Con el objetivo de avanzar rápidamente con el juicio político contra el contralor (s) Pablo Celi, la Asamblea resolvió archivar el juicio político contra el exministro de Energía René Ortiz. La sesión 713 del pleno se realizó por alrededor de cinco horas y terminó cerca de la medianoche del 1 de julio.

Con 132 votos afirmativos, de 132 legisladores presentes, la Asamblea aprobó el informe presentado por la Comisión de Fiscalización, el cual recomendaba archivar el proceso de Ortiz, debido a que los plazos para la sustentación precluyeron el pasado 28 de mayo. Además, los interpelantes iniciales ya no son parte de la Legislatura. La moción fue planteada por asambleísta Luis Almeida (PSC).

La Comisión sustentó que si se continuaba con el juicio se incurriría en una violación a las garantías del debido proceso y de legítimo derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El archivo, sin embargo, no implica que el proceso quedó descartado por completo, ya que se dejó la puerta abierta para que más adelante el juicio pueda ser iniciado por otros legisladores, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos para ello.

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El juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables en el gobierno de Lenín Moreno, fue planteado en el anterior periodo legislativo por los exasambleístas socialcristianos Mercedes Serrano y Dennis Marín, por incumplimiento de funciones en la contratación de seguros de Petroecuador y falta de control en el pago de jubilaciones a los trabajadores de las empresas públicas del país.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, manifestó que se debía priorizar el tema del contralor, por lo que era necesario archivar el caso de Ortiz. Enfatizó en que la mesa legislativa resolvió por unanimidad, una vez que precluyeron los plazos.

Advirtió que el proceso contra Pablo Celi va a generar “un terremoto”. Mostró el documento de la notificación de juicio político que la mañana del 1 de julio recibió y firmó el contralor en la Cárcel 4. Villavicencio dijo que la rúbrica de Celi es la misma que consta en la glosa a la operadora telefónica Conecel que supuestamente fue desvanecida.

Si bien la mayoría de asambleístas aceptó frenar el juicio a Ortiz, durante la sesión varios legisladores arremetieron en contra de Villavicencio y la Comisión de Fiscalización por no haber dado seguimiento al proceso desde que tomaron posesión y no haber presentado con anterioridad el informe para el archivo.

El legislador Salvador Quishpe, quien también votó a favor, recordó que en la sesión del pasado 25 de junio Villavicencio increpó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por no dar paso al juicio contra el exministro.

“Eso es lo que llevó a este Parlamento a que se retome el juicio a Ortiz. Esto vino de la Comisión. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados”, sentenció Quishpe y recriminó que se haya pretendido generar la idea de que los asambleístas protegían a Celi cuando se resolvió retomar el caso del exministro.

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Los asambleístas de UNES Paola Cabezas y Juan Lloret también criticaron los tropiezos que ha tenido el proceso de Ortiz. Y enfatizaron en que su caso no debe quedar en el olvido.

Cabezas expresó que todos los miembros de su bancada ponen sus votos a disposición del Partido Social Cristiano para apoyar una nueva solicitud de juicio político en contra de René Ortiz. Lo urgente, dijo, es destrabar la situación con la Contraloría.

Por su parte, Lloret señaló una serie de aspectos que hacían inviable continuar con el proceso del exministro. Uno de ellos es que los interpelantes originales ya no son legisladores.

DICTAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL CIADI

La sesión 713 empezó con el pedido de cambio de orden del día por parte de la asambleísta Esther Cuesta (UNES), para que se trate y apruebe una resolución de rechazo al fallo de la Corte Constitucional que dictaminó que no se requiere de aprobación previa de la Asamblea para ratificar el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados (Ciadi).

Según Cuesta, el dictamen emitido el 30 de junio vulnera el artículo 422 de la Constitución, el cual dispone que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

El pedido, sin embargo, no tuvo acogida, ya que se requerían de 70 votos favorables para cambiar el orden del día, pero solo se consiguieron 55.

En esta votación hubo inconvenientes técnicos con el Sistema de Curul Electrónica, que recoge los votos de los legisladores. (I)