Antes de que concluya el periodo legislativo, la actual Asamblea Nacional espera fiscalizar las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus COVID-19 y en la ejecución del plan nacional de vacunación. Para eso procesará un juicio político en contra del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este 25 de marzo, cerró la etapa de procesamiento del juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, con la notificación del informe donde recomienda al pleno la censura y destitución del funcionario.

El siguiente juicio que encausará la comisión será en contra del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, cuya solicitud de interpelación la presentaron los asambleístas Ángel Sinmaleza (ex-SUMA) y Pabel Muñoz (RC), por incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas y en el plan nacional de vacunación contra el coronavirus COVID-19, por irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad y desvinculación del personal de salud durante la emergencia sanitaria.

El exfuncionario enfrenta doce acusaciones de los dos legisladores, entre las que se cuentan la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad; incumplimiento en la entrega de nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud conforme lo manda la Ley Humanitaria; compra ineficiente de vacunas contra el COVID-19; falta de entrega de información a la Asamblea Nacional sobre el plan de vacunación; ineficiencia en el otorgamiento de equipos de protección de personal para los profesionales de la salud frente a la pandemia; falta de transparencia en el número de muertos por COVID-19; entre otras.

Acusaciones en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña (PK-BIN), convocará para el sábado 27 de marzo a los miembros de la mesa para conocer y calificar el juicio contra Zevallos, y ese mismo día tiene planificado aprobar el cronograma de actividades para la sustanciación y presentación del informe, que conlleva al menos 30 días calendario.

Peña comentó que sí alcanzan a procesar el juicio en contra el exfuncionario que ahora se encuentra fuera del país, pero que para su comparecencia y notificaciones del juicio se realizará vía telemática.

La idea es presentar el informe hasta el día 30 de abril como plazo máximo, afirmó Peña, a fin de que el pleno de la Asamblea lo pueda conocer una semana antes de cerrar el presente periodo legislativo.

Procedimiento del juicio al ministro de Trabajo

Una vez que la Comisión de Fiscalización entrega el informe sobre el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, la presidencia de la Asamblea Nacional tiene dos días para notificar al funcionario y a los 137 legisladores.

En el informe la Comisión de Fiscalización admitió tres acusaciones en contra del ministro de Trabajo, que tienen relación con una interpretación extensiva a la aplicación de las causales de fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de las relaciones laborales, negarse a entregar información de su gestión y no fijar el Salario Básico Unificado para el presente año.

Informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda censura y destitución del ministro de Trabajo, Andrés Isch

Tras la difusión del informe, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, tendrá un plazo de cinco días para incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno.

Como el informe recomienda el juicio político se procederá directamente a la interpelación, en la que el pleno lo podrá absolver o censurar y destituir al funcionario con 91 votos.

Convocada la sesión para el procesamiento del juicio, las dos asambleístas que presentaron la solicitud del juicio, Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), tendrán dos horas para interpelar al funcionario, y luego este, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa sobre las acusaciones presentadas.

Luego cada parte podrá replicar por el tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención, el funcionario se retirará del pleno y se declarará abierto el debate, donde podrán intervenir todos los legisladores por un lapso de diez minutos. El proceso concluirá con la votación de la moción de censura y destitución del funcionario. (I)