Para resolver el conflicto y el llaki (daño) que habrían causado los asambleístas del movimiento Pachakutik (PK) por sus actuaciones en la Asamblea Nacional, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, decidió iniciarles la aplicación de la justicia indígena en una asamblea nacional que se realizará este martes en Otavalo (Imbabura).

El cisma interno que enfrenta el movimiento político Pachakutik, con el anuncio de nueve de sus asambleístas de rebelarse a la coordinación de PK que lleva Rafael Lucero, impulsó a Iza a oficializar las medidas de hecho.

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La resolución fue informada a los dirigentes indígenas de la Conaie en las últimas horas, y en ella —sin mencionar nombres— se describe que los asambleístas y dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de PK “demostraron un actitud antiética, inmoral, incoherente, desleal con el proyecto político e ideológico, lo que rompe con toda la disciplina comunitaria y contraviene el ejercicio eficaz de los derechos colectivos”.

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Serán llevados a enfrentar la justicia indígena en una asamblea que se instalará este martes desde las 09:00 en la parroquia de San Pablo Lago en Otavalo.

Se los culpa de haber generado con sus acciones un grave conflicto interno en sus pueblos y nacionalidades, lo que obligó a Leonidas Iza a “actuar y resolver”.

El dirigente relata en la misiva que los asambleístas en su accionar diario en las funciones de legislación, fiscalización y control político, pese a contar con resoluciones colectivas, han actuado de forma “contraria, de desobediencia, desacato y de traición a los mandatos colectivos, afectando y atentando gravemente la integridad de los pueblos y nacionalidades”, atentando incluso contra “la consecución del buen vivir para la mayoría del pueblo ecuatoriano”.

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Iza reprocha al Comité Ejecutivo Nacional de PK, presidido por Marlon Santi, el haber contravenido los principios de conducción del bloque legislativo. En esencia, “han demostrado una actitud antiética, inmoral, incoherente, desleal con el proyecto político e ideológico del movimiento indígena, lo que rompe con toda la disciplina comunitaria y contraviene el ejercicio eficaz de los derechos colectivos”.

Esta decisión es efecto del anuncio que hicieron el pasado 15 de diciembre nueve asambleístas de PK, quienes anunciaron la constitución de un grupo parlamentario que no se prestará a chantajes y acuerdos que impliquen afectar intereses populares. Su decisión incluyó la declaratoria de una “autonomía total” ante el Gobierno de Guillermo Lasso.

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Esta facción está conformada por Mario Ruiz (Imbabura), Darwin Pereira (El Oro), Patricia Sánchez y Salvador Quishpe (nacionales), Mireya Pazmiño (Bolívar), Joel Abad (Cañar), Peter Calo (Cotopaxi), José Cabascango (Pichincha) y Salvador Maita (exterior), quienes dicen comulgar con los lineamientos de la Conaie y rechazan el liderazgo del coordinador de bancada, Rafael Lucero.

La Conaie reprocha no haber procedido con acciones en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers, pues se estarían “protegiendo los intereses del Gobierno”.

Se acusa a un sector de la bancada encabezada por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, Rafael Lucero y la dirección nacional de Pachakutik, con Marlon Santi, de actuar “abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno, contrarios a los principios y al proyecto político del movimiento indígena, que nos deja en una posición de incoherencia total frente al pueblo. Estos hechos pondremos a consideración de las organizaciones base para tomar resoluciones”.

Conaie acusa a Guadalupe Llori y Rafael Lucero de ‘proteger los intereses’ del Gobierno

Son esos asambleístas los interpelados en esta asamblea nacional que se realizará el martes desde las 09:00 en la parroquia de San Pablo Lago en Otavalo, y tendrán su derecho a la defensa “en términos del derecho propio”.

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Ahí, las “autoridades del gobierno de la Conaie ejerceremos las funciones jurisdiccionales”, anunció Iza en su oficio. Se les advierte que si no comparecen, no significará la suspensión del procedimiento, por lo que la asamblea “queda facultada para resolver el LLAKI con los efectos jurídicos y constitucionales que correspondan” (sic). (I)