conaie, también es presidente de la Confederación del pueblo Kayambi, de Imbabura.

De 49 años, Cachipuendo no ha presentado la declaración del impuesto a la renta del 2020 y los años anteriores reportó $ 0 en estos tributos, según el Servicio de Rentas Internas. En los registros de esta misma institución consta con RUC activo para actividad de “servicios diversos” desde hace 17 años en la comuna San Pablito de Agualongo, de la parroquia Tupigachi, cantón Pedro Moncayo (Pichincha).

En 2007 desempeñó un cargo público, como vicepresidente de la Junta Parroquial de Tupigachi, cuando tenía 34 años.

Cachipuendo no registra título universitario ni posee empresas. En la Función Judicial consta en su contra un recurso de habeas corpus por haber retenido a diez policías durante las protestas de octubre de 2019, pero la acción fue negada porque los agentes fueron liberados el mismo día, después de casi doce horas. (I)

Patricia Calderón, economista que labora en hospital público

Yolanda Patricia Calderón Arroyo, de 34 años y oriunda de la provincia de Carchi, es dirigente de Juventud, Cultura y Deporte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Economista de profesión y magíster en Gerencia de la Calidad e Innovación, según los registros de la Senescyt, Calderón se ha desempeñado en la rama de la salud. Desde el 2011 labora como auxiliar de enfermería en el hospital Eugenio Espejo, de Quito.

En su declaración juramentada del 2022, presentada a la Contraloría, Yolanda Calderón reportó activos por $ 8.442 entre el menaje de su casa y el saldo de su cuenta bancaria.

Calderón figura, en el Servicio de Rentas Internas, con su RUC activo para actividades de “servicios diversos” en Quito, desde octubre de 2021. Ese año, esta dirigente tributó $ 20,96 de impuesto a la renta y $ 170 por salida de divisas; mientras que los anteriores ocho años (2013-2020) reportó $ 0 en sus declaraciones.

No registra empresas, según la Superintendencia de Compañías, tampoco tiene juicios. (I)

Eduardo Mendúa es el miembro que más impuestos ha pagado

Las relaciones internacionales de la Conaie están a cargo de Eduardo Mendúa Vargas, de 39 años y de la nacionalidad cofán de Sucumbíos. De los directivos de la Conaie es el que más impuesto a la renta ha pagado, $16.650 entre el 2009 y 2014.

En ese tiempo, Mendúa recibió $ 745.774 en doce contratos públicos, en su mayoría de la Prefectura de Sucumbíos, para fabricar canoas de fibra con motor.

Además, era socio de Quelmecons Construcciones, liquidada en 2019 por la Superintendencia de Compañías por no presentar balances. Esta firma canceló $ 1.291 por impuestos y adeuda $ 3.121 al Servicio de Rentas Internas. A través de su ruc, Mendúa da “servicios diversos” en Lago Agrio, Sucumbíos, desde hace quince años, aunque en 2015 cesó su actividad hasta este año.

En 2021 lo denunciaron como sospechoso de suplantación de identidad, y registra dos causas en su contra: una investigación previa por tentativa de asesinato en 2020, que fue archivada, y una acción de protección en 2014 por expulsar a un grupo de personas de la comunidad cofán, que ganaron los demandantes. (I)

Jéssica Isacha trabajó para el sector público durante 4 años

Jéssica Irene Isacha Jimpikit, de 30 años, pertenece a la nacionalidad shuar de Morona Santiago y dirige el área de Salud y Nutrición de la Conaie. En esa rama estuvo vinculada en 2015 y en 2018 al trabajar como ‘vacunadora’ o técnica en atención primaria en la dirección distrital del Ministerio de Salud de Shushufindi. También, según su declaración ante la Contraloría, fue coordinadora de mesa en la delegación de Shushufindi del Consejo Nacional Electoral en 2019, año en que reportó que su patrimonio era de $ 2.005.

Ese mismo año, 2019, se desempeñó como auxiliar de servicio en una empresa privada e inició actividades de “servicios diversos” con su RUC, pero por apenas una semana. En 2021, según registros del Servicio de Rentas Internas, retomó su ocupación.

Isacha ha reportado ante el SRI $ 0 de impuesto a la renta entre el 2013 y 2019. No constan las declaraciones de los dos últimos años.

No registra un título universitario, no posee empresas y no ha recibido denuncias en su contra. Ella interpuso un proceso judicial por alimentos en 2014. (I)

Roberto Wachapa fue detenido por deber pensión alimenticia

Roberto Simón Wachapa Chuu, oriundo de la provincia de Morona Santiago, dirige el área de Territorios, Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo de la Conaie.

De 46 años, Wachapa labora como agente municipal en el cabildo de Logroño desde noviembre del 2020, según los registros de Contraloría, entidad a la que reportó patrimonio de $ 0. Aunque en 2016, a través de una sentencia judicial por “prescripción adquisitiva de dominio”, un juez falló a su favor y le confirmó la propiedad de un predio de una hectárea de extensión.

No registra título universitario y no posee compañías. En el Servicio de Rentas Internas figura con su RUC activo desde el 2016 para dar “servicios diversos”. Un año después lo cerró y el 2021 reanudó su actividad. En 2017 reportó $ 150 de impuesto a la renta, y del 2018 al 2021 tributó $ 0.

Wachapa tiene, según los registros de la Función Judicial, una demanda por alimentos en 2012. En 2018 fue detenido por adeudar pensiones alimenticias y en 2021 le dieron cinco días de plazo para pagar su deuda de $ 1.110. (I)

Alicia Cahuiya recibió amenazas por defender el parque Yasuní

Hueiya Alicia Cahuiya Iteca, de 50 años, ha defendido, desde los 16 los derechos humanos y de la naturaleza.

Dirige el Programa de la Mujer y la Familia en la Conaie y es la fundadora y vicepresidenta de la Asociación Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana. Cahuiya da ‘servicios diversos’, según su RUC, abierto hace 17 años en el cantón Mera, Pastaza. No ha declarado impuesto a la renta desde 2014 y del 2011 al 2013 reportó $ 0.

Cahuiya, quien no registra título universitario, fue técnica de los ministerios de Justicia y del Ambiente en 2011 y 2013. Dos años después, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el Estado proteja la vida de Cahuiya cuando organizaciones denunciaron represalias en su contra porque ella se opuso a la explotación del Yasuní.

El año pasado, según la Función Judicial, se archivó una investigación previa en contra de Cahuiya por supuesto abuso de confianza. En el proceso se menciona que el presunto delito, en el que hubo apropiación de bienes ajenos, se dio en el marco de un convenio con el Ministerio de Justicia. (I)

Franklin Casicana, abogado que fue socio de inmobiliaria

A sus 29 años, Franklin Isaías Casicana Toroshina dirige el área de Educación de la Conaie y representa al pueblo Kisapincha de la provincia de Tungurahua. En 2016 presidió una veeduría ciudadana que revisó las tarifas del transporte interparroquial rural de Ambato.

Abogado de profesión, Casicana tiene su RUC activo para dar asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos desde 2015 en la parroquia Quisapincha, de Ambato (Tungurahua).

El año pasado no presentó su declaración a la renta al Servicio de Rentas Internas y reportó $ 0 en los años 2020 y 2011.

En 2013, Casicana constituyó junto con otros cuatro socios la inmobiliaria Mi Tierra Inmoquisapincha S. A. Tres años más tarde, la declararon inactiva y en 2019 fue liquidada. En su último reporte financiero, del 2015, la compañía tuvo ingresos por $ 30.249.

En 2018 fue denunciado como sospechoso de secuestro, según registros de la Fiscalía. Mientras que en la Función Judicial aparece con dos investigaciones archivadas, en 2018 y 2019. No hay detalles de estos procesos. (I)

Estefanía Lalvay, la más joven de la Conaie, dirige la comunicación

Patricia Estefanía Lalvay Naula, perteneciente al pueblo Kañari (Cañar), es la dirigente más joven de la Conaie. A sus 27 años se encarga del área de Comunicación.

En las protestas de junio transmitió, a través de sus redes sociales y de la organización, los comunicados de Leonidas Iza y detalles de las manifestaciones.

Lalvay no registra título universitario en la Senescyt y se dedica, según la información reportada al Servicio de Rentas Internas (SRI), a ofrecer “servicios diversos” desde mayo del 2016 en el cantón Nabón, en Azuay. Hubo un periodo de 20 meses en que cesó su actividad hasta fines de 2021. Al momento no consta como contribuyente en el SRI.

En la función pública tuvo un paso breve de cerca de dos meses en 2019 como “servidor público de apoyo 2″ en la delegación provincial de Azuay del Consejo Nacional Electoral, según su declaración ante la Contraloría. En ese lapso reportó $ 1 de patrimonio.

En el sector empresarial no figura ninguna compañía a su nombre y tampoco tiene procesos judiciales en su contra. (I)