La exfiscal general Diana Salazar, quien actualmente es embajadora de Ecuador en Argentina, dijo que aceptó la precandidatura para una eventual asamblea constituyente porque “el servicio público es una vocación” y conoce de primera mano, desde su experiencia, el trabajo que hay que hacer para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.
“Una vez que el país le diga que sí a la constituyente, que tanta falta le hace al país, tendrá una opción de experiencia en el ámbito de lucha contra la corrupción, no desde el discurso, sino desde la práctica”, sostuvo.
Este lunes, 10 de noviembre, Noboa anunció que de ganar el sí en la pregunta D de la consulta, en la que se plantea instalar una constituyente que redacte una nueva constitución, ella encabezaría la lista de Pichincha por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
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Salazar comentó que aceptar la candidatura fue una decisión difícil, sobre todo considerando las alertas por su seguridad que saltaron cuando aún era fiscal, pero que entiende que esta función es por un tiempo determinado (de seis a ocho meses) y que el Estado debe garantizar la seguridad de los posibles constituyentes y la ciudadanía en general.
En una entrevista para Radio Sucesos, este martes, 11 de noviembre, Salazar dio algunas ideas de lo que debería cambiarse en el marco constitucional.
“No se puede proteger a aquellos que han sumido en el terror a nuestra sociedad, necesitamos buscar y fortalecer las herramientas para luchar contra la delincuencia, lavado de activos, terrorismo”, señaló.
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Habla, por ejemplo, de evitar el abuso de garantías constitucionales para que personas sentenciadas salgan en libertad y limitar los privilegios de las personas privadas de libertad, como el acceso al internet.
Respecto al funcionamiento de la Fiscalía, que ella conoció bien, Salazar indicó que es necesario “caminar hacia una verdadera autonomía e independencia judicial”.
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“Que la institución tenga la posibilidad de contar con sus propios recursos y de administrar y evaluar a su personal y realizar los procesos de elección y sanción de manera autónoma e independiente”, agregó. Actualmente, estos temas están bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura. (I)
