El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Vicente Fernando Hidalgo, dispuso el desbloqueo de las cuentas bancarias de tres colectivos de la Amazonía, a los cuales se les congelaron sus fondos durante el paro nacional en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
La decisión se anunció, de manera oral, este miércoles, 5 de noviembre de 2025, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares, que presentaron los colectivos defensores de derechos ambientales que trabajan con pueblos indigenas: Alianza Ceibo, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y PAKKIRU, nacionalidad Kichwa de Pastaza.
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El abogado Pablo Fajardo, representante de la UDAPT, comentó que durante la diligencia, las defensas de los tres colectivos presentaron sus argumentos, entre ellos que sus fondos provienen de la cooperación internacional, que el destino de sus gastos van a proyectos de defensa de derechos humanos, naturaleza, pueblos indígenas y asistencia social.
“Demostramos que todas nuestras cuentas son públicas, no son secretas, que cumplimos con toda la parte tributaria, con el SRI, que no hay nada oculto, nada ilícito”, repasó Fajardo.
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El representante también dijo que en la audiencia, que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y de manera virtual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sostuvo que el congelamiento de cuentas a estas organizaciones se basó en un informe de inteligencia con carácter “secreto” que no se puede revelar.
“Ninguno de los tres colectivos fuimos notificados del bloqueo de cuentas ni por la unidad judicial, ni por la UAFE ni por la Superintendencia de Bancos. Nos enteramos ya cuando las cuentas fueron bloqueadas. Nadie nos notificó”, dijo Pablo Fajardo.
Con estos hechos, explicó el activista, el juez Vicente Fernando Hidalgo dispuso la revocatoria inmediata de la medida del bloqueo de cuentas, que se adoptó desde el pasado 6 de octubre. El magistrado también ordenó que, en un plazo de tres días, la Superintendencia de Bancos debe notificar a esta unidad judicial sobre el cumplimiento de la disposición.
Por otro lado, sobre el mismo de caso de retención de fondos, Sonia Vera, abogada de la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció, ante la comunidad internacional, una eventual “persecución política y étnica ejecutada por el gobierno ecuatoriano”.
En un video publicado en redes sociales, la viceprefecta repasa que pese a que el 31 de octubre, la justifica dispuso el desbloqueo de cuentas, esta disposición aún no se cumple.
Sobre el congelamiento de cuentas a más de 50 organizaciones y dirigentes sociales, durante el mes de protestas, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, sostuvo, este 5 de noviembre, que se trata de una “medida cautelar” que si bien inicia con un reporte de operaciones inusuales no depende de la Presidencia de la República, sino que está en manos de la justicia. (I)