La Asamblea Nacional instaló la sesión 040 para tramitar el juicio político en contra de Gonzalo Albán Molestina, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusado por incumplimiento de funciones al ser adherente del Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover).
La interpelación del funcionario se inició a las 14:20 de este 22 de septiembre de 2025, ante el pleno de la legislatura, con la fundamentación de la acusación planteada por el asambleísta oficialista Keevin Gallardo.
Publicidad
Luego intervino el acusado, Gonzalo Albán, a las 15:57. En su primera exposición dijo que el juicio es absurdo porque se lo acusa de un supuesto incumplimiento de funciones cometido en el año 2022, pero que él recién asumió funciones en enero de 2025. Su intervención no duró más de 20 minutos.
El asambleísta Keevin Gallardo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), pidió la destitución y censura de Gonzalo Albán Molestina como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al evidenciarse una violación clara de la normativa que prohíbe a un consejero ser adherente de un movimiento político.
Publicidad
En la exposición de sus acusaciones, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el legislador Gallardo indicó que con este juicio están defendiendo los valores fundamentales que rigen al Estado ecuatoriano, como la imparcialidad, la transparencia y sobre todo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones aprobada en líneas posteriores.
La afiliación política al movimiento Mover, en este contexto, compromete seriamente la confianza del ciudadano en la imparcialidad de la institución cuando un consejero está vinculado a un determinado movimiento político, como es este el caso.
El CPCCS, añadió, debe ser libre de influencias políticas para que pueda funcionar como un agente de control y un ente verdadero de participación ciudadana y democrática. Cuando un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana es percibido como un actor político, la democracia misma corre riesgo.
Estamos defendiendo los valores fundamentales que rigen al Estado ecuatoriano, como la imparcialidad, la transparencia y sobre todo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas, anotó.
Este juicio trata de establecer tres principios fundamentales: establecer la confianza ciudadana en el órgano, en este caso, no solamente en el órgano legislativo, sino también en el órgano de participación ciudadana.
Evitar que el CPCCS, como hasta la fecha lo es, se encuentre en la captura de bandos políticos sobre quienes sus representantes, miembros, directivos o adherentes realizan función pública.
Y finalmente, lo que se busca es la aplicación de sanciones a los funcionarios que de manera indebida y que con conocimiento de causa son parte de movimientos o partidos políticos.
El juicio político no es una herramienta de persecución, pero sí un instrumento para determinar la gravedad constitucional de violar requisitos establecidos, al estar como adherente de un movimiento político.
No estamos juzgando al ciudadano Gonzalo Albán, dijo Gallardo, sino que el consejero, pese a tener prohibición expresa normativa, llegó al cargo con una inhabilidad evidente, con una inhabilidad que hasta el día de hoy y de manera continua se convierte en un proceso de incumplimiento de sus funciones.
Frente a ello, dijo Gallardo, “tenemos esa obligación cívica, ética y moral de demostrar que esta Asamblea no se rinde ni se acomoda y que está a la altura de la misión de ser los guardianes de este sistema democrático y de la institucionalidad, que es un mandato ético, normativo y moral que nos da la ciudadanía”.
Cuestionó que se pretenda poner miedos de que acudirá a organismos internacionales como la CIDH, cuando nunca ese organismo trata juicios políticos, y por lo tanto, sobre responsabilidad civil, política y menos constitucional.
Defensa de Gonzalo Albán
El consejero del CPCCS Gonzalo Albán ocupó 18 minutos para presentar su defensa contra las acusaciones planteadas en su contra, y menos de un minuto para la contrarréplica, pues lo hizo para aclarar al legislador que “la palabra no es escribido, sino escrito”.
Inició su exposición señalando que no existe falta alguna que le pueda ser atribuida, y dijo que preocupa que este juicio político pone a prueba la madurez de la democracia y la vigencia de la Constitución. Dijo que llega a la Asamblea a defenderse “del juicio político más absurdo de la historia que se haya intentado en el país”.
Dijo que es un proceso que no solamente carece de fundamento, sino que además pretende aplastar la voluntad de cerca de 300.000 ecuatorianos que consignaron su voto en las urnas y que lo eligieron legítimamente.
Albán llamó a los legisladores a cumplir con sus funciones, pues este juicio político en su contra es imposible, porque la Constitución establece que la responsabilidad política se activa únicamente cuando un funcionario incumple funciones que ha asumido; pues nadie puede ser responsable de incumplir aquello que jamás haya ejercido. “Mis funciones como consejero se iniciaron en enero del 2025, pero se me pretende imputar un incumplimiento que no existe”, reiteró.
Dijo que la Asamblea debe entender que aceptar un juicio en estas condiciones sería abrir un precedente nefasto de que cualquier ciudadano pueda ser juzgado sin haber actuado, sin haber asumido competencia de ningún tipo. Que quede claro, este no es un juicio contra Gonzalo Albán, sino en contra del Estado de derecho y si se abre esta puerta, “mañana no solo podría caer un consejero, sino cualquier autoridad como un presidente, un ministro o alguno de ustedes, asambleístas”, apuntó.
Resaltó que la Constitución, en su artículo 131, es clara: el juicio político solo procede por incumplimiento de funciones. Sin embargo, el interpelante ni siquiera ha sabido clarificar por qué se pretende acusarlo “por supuestos hechos del 2022 cuando cumplía a cabalidad un proceso de calificación e inscripción para desempeñar la dignidad” que hoy ostenta y “cuando claro está ni siquiera era consejero”.
Insistió en que hoy la Asamblea pretende romper el principio de legalidad, atribuyéndose competencias que nunca tuvo, y luego se pretende sancionarlo por supuestamente incumplirlas.
“Con todo respeto, legisladores, esto no es control político. Esto es un despropósito jurídico que raya en el ridículo”, insistió.
Dijo que lo acusan de haber sido adherente a un movimiento político, cuando miles de ecuatorianos han aparecido registrados a organizaciones políticas de manera involuntaria y sin su consentimiento. Estas adherencias irregulares son el pan de cada día y este fue su caso.
Afirmó que paradójicamente, el asambleísta Gallardo presenta como pruebas las resoluciones del CNE que fueron dejadas sin efecto. Es decir, documentos que no existen.
Albán Molestina señaló: Esta injusta, absurda y mal estructurada acusación podrá tener los votos suficientes para la censura y destitución, pero “jamás tendrá los argumentos ni las razones que respalden este despropósito. Y es aquí cuando me pregunto si esto verdaderamente nace de usted o se trata de una orden superior. Algo que le han obligado a hacer”.
El consejero Albán sugirió al legislador Gallardo que cuando “le pidan algo incorrecto contra sus principios, aléjese; los jóvenes no están para ser usados como fusibles, ustedes están para fortalecer la democracia, no para destruirla”, puntualizó.
Afirmó que podrá llevar como medalla una destitución. “En cambio, usted llevará toda su vida sobre su espalda el peso de haber cometido una injusticia. Hoy yo soy el acusado. Mañana puede ser cualquiera de ustedes”, sentenció.
Albán cerró su intervención advirtiendo las posibles consecuencias que podrían generarse a partir de este absurdo y expuso las declaraciones del constitucionalista André Benavides, quien señaló como parte de la prueba que “este proceso puede generar responsabilidades electorales, penales, constitucionales, internacionales” . (I)