Por las omisiones que originaron la prescripción de trece procesos disciplinarios que se seguían contra tres jueces del Tribunal de Garantías Penales del cantón Chone, en la provincia de Manabí, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso el inicio de sumarios disciplinarios en contra del exdirector provincial de la Judicatura de Manabí en el ámbito disciplinario Ronal Giler y del actual director de la misma área, Jorge Manzo.
La decisión se adoptó tras verificarse que por sus omisiones y responsabilidades prescribieron procesos disciplinarios que se seguían contra tres jueces penales de la jurisdicción de Chone, quienes habían tenido retardos injustificados en la reducción a escrito de sentencias en causas por delitos de femicidio, violación, abuso sexual, abigeato, asesinato, robo y homicidio.
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El tiempo de los retardos en los trece casos analizados va desde el año, cuatro meses y 19 días, pasa por dos años, un mes y 25 días, hasta los tres años, siete meses y cinco días. Pese a la existencia de estas situaciones, los entonces funcionarios no habrían ejercido las acciones disciplinarias respectivas en el tiempo legal definido en la norma, generando la prescripción de los procesos de carácter disciplinario.
Los vocales de la Judicatura Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros, durante una sesión extraordinaria llevada la mañana del 3 de marzo último, aceptaron la recomendación del área técnica en cada uno de los trece expedientes analizados, en lo que tiene que ver con el inicio de los sumarios disciplinarios contra el ex y actual director provincial de la Judicatura de Manabí en el ámbito disciplinario.
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La vocal Ruiz dejó claro que la prescripción de los trece casos no es atribuible al actual pleno del Consejo de la Judicatura; mientras que el vocal Alfredo Cuadros confirmó que dichas prescripciones se produjeron por omisiones atribuibles a la Dirección Provincial del CJ de Manabí en el ámbito disciplinario, lo que motivó el inicio de los respectivos expedientes administrativos.
Por su parte, Fabián Fabara indicó que la actuación del pleno de la Judicatura se limita a la aplicación estricta de la normativa vigente y reiteró que los casos analizados corresponderían a gestiones anteriores de la institución, sin vinculación con la actual administración. (I)