El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció el viernes 22 de abril que se iniciaron investigaciones sobre las actuaciones de los jueces multicompetentes de Manglaralto (cantón Santa Elena) Érika Moriel y Diego Moscoso, quienes en días recientes concedieron acciones de habeas corpus que beneficiaron al exvicepresidente Jorge Glas y al ciudadano holandés Vokshi N., que tenía notificación roja de la Interpol.

Las investigaciones fueron dispuestas por el presidente del CJ, Fausto Murillo, y están a cargo de la Dirección de Transparencia.

Jueza concedió ‘habeas corpus’ a holandés detenido en la vía a Daule y que tenía notificación roja de la Interpol; la Corte Nacional de Justicia solicitó suspender a la magistrada

La jueza Moriel otorgó el recurso legal a favor de Vokshi N. el 20 de abril y ordenó su inmediata liberación, lo que causó el rechazo del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, quien solicitó a la Judicatura suspender a la magistrada y revisar su conducta por error inexcusable.

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El ciudadano holandés fue detenido el 2 de abril, en la vía a Daule. Es requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas.

Por otro lado, el magistrado Moscoso otorgó el habeas corpus a Jorge Glas el 10 de abril, lo que permitió que el exvicepresidente de la República recuperara su libertad y abandonara la cárcel de Latacunga.

La Judicatura señaló que, en ambos casos, “la Dirección de Transparencia verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de habeas corpus”.

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Si se confirma que hubo irregularidades, se aplicará una sanción, que puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución), explicó la institución.

Quién es Diego Moscoso Cedeño, el juez que con ‘habeas corpus’ sacó de la cárcel al exvicepresidente Jorge Glas

Mientras se desarrollan las indagaciones, el CJ indicó que espera que las partes afectadas por las resoluciones de los jueces Moriel y Mocoso presenten una denuncia y un pedido de declaración jurisdiccional previa a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por negligencia, error inexcusable o dolo.

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Aclaró que las infracciones disciplinarias son consideradas gravísimas, por lo que concluyen en la destitución del funcionario judicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. (I)