Paralelamente al inicio de la etapa de actuación de la prueba del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional arrancaron las negociaciones políticas para la renovación de las autoridades del Parlamento que deberá realizarse el 14 de mayo próximo.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tenía previsto, este 18 de abril, abrir el telón de las comparecencias de medio centenar de testigos solicitados por los acusadores y acusado, como parte de la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo. La sesión fue convocada para las 15:30.
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Los primeros en ser llamados fueron el exsecretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto; Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador; Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia; y, Anderson Boscán, del portal La Posta, quien anticipó su excusa.
El proceso de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios, constitucionalistas y asambleístas se extenderá hasta el 26 de abril, de ahí se debe esperar diez días más para la elaboración del informe motivado que primero debe ser aprobado en la mesa de Fiscalización y posterior a ello, entregado a presidencia de la Asamblea; luego, será conocido en el pleno del Parlamento para el debate y resolución.
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El titular de la legislativo, Virgilio Saquicela, señaló que es una posibilidad que el desenlace del juicio político al presidente, Guillermo Lasso, desemboque el mismo 14 de mayo, cuando se tenga que designar a las autoridades de la Asamblea Nacional por mandato constitucional, para los próximos dos años.
El informe sobre el juicio estaría listo en la Comisión de Fiscalización hasta el 7 de mayo, pero la norma establece que habrá dos días de socialización entre los 137 asambleístas; y luego la ley determina dos días para convocar a sesión del pleno donde el primer mandatario deberá defenderse; posterior a ello, se abrirá el debate y se suspenderá por 72 horas, antes de la votación, con lo cual el proceso sería luego del 14 de mayo, anotó.
Negociaciones y cálculos
El avispero político en la Asamblea Nacional empezó a alborotarse. Todos los asambleístas saben y hablan que el juicio político al primer mandatario estará atado a las elecciones internas de la Asamblea donde se tendrá que elegir al presidente del Parlamento, dos vicepresidentes, repartirse quince comisiones especializadas permanentes y designar a cuatro legisladores para que ocupen el Consejo de Administración Legislativa (CAL). A eso se agrega los cargos administrativos internos en el Parlamento.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dio la voz de alerta y dijo que han iniciado los diálogos respecto al cambio de autoridades y que hay un grupo de 27 legisladores que “han dialogado conmigo y han pedido que mire la posibilidad de que estemos los dos años siguientes en la presidencia de la Asamblea Nacional y en base de ello estamos conversando”.
Afirmó que los votos que lo apoyan responden a un sector importante de la Izquierda Democrática, de Pachakutik e independientes. Con ello, conversará con los otros sectores políticos para ver si existe o no posibilidades, aunque adelantó que él no se presta para negociaciones de las que se viene hablando de que las elecciones de las autoridades del Parlamento bloquearían el juicio al primer mandatario.
Saquicela, en diálogo con la prensa, hizo un recuento de lo sucedido hasta el momento en la Comisión de Fiscalización y lo que pasará con el juicio político al primer mandatario cuando el informe llegue a sus manos, esto es, alrededor del 7 de mayo próximo.
Una vez que se socialice el informe del juicio al presidente Guillermo Lasso, entre los 137 asambleístas, convocará en un plazo de dos días al pleno para el inicio del proceso y defensa del mandatario; posterior a ello, se deberá esperar hasta tres días para convocar a una sesión de votación de una moción sea por la destitución o por el archivo del proceso.
Según los cálculos de Saquicela, esos tiempos podrían coincidir con la sesión ordinaria del 14 de mayo, que por mandato constitucional, deberá instalar el Parlamento para elegir a las autoridades para los próximos dos años.
La representante de la Izquierda Democrática, Johana Moreira, dijo que no puede cortar los sueños de nadie, pero su bancada no apoyará a Virgilio Saquicela, para que permanezca dos años más en el presidencia del Parlamento, que ese era un acuerdo entre el PSC y el correísmo. Hay que ver si le cumplen la palabra, anotó.
Moreira dijo que las elecciones de las nuevas autoridades de la Asamblea dependerán de los resultados del juicio político al primer mandatario, “porque en las conversaciones muchos asambleístas aspiran tener presidencias y vicepresidencias en las comisiones, muchos hablan de conformar nuevas mayorías si se rompen algunas bancadas, porque hay muchos asambleístas que se siente relegados y que no han sido escuchados por sus mismas bancadas y prevalece el resentimiento”.
El coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz Jácome, advirtió a los bloques legisladores que aún no cuenten los votos de Pachakutik a favor o en contra del juicio político a Guillermo Lasso, que primero escucharán las pruebas de cargo y de descargo.
Que Pachakutik no llegó a la Asamblea para cuidar intereses políticos de líderes políticos que están corridos de la justicia y que buscan tomarse la Contraloría, la justicia y los órganos de gobierno y poder cogobernar y entregar los recursos naturales a las transnacionales, dijo Ruiz.
Muerte Cruzada
Frente al anuncio del primer mandatario de activar la muerte cruzada (disolver la Asamblea Nacional), si no logra los votos para evitar la destitución, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, preguntó al presidente Guillermo Lasso, por qué no lo hizo hace seis meses o un año, esto debido a que entre los justificativos se refiere a la no aprobación de la ley de inversiones.
Por qué no llama hoy a la muerte cruzada, por qué esperar hasta el último día para ver si hay o no los votos, reclamó Saquicela, tras señalar que el anuncio del presidente Guillermo Lasso no es congruente con las causales y no se puede abusar de la ley ni de la Constitución. “Habrá que ver que es lo que sucede, si él opera la disolución de la Asamblea y tendrá que sujetarse a un análisis de la Corte Constitucional”, insistió.
Saquicela reclamó por las afirmaciones hechas por el primer mandatario de que la Asamblea Nacional ha obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo y que esa sería la causa principal para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea; pero si eso ocurrió hace más de un año, por qué no lo hizo, preguntó.
Más allá de lo legal, la aplicación de la muerte cruzada sería inconstitucional, alertó Saquicela, porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional.
El titular de la legislatura espera que el país no se caotice más allá de la inseguridad en que se vive, que a su criterio es un caos en el Ecuador sobre lo cual han reclamado como Función Legislativa de que pongan los recursos para combatir la delincuencia y no se lo hace hasta el momento; pues lastimosamente se pintan patrulleros viejos, no se compran armas, vehículos, chalecos e insumos para la Policía Nacional, anotó.
Por lo tanto, dijo que no se justifica por ningún lado una muerte cruzada en el país, porque no se ha obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo, pues las leyes propuestas por el Ejecutivo se han tramitado, las reformas constitucionales se están tramitando, la ley de inversiones no se aprobó, pero no hay norma que obligue a la Asamblea a aprobarla.
La única alternativa al momento, añadió Saquicela, es que se procese el juicio político al presidente, Guillermo Lasso, y se llegue a su resolución en el momento correspondiente. (I)