Para el próximo miércoles 27 de agosto de 2025, se difirió la audiencia de acción pública de inconstitucionalidad de una serie de demandas que organizaciones sociales presentaron contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, ante la Corte Constitucional (CC).
La decisión de aplazar la diligencia fue anunciada por el juez sustanciador de las causas, José Luis Terán, este 15 de agosto.
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El magistrado constitucional acogió los pedidos de uno de los accionantes, Juan Pablo Guerra Galán, director ejecutivo de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), así como de la procuradora judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Mercedes Estefanía Mediavilla.
En este sentido, el juez de la CC fijó para el 27 de agosto, a las 10:00, a la audiencia pública y mantuvo la modalidad telemática, pese al pedido de la Presidencia de la República.
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Stalin Santiago Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, solicitó a José Luis Terán que difiera la audiencia, aunque el 14 de agosto, Andino desistió de la petición, pero insistió en que la audiencia se realice de forma presencial.
Sobre esto, el juez resolvió mantener la convocatoria a audiencia pública de forma telemática, a través de la plataforma Zoom, en la que podrán participar los accionantes de las distintas causas que se acumulen hasta esa fecha.
Los demandantes, entre ellos la Unión Nacional de Educadores (UNE); el abogado Adolfo Fernando Espinel; el Colectivo Sindical Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE); la Federación Médica Ecuatoriana, entre otros, piden que se suspendan algunos artículos de la normativa aprobada en la Asamblea Nacional, el 24 de junio con 84 votos, y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio.
El pasado 4 de agosto, el organismo de control constitucional dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria décimo primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública, relacionada con la obligación de que las cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en sociedades anónimas del sector financiero privado.
(I)