El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por presunto peculado se sustanciará exclusivamente por los contratos Time Charter entre Flopec EP y Amazonas Tankers, sentenció el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

Este 3 de abril, la mesa de Fiscalización y Control Político conoció la solicitud de juicio planteada por los asambleístas: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). La acusación se refiere a un presunto peculado. La comisión también conoció el dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Inició el trámite del juicio político contra Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización

Villavicencio explicó que en estricto derecho los plazos corren a partir de la notificación a las partes, y anunció que este martes 4 de abril, solicitará a los legisladores proponentes del juicio que individualicen la prueba, porque fue presentada de forma general por tres acusaciones que incluía un supuesto delito de concusión, pero la CC delimitó el ámbito de la causa, en este caso, por peculado.

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Por ello, los acusadores deben precisar cuáles son las pruebas de cargo y luego de ello, se tendrá que foliar porque son centenares de documentos y todo ese documento se tiene que presentar y notificar de forma presencial al Presidente de la República y lo mismo a los proponentes, explicó Villavicencio, quien insistió que una vez que sean notificados empezarán a correr los diez días de la presentación de pruebas, diez días de evacuación de pruebas y diez días para la elaboración del informe.

Este lunes 3 de abril, en la tarde, la Comisión de Fiscalización remitió un oficio a los acusadores para que realicen la individualización de las pruebas y con ello, se remitirá el expediente con la notificación al Presidente de la República, lo cual podría suceder sería el miércoles 5 de abril, contó Villavicencio.

El legislador nacional que preside la Comisión dijo que el juicio al primer mandatario fue delimitado por la Corte Constitucional como lo determina el párrafo 95.4 de la sentencia de admisibilidad donde se señala que: “En lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución (peculado), así como los hechos, no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo.

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Y en además lo que señala el numeral 3 del dictamen: “Disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada ‘Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza ‘.

El asambleísta Villavicencio dijo que de oficio se practicarán algunas pruebas y comparecencias en este caso como el llamado al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la comparecencia de Pilar Ferri, del ex ministro René Ortiz; entre otros.

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Juan Fernando Flores del sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), manifestó que el país debe conocer que la razón por la cual se pretende enjuiciar al primer mandatario es por un supuesto hecho de peculado relacionado con un contrato que se firmó en el 2018, cuando el presidente Guillermo Lasso, no asumía el cargo.

Hay que prepararse para ver un sinfín de elementos, incomodidades, molestias, narrativas y discursos que seguramente “van a buscar adornar lo que no tienen desde el día uno, una prueba de responsabilidad fehaciente sobre este supuesto hecho”, advirtió.

El coordinador de la bancada oficialista dijo que llama la atención que el tema por el cual está siendo enjuiciado el Presidente de la República tiene que ver con el contrato de Flopec de 2018; contrato que tiene un informe firmado por la asambleísta Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), donde mencionaba que no había ningún elemento negativo en que se de paso a la contratación, “por lo cual nos llama la atención cómo legisladores estuvieron detrás de una maniobra en el tema de Flopec, para que se de paso al contrato, y ahora ese contraro es con el cuál se pretende perjudicar al Presidente de la República”.

En este proceso de juicio, anunció Flores, se conocerá muchas realidades en el país, y sobre todo, se comenzarán a preguntar por qué la asambleísta Mireya Pazmiño, no estuvo en la sesión inicial de la Comisión de Fiscalización para dar curso al juicio.

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En el primer día de sesiones de la comisión los legisladores Roberto Cuero y Comps Córdova se quejaron de que se pretenda delimitar un juicio que no es penal, sino político. Rechazaron que se pretenda trazar la cancha, sobre lo se pueden o no hacer los legisladores integrantes de la comisión de Fiscalización. (I)