Casi por unanimidad, el pleno de la Asamblea Nacional votó a favor de la censura y destitución de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, a quien se señaló por haber incumplido las funciones de control y vigilancia para frenar el millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) en operaciones irregulares con las empresas Ecuagran, Delcorp y Decevale.

El juicio político en contra del funcionario se desarrolló la tarde y noche del 8 de noviembre; duró alrededor de cinco horas y media. La moción fue planteada por los legisladores Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas (PK), que arremetieron contra Anchundia y señalaron que la afectación al Isspol asciende a $ 990 millones.

De los 133 parlamentarios presentes en la sesión, 132 votaron afirmativamente, no hubo votos negativos ni blancos, pero sí una abstención de la asambleísta Nathalie Viteri (PSC), que tuvo una postura distinta a la de su colega de bancada Luis Almeida. Viteri defendió al superintendente durante el debate, despojándolo de responsabilidades, asegurando que él era “un chivo expiatorio” y que quien debía ser investigada por el caso es la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.

Almeida, al contrario, sostuvo que Anchundia violó las leyes y omitió sus responsabilidades al no actuar oportunamente. Que se han entregado 8.000 pruebas. El legislador hizo un repaso de las transacciones que comprometen al Isspol y dijo que el daño “no solamente es económico, sino moral”.

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El asambleísta socialcristiano mencionó que son $ 327 millones en la operación Swap, $ 216 millones por bonos Global del pacto de recompra, $ 200 millones más por bonos Global puros, $ 68 millones por cesión de derechos fiduciarios, $ 49 millones por obligaciones de deuda de las empresas, $ 47 millones por facturas comerciales negociables y $ 47 millones por Certificados de Tesorería (Cetes). “(Son) dineros que, si no se recuperan, tendrá que pagarlos el pueblo ecuatoriano”, enfatizó Almeida.

Vanegas, otro de los interpelantes, manifestó que varios funcionarios del Isspol recibieron coimas por alrededor de $ 1 millón. Que en el entramado, que se origina en el 2014, han participado directa e indirectamente varios ministros de Gobierno, todos los que han sido directivos del Instituto desde el 2013, casas de valores y aseguradoras, dijo.

Enfatizó que la situación ha impedido que policías, en servicio activo y pasivo, puedan solicitar préstamos a la entidad ni tampoco recibir atención médica, por la falta de recursos.

Para defenderse de las acusaciones que lo llevaron a la destitución, el ahora exsuperintendente Víctor Anchundia se tomó cerca de dos horas para exponer sus pruebas de descargo. Habló a través de una videoconferencia, debido a que, por inconvenientes en su salud, no asistió personalmente al pleno.

En su intervención, Anchundia insistió en reiteradas ocasiones en que la Superintendencia de Compañías no tiene competencias de control sobre el Isspol; que esa responsabilidad es de la Superintendencia de Bancos, dijo. Además, señaló que las operaciones relacionadas con el mercado de valores se transaron en el mercado extrabursátil, fuera del país; por tanto, tampoco se podía ejercer supervisión.

Relató que, antes de ser superintendente, en el año 2011 se desempeñó como intendente Nacional de Compañías y que para entonces no tenía entre sus funciones vigilar el mercado de valores. Enfatizó que el Isspol

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Asimismo, negó que la entidad no haya actuado. Que se procedió con acciones a partir de agosto de 2020, cuando se recibió un oficio del director general del Isspol, Jorge Villarroel, que advirtió sobre actividades al margen de la ley.

Anchundia dijo que ya se han presentado seis denuncias penales, sobre las cuales la Fiscalía está investigando. Se establecieron sanciones y responsabilidades a Ecuagran y Delcorp.

Reconoció que hay deficiencias en el control y supervisión a las compañías del país, pero lo atribuyó a la falta de recursos económicos y de personal, así como a acciones constitucionales que se han dictado a favor de las empresas y que logran revertir las sanciones.

Los asambleístas interpelantes, Almeida y Vanegas, no hicieron uso de su derecho a la réplica. Tampoco lo hizo Anchundia, quien no esperó a escuchar el debate y se desconectó de la sesión.

Antes de la votación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, expresó que con el informe que llevó al juicio político “se ha prendido una luz sobre la ruta del dinero robado a 80.000 policías”.

La moción aprobada por el pleno dispone remitir el informe a la Fiscalía para que sirva de insumo en las investigaciones que están en curso e inicie nuevas acciones a los funcionarios de los directorios del Isspol.

También se enviará la información a la Contraloría General del Estado, con el fin de que empiece un examen especial sobre las actuaciones de las intendencias de intervención, de Mercado de Valores y de Seguros, durante la gestión de Anchundia. Con esto se busca determinar si existen irregularidades en las actuaciones de los servidores públicos.

Además, se notificará a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos para que se investigue a las calificadoras de riesgos Summa Rating y Class International, porque calificaron a seguros La Unión, Seguros Equinoccial, Seguros Sucre, entre otras, con un valor patrimonial que no procede a esas empresas.

Tras ser censurado y destituido, Anchundia no podrá ejercer ningún cargo público en los siguientes dos años. (I)