Una nueva demanda de inconstitucionalidad se presentó en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, vigente en el país desde el 10 de junio de 2025. La acción la interpuso el Colegio de Abogados de Pichincha este miércoles, 9 de julio.
En la Corte Constitucional, en Quito, Paúl Ocaña, presidente del gremio de juristas, explicó que la demanda se sustenta en vicios de forma y de fondo, como la unidad de materia y la urgencia en materia económica con la que fue enviada.
En su escrito, el Colegio de Abogados alegó que a lo largo de la normativa, que contiene 18 artículos, “se regulan aspectos de seguridad nacional y conflicto armado; sin embargo, en las disposiciones reformatorias regula aspectos no relacionados con la misma, tanto así que crea tipos penales, procedimientos penales, juzgados de excepción que no guardan relación con la materia que regula dicho articulado”.
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En cuanto al fondo, el gremio demandó los artículos relacionados con la regulación del conflicto armado interno, la modificación a la figura de la prisión preventiva, la creación de tribunales de excepción para el juzgamiento de delitos de corrupción y conflicto armado, entre otros.
Con la demanda de inconstitucionalidad, el Colegio de Abogados presentó un pedido de medidas cautelares para que se suspenda, provisionalmente, la Ley de Solidaridad Nacional debido a que “existe un riesgo inminente en que su aplicación vulnere los derechos constitucionales”.
Entre tanto, los juristas solicitaron a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esta ley, aprobada en la Asamblea Nacional el 7 de junio con 84 votos.
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Hasta la mañana de este miércoles, 9 de julio, en el organismo constitucional han ingresado seis demandas de inconstitucionalidad, presentadas —desde el 13 de junio— por organizaciones de derechos humanos, el movimiento Unidad Popular y abogados. (I)