Condonar deudas en la banca pública es una “facultad y no una imposición”. Es la respuesta del Gobierno nacional frente a la exigencia de organizaciones sociales para que se cumpla con este compromiso contemplado en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 y en los acuerdos suscritos en las mesas de diálogo.

“Se acordó que se aplique lo que dice el artículo 196 de la ley, que es una facultad y no una imposición. Esa facultad está dada por las capacidades estatales, por eso nos hemos enfocado en la condonación hasta los $ 3.000 y la reestructuración de las deudas. No vamos a avanzar hasta los $ 10.000 porque superaría los montos alcanzados. El artículo 196 establece que está en la facultad (del presidente de la República) condonar deudas de hasta $ 10.000, pero no es una imposición, sino una facultad que debe hacerse con responsabilidad y que por el momento no sería posible aplicar”, recalcó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una declaración este 24 de noviembre.

La postura del Poder Ejecutivo se da 40 días después de que estrecharon ‘la mano de la paz’ con los movimientos indígenas de la Conaie, Feine y Fenocin, cuando el 14 de octubre pasado cerraron un proceso de diálogo que se extendió por tres meses y que dejaron 218 acuerdos en diez mesas técnicas.

Publicidad

Sin embargo, la amenaza de las movilizaciones se reaviva por el reclamo de que se cumpla con ese compromiso.

La condonación de las deudas en la banca pública fue una de las diez demandas que inscribió el paro nacional de junio pasado y que la potenció la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Plataforma llama a la Iglesia católica, a la Asamblea Nacional y movimientos indígenas a ‘velar’ porque se cumpla la condonación de deudas en la banca pública

En la ebullición de ese evento que perduró 18 días, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto 456 con el que dispuso, en uno de sus artículos, la condonación de deudas vencidas hasta el 31 de mayo por $ 3.000.

Con la firma del acta de la paz, que promovió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para terminar con la medida de hecho, se llegó al consenso de instalar diez mesas de trabajo para atender las demandas sociales.

Publicidad

La primera en tener resultados fue la mesa de banca pública y privada, cuya acta se suscribió el 18 de julio y en la que BanEcuador se comprometió a aprobar la condonación de créditos vencidos hasta el 31 de mayo del 2022; ello incluía intereses, intereses de mora y gastos legales.

La nómina de clientes se notificaría a la Superintendencia de Bancos para que ya no aparezcan en el buró de crédito y, una vez condonado el crédito, se eliminarían las medidas dictadas dentro de los procesos de coactiva.

A ese compromiso le sigue un inciso que establece que “se cumplirá con lo que disponen el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 y el Código Orgánico Monetario y Financiero, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta $ 10.000 más sus intereses y otras costas y comisiones y que sean considerados irrecuperables, dirigido a crédito productivo y microcrédito”.

De la firma de esa acta han transcurrido 129 días sin que ello se ejecute, lo que alteró los ánimos en las agrupaciones sociales.

Publicidad

Surgió una denominada Plataforma por la condonación de deudas de los agricultores, artesanos, pescadores y emprendedores, que tiene el apoyo de la Fenocin y que reclama esta política pública para reactivar su economía.

Al no tener una respuesta afirmativa, anunciaron que organizarán una serie de medidas de protesta en varias provincias de la Costa y que se ahondó al escuchar declaraciones de funcionarios del Estado, como del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, de que no procederá con esta medida porque afectará la liquidez de BanEcuador.

El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, afirmó que mantendrían asambleas para definir las acciones de protesta que podrían incluir cierre de vías y hasta la toma de las sedes de BanEcuador, pues siente que el presidente Lasso “está faltando a su palabra” y que les mintieron.

El dirigente envió una carta al presidente Lasso días atrás y le cuenta las dificultades que atraviesan 80.000 familias de sectores agricultores que se verían aliviadas si les condonan las deudas en BanEcuador, el Banco Nacional de Fomento en liquidación y la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Publicidad

Quito, 14 de octubre de 2022. Cierre de las mesas de diálogos entre el gobierno de Guillermo Lasso, representado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y los principales representantes del sector indígena, Leonidas Iza, Enrique Guashca y Gary Espinoza, en el auditorio de la Universidad Católica del Ecuador. API/JUAN RUIZ CONDOR Foto: API

Le pidió que firmara el decreto ejecutivo y que incluyera varias disposiciones: como que los beneficiarios sean retirados inmediatamente de la central de riesgos y pasen a tener calificación crediticia A1, para que accedan a recursos líquidos que les permitan activarse económicamente. También, que se incluyera a aquellos deudores por créditos productivos quirografarios e hipotecarios.

Este último y reciente pedido había sorprendido a las autoridades gubernamentales, pues estaría relacionado con las deudas del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que maneja recursos privados y que pertenecen a los afiliados.

Esto obligó a Espinoza a denunciar de una tergiversación de sus demandas y divulgó una aclaración. “En ningún momento la Fenocin ha pedido la condonación de deudas del banco del IESS, institución que pertenece a los afiliados. Lo único que exige la Fenocin es que el Gobierno cumpla con la ley de Desarrollo Económico”, reza la comunicación.

Se cuestionó que en contraposición a la población, el Gobierno condonó intereses, multas y recargos a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas por unos $ 2.000.

Por el momento, la Plataforma hizo un llamado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y a la Asamblea Nacional a que velen por el cumplimiento de los acuerdos; y en paralelo analizan la respuesta que darán al Gobierno.

El ministro Francisco Jiménez aseveró que siguen abiertos al diálogo y que no lo “romperán”. Es más, dejó abierta la posibilidad de invitar a la Fenocin y a la Plataforma para sostener un diálogo.

Se mostró tranquilo ante los anuncios de movilizaciones y esperarán a ver qué sucede, aunque cree que el país “no aguanta otra movilización” y actuarán con tranquilidad, pero también con “firmeza” si se observan actos violentos. (I)