La fundación Lucha Anticorrupción denunció públicamente que la Contraloría General del Estado se ha negado a auditar los estados financieros del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) de los años 2017 en adelante. Así afirmó el director de esa organización civil, Juan Esteban Guarderas, en una rueda realizada la mañana de hoy, en la que participó el director general del Isspol, el coronel Renato González.

Hay varias denuncias de corrupción perpretada en esos años en el Isspol. La Fiscalía ha acusado a diez personas por un posible peculado en inversiones que ascienden a $ 216,2 millones. Mientras que la Justicia estadounidense procesa a al menos dos integrantes de una red de sobornos para favorecer a Jorge Chérrez Miño. El coronel González sostiene que el perjuicio para la institución alcanza los $ 950 millones.

En la rueda de prensa, Guarderas mostró un oficio emitido por un funcionario de la Contraloría, Jorge Markley Vergara, en el que informa al Isspol sobre la cancelación de las auditorías financieras correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. “Por cuanto las inversiones del Isspol representan el 80 % del total de los activos de la entidad; rubro que (...) le corresponde a la Superintendencia de Bancos”, señala el documento, que está fechado el 17 de diciembre de 2020.

De acuerdo con Guarderas, la obligación de auditar las finanzas del Isspol le corresponde a la Contraloría y no a la Superintendencia. “Los mayores beneficiarios de que no se audite la contabilidad del Isspol son los ladrones. (...) ¿Es que acaso ese favor que se les está haciendo es a propósito?”, cuestionó.

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Este Diario consultó a la Contraloría sobre estas declaraciones, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta oficial.

El coronel González indicó que, frente a sus insistencias para que la Contraloría realice las auditorías, esta institución le propuso que el Isspol pague por su cuenta a auditores privados externos para que hagan ese trabajo, un servicio que costaría $ 200.000.

“Yo no tengo problema en que se contrate una empresa externa, incluso por el prestigio”, aseguró González, pero observó que el Isspol paga anualmente unos $ 700.000 al Estado para financiar a los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Superintendencia de Bancos, y que se debería permitir al Isspol que el pago de los auditores externos se descuente de ese rubro.

Además, la fundación Lucha Anticorrupción anunció que formalmente iniciará una veeduría ciudadana a las cuentas del Isspol en las próximas dos semanas. (I)