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Karen Sichel: La Asamblea Nacional debe escuchar el clamor de la ciudadanía y cooperar para alcanzar un Ecuador más seguro

La asesora jurídica de la Presidencia explica que se necesita hacer esta reforma parcial a la Constitución para atender los problemas de inseguridad.

Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, señala que el Gobierno espera que la Asamblea Nacional dé respuestas a los pedidos de seguridad desde la ciudadanía. Foto: Cortesía Presidencia

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Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, expone las razones por las cuales el Gobierno insiste en plantear una reforma constitucional para que se permita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin que se necesite un estado de excepción. Primero lo plantearon como una enmienda a la Constitución, pero la Corte Constitucional (CC) señaló que debía ser a través de una reforma parcial que pase por el debate de la Asamblea Nacional. Entonces, el régimen volvió a hacer el pedido con base en ese dictamen inicial. La CC aún no se pronuncia.

La CC negó en principio la pregunta de referéndum sobre el rol de las Fuerzas Armadas, pues consideró que no podía hacerse vía enmienda, ya que le daba excesivo poder al Ejecutivo y alteraba los elementos del Estado. Ahora el Gobierno retoma la propuesta, pero por la vía de reforma parcial en la Asamblea Nacional. ¿Por qué insisten en este tema?

La Corte Constitucional, mediante el dictamen n.º 4-22-RC/22, resolvió que la pregunta sobre la complementariedad de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en casos de crimen organizado debía ser tramitada, al menos, vía reforma parcial a la Constitución. Con este antecedente, y recogiendo las consideraciones de la Corte respecto de la vía, el presidente ha solicitado a la Corte su dictamen de vía para continuar con el proceso correspondiente.

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¿Por qué insistir? Porque estamos conscientes de la urgente necesidad de atender el principal problema que tienen las familias ecuatorianas: combatir la inseguridad y recuperar la paz. El presidente está utilizando todas las herramientas a su disposición para enfrentar a los enemigos del Ecuador. En esencia, en Ecuador las bandas del crimen organizado cuentan con armas sofisticadas; utilizan explosivos y municiones que son propias de estructuras criminales. En otras palabras, no se trata de la delincuencia común, sino de organizaciones que buscan, a toda costa, anular el Estado y atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Con lo cual, es imperativo establecer una herramienta constitucional que, en efecto, permita que las Fuerzas Armadas colaboren complementariamente en la lucha contra la corrupción dentro del régimen ordinario, no solamente del de emergencia. En la actualidad, esta colaboración solamente ocurre previo decreto de estado de excepción; este, a su vez, tiene como efecto jurídico la suspensión de derechos de los ecuatorianos. Es decir, no existe una herramienta constitucional para que la fuerza pública pueda combatir a este nuevo enemigo sin requerir un régimen de emergencia. En otras palabras: el constituyente de Montecristi no previó el aumento de bandas organizadas para delinquir. Ante este fenómeno, es obligación del Gobierno adecuar las instituciones y herramientas constitucionales para que el Estado pueda responder eficiente y proporcionalmente en la lucha contra el crimen organizado.

Esperamos que la Asamblea Nacional asuma con responsabilidad este debate y permita el uso legítimo de la fuerza pública para desmantelar a estas organizaciones delictivas.

¿Cuál es el trámite que seguirá la reforma en la Corte y en la Asamblea?

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Actualmente el proceso se encuentra en la Corte Constitucional con número 7-22-RC-22. Al 10 de noviembre de 2022, la CC aún no avoca conocimiento de esta; la propuesta fue presentada el 31 de octubre. Es importante recordar que la Corte no tiene un tiempo legal para conocerla. Luego de la resolución de la Corte, se proseguirá con el trámite legal contenido en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (el debate en la Asamblea).

¿Creen que conseguirán los 92 votos que necesitarán para aprobar esa reforma?

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No se trata de que se consigan los votos; se trata de una oportunidad para que las fuerzas políticas trabajen en unidad para atender a una preocupación de la ciudadanía. La seguridad nos compete a todos los ecuatorianos, y es un asunto cuyo debate excede la afinidad o desánimo con el Gobierno. Es necesaria la unidad nacional y la cooperación de todas las instituciones que conforman el Estado para hacer frente a la amenaza del crimen organizado. Esperamos que la Asamblea Nacional asuma este debate con responsabilidad y escuche a los ecuatorianos. Según encuestas que son públicas, los ecuatorianos apoyan la medida de que las Fuerzas Armadas colaboren en la lucha contra el crimen organizado. Desde el Gobierno, asumimos sin caer en ingenuidades que hay momentos como este que están por encima de las diferencias políticas e ideológicas.

¿Cuál será la estrategia de negociación para lograr los votos?

Siempre partiendo de la institucionalidad, la pregunta presentada cuenta con un soporte jurídico, técnico, análisis de casos comparados y una clara exposición de la problemática detrás. Con lo cual, si bien estaremos abiertos al debate y la optimización del texto, siempre se recurrirá a los argumentos técnicos para que los legisladores puedan tramitar la propuesta con responsabilidad. Sin embargo, consideramos de manera central que la Asamblea deberá escuchar el clamor de la ciudadanía y cooperar para alcanzar un Ecuador más seguro.

Si no logran aprobar la reforma, ¿cree que políticamente se vería como que la Asamblea no ayuda a luchar contra la delincuencia?

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Partamos de la premisa de que esperamos que sí se apruebe. Hay causas y momentos que están muy por encima de las diferencias. Y aquí no se trata de que “no lo logremos”. No es un proyecto del Gobierno: es una herramienta de todos; es una propuesta pensada en el país. Si fuera el caso y la Asamblea Nacional niega el proyecto, creemos que lamentablemente tendríamos un nuevo motivo que abonaría al desprestigio de esta institución. Sin embargo, el Gobierno continuará cumpliendo con su obligación de proponer alternativas a los ecuatorianos para confrontar el problema de inseguridad. (I)

Redacción
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