La propia Asamblea Nacional abona a su desprestigio y pierde credibilidad

Conflictos y discusiones entre bancadas, denuncias de posibles casos de corrupción, incumplimiento de sus funciones, investigaciones abiertas en la Fiscalía para legisladores, entre otras acciones, han marcado los diez primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional lo que ha llevado a que cuente con apenas una aprobación de entre el 11 % y 19 %, según recientes encuestas, valores que la convierten en el periodo legislativo que más rápido ha perdido popularidad en los últimos años y que están cerca de igualar al 11,03 % con el que la anterior Asamblea terminó en 2021.

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Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explica que esto no es algo nuevo y que en los últimos tres periodos legislativos se ha evidenciado un decrecimiento de la credibilidad y aceptación de la institución.

“El promedio de aceptación de la Asamblea en el periodo del 2013-2017 estuvo en alrededor del 40 %, era relativamente alto; para el periodo 2017-2021 bajó a cerca del 10 % o 12 % y la actual va por el mismo camino”, refiere.

Espinel considera que los factores que “han influido para la percepción ciudadana negativa” se pueden dividir en dos: las actuaciones de la propia Asamblea Nacional y el mayor acceso que la ciudadanía tiene a la información de la mano de la inmediatez.

En el primero, subraya “la existencia de conflictos, denuncias de posibles casos de corrupción, incumplimiento de funciones, el que la Asamblea no sea transparente en la gestión individual de cada uno de sus miembros”, lo que forma una imagen negativa para la ciudadanía.

Y sobre el rápido acceso a la información, explica que hoy los ciudadanos no tienen que esperar el día siguiente para enterarse de lo que ocurre en la Asamblea como pasaba con el entonces Congreso Nacional.

“Podemos ver las sesiones de la Asamblea, acceder a fuentes de información que nos dicen qué hacen y qué no hacen los legisladores y esa percepción más informada permite al ciudadano tener un criterio más formado”, añade.

Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, refiere que la actual Asamblea es la que con mayor rapidez ha perdido el apoyo de gran parte de la población debido a su gestión, que “no ha logrado alinearse con las necesidades reales de los ecuatorianos”. Refiere que si bien todas las instituciones públicas en general están pasando por su peor momento, la que tiene la peor imagen es el Legislativo.

“La población ve en la gestión de la Asamblea la defensa de intereses partidistas y personales de quienes manejan los diferentes partidos políticos, eso ha hecho que esta sea la Asamblea con la peor calificación en tan poco tiempo hablando desde el regreso a la democracia en 1978″, subraya.

Según la firma Cedatos, en su estudio mensual, la aprobación actual del Poder Legislativo es del 11,5 % mientras que para Click Report esta se ubica en 19,5 %. Esta última consultó también la opinión de la ciudadanía en cuanto a varios temas vinculados con la institución: sobre las 270 amnistías determinó que solo el 27,90 % está a favor, acerca de que se haya negado y archivado el proyecto de ley de inversiones, el 66,84 % lo rechaza, y sobre su postura ante un escenario de disolución de la Asamblea, conocida como muerte cruzada, el 61,32 % está favor de que el presidente la invoque.

La relación de la institución con el Ejecutivo no se encuentra en su mejor momento. El archivo del proyecto de Ley de Inversiones, presentado por el presidente Guillermo Lasso, terminó por complicarla aún más, a tal punto de decir que gobernará haciendo de cuenta que no existe, aunque con la llegada de Francisco Jiménez al Ministerio de Gobierno el diálogo podría retomarse.

Guillermo Landázuri, presidente del Congreso Nacional entre 2003 y 2005, manifiesta que las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo no son algo nuevo y menciona que antes existía una mejor composición de los órganos legislativos en cuanto a los perfiles profesionales de quienes obtenían una curul y que en su caso, antes de ser presidente, por su perfil de economista trabajó en anteriores periodos en la comisión afín a ese tema.

El político, que aún es militante de Izquierda Democrática, reconoce también que los partidos políticos han sufrido un desgaste y que para mantenerse han optado por apoyar a candidatos que no cumplen los perfiles correctos.

Landázuri menciona que el trabajo propio del Legislativo “implica discusiones acaloradas”, pero destaca que antes lo que se buscaba defender eran las ideologías de cada bloque y no los intereses propios como ocurre ahora.

Otro motivo que cree que puede estar haciendo que la credibilidad siga a la baja es que cada asambleísta presente proyectos individuales, dice que eso no debe ser así, sino que “cada bancada debe llegar con un proyecto o presentar un proyecto en común”.

Romero concuerda en que los anteriores órganos legislativos se manejaban de manera similar, pero reconoce también que “el prestigio que tenía el Congreso Nacional en las décadas de los ochenta y noventa era mayor”.

“En esos años quienes dirigían cada bancada tenían prestigio y reconocimiento por parte de la población y defendían principios, causas, hoy defienden impunidad en los casos en los que se los investiga; otros, intereses políticos para posicionarse en el proceso electoral de 2023”, manifiesta.

Por su parte, Espinel menciona que en la composición de la Asamblea, respecto al pasado, lo único que ha cambiado es la mayor presencia de mujeres, algo positivo, pero que no influye ni en la credibilidad ni en la gestión.

Sobre estos diez meses de labores, el Observatorio Legislativo de FCD elaboró un informe en el que revela que 27 asambleístas han sido cuestionados por falta de integridad, cinco fueron denunciados por el presidente Guillermo Lasso por presuntamente solicitar beneficios económicos a cambio de votos y más de 20 han sido cuestionados en distintos escándalos de corrupción.

El documento menciona también que solo 17 de los 137 asambleístas tienen una ocupación de la curul del 100 % y que la presidenta Guadalupe Llori es la legisladora con menor ocupación (80 %). (I)