La exasambleísta de CREO Jeannine Cruz fue designada el jueves pasado como delegada del Ejecutivo al Consejo de Comunicación, organismo creado por consulta popular del 2011. El presidente Guillermo Lasso, en su proyecto de Ley orgánica de Libre Expresión y Comunicación, propone la extinción de este organismo, y Cruz prevé entregar una evaluación de las fortalezas y debilidades. Asegura que durante el debate de la norma, la Asamblea Nacional deberá establecer la necesidad de mantenerlo.

Aunque lleva pocas horas de gestión, ¿qué información conoció sobre el trabajo del Consejo de Comunicación?

Solicité al personal un informe de actividades para analizar los resultados del trabajo de la institución. Conocí que el presupuesto aproximado es de $ 2′700.000, de los cuales se designa el 80 % en pago de salarios, y el otro porcentaje es para gasto corriente. Me llamó la atención el precio del arriendo del edificio que asciende a $ 20.000. Es bastantísimo. Hay que decir que no se ha avanzado en objetivos clave, como definir cuáles son las competencias de los ministerios, para establecer un reglamento para el sistema de la protección de los derechos de los trabajadores de la comunicación. Esto surgió después del asesinato al equipo periodístico de diario El Comercio. Se ha dejado esto en el limbo, porque el Consejo ha estado un año sin una cabeza principal para evaluar el trabajo periodístico.

Justamente, ¿qué sucedió con este consejo de protección de periodistas?

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Esto se quedó en stand by porque la institución se quedó con delegaciones. Había una delegada, pero que no asumía. También hacía falta la presencia de otros delegados de otras instituciones, lo que ha impedido que se avance en los objetivos. Un año ha estado sin cabeza principal, por eso se ve la orfandad en el sistema de protección.

¿En el tema del concurso público para la adjudicación de frecuencias, qué informes recibió?

Cuando fui asambleísta convoqué a las autoridades de la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Comunicación para conocer cómo avanzaba el concurso de asignación de frecuencia. Se desató el debate, y a la Comisión de Fiscalización fueron las autoridades y nos dejaron más dudas que certezas. Pero se va a solicitar una mesa para conocer qué arroja la Arcotel. Aún no ha llegado la información de hace tres meses, porque entregan un informe trimestral. Y vamos a pedir una actualización de la información. Quiero saber cuáles son las debilidades, fortalezas y entablar una mesa de transición con el Gobierno, porque al final es la Asamblea Nacional la que analizará la importancia o no de este Consejo.

Contenido de propuesta de nueva Ley de Comunicación aún debe afinarse

Hay dudas sobre el proyecto de Ley de Libertad de Expresión enviado por el presidente Guillermo Lasso, que plantea la eliminación del Consejo de Comunicación, pero fue creado por consulta popular.

En la consulta del 2011 se pidió que se cree una instancia como el Consejo de Comunicación. La Ley de Comunicación manejó el tema del Consejo. Ahora, la Asamblea deberá analizar la política pública sobre la promoción de derechos, y cuál será la institución que pueda sobrellevar este ajuste de poder seguir con la promoción de derechos y pueda haber un observatorio de derechos. Pero esto se tiene que aterrizar en el debate de la comunicación y estamos dispuestos a poner nuestro contingente en el debate de este proyecto.

El reglamento a la Ley de Comunicación que está vigente no se aplicó en el gobierno anterior y este lo derogó. ¿Conoce qué efectos ha tenido?

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Es evidente lo que está pasando, está en la orfandad el sistema de protección de derechos de los periodistas. Esto evidencia la falta de articulación de sistemas de protección. El presidente derogó el reglamento porque no se ajustaba a la actual reforma a la Ley de Comunicación. Por eso, se emite un proyecto de ley que tenga respeto sobre los tratados internacionales y de respeto al trabajo periodístico. La Asamblea analizará esta propuesta para que pueda aterrizar la ley. Hay un reglamento que nunca fue actualizado por el expresidente Lenín Moreno, y tampoco sus autoridades avanzaron en definir las competencias para el sistema de protección.

Proyecto de Ley de Libertad de Expresión no observa el mandato de la consulta popular del 2011

Usted estuvo presa por criticar a una autoridad. Cree que sí es pertinente despenalizar la calumnia, porque hay voces que dicen que sería un error, porque cualquiera podría ofender a un ciudadano.

Como actora política y funcionaria pública, hay que tener claro que quien decide asumir el reto de participar en la función pública, nos guste o no estamos expuestos a la crítica, que es parte de una sociedad democrática. Pero en nuestro país se ha dado rienda suelta a un sistema de sanción, multas. Cuando fui concejal de Loja, estaba cumpliendo mi papel de fiscalizadora, y desde una sabatina se ordenó la prisión en mi contra. Eso marcó un mal precedente para la libertad de expresión. Quien tiene la piel muy fina no podía someterse al escrutinio.

¿Tiene propuestas para el trabajo de los medios públicos e incautados?

Hay una clara preocupación del sector de organizaciones y fundaciones sobre lo que es mantener el compromiso y responsabilidad en el manejo de los medios públicos. El medio público es de la gente, es del Estado, no es de la autoridad. Hay que aterrizar en las realidades locales, en donde, por ejemplo, un alcalde que maneja una radio pública, por mi experiencia, jamás se ha permitido la crítica. Hay que preguntar si los medios de comunicación públicos están sintonizados con una agenda ciudadana. Es importante abrir el debate y cuál sería el horizonte y responsabilidad de los medios públicos. Si mañana una prefecta, un alcalde, utiliza un medio para una agenda para su carrera política, estamos fallando a esa vocación de servicio. Sería interesante lanzar una responsabilidad desde la academia, para ver cuántos medios públicos realmente tienen la independencia de criticar a la autoridad. Seguramente no habrá ninguno, y eso es atentatorio a la libertad de expresión.

La autorregulación en la prensa se rescata en la propuesta de Ley de Comunicación

¿Es importante monitorear los medios desde el Consejo de Comunicación, respecto del debate de la autorregulación?

La autorregulación debe ser un compromiso de los medios de comunicación. Hay que preguntar a los medios de comunicación y quisiera tener un diálogo con los dueños y periodistas de cómo se puede manejar la autorregulación. Estoy convencida en el debate del proyecto de ley.

¿Cuál será su papel dentro de este proceso que llevará a cabo la Asamblea?

Seguramente, por la situación actual del Consejo, pedirán la presencia de los delegados a la Asamblea, y ahí mostrarles la realidad de para qué ha servido este organismo. Aunque lamentablemente hay este fantasma de la regulación. Hay miedo y desconfianza, porque en el pasado hemos visto instituciones que multaban, cerraban medios. Es importante este debate para cerrar el capítulo donde se violentó el derecho a la comunicación y se persiguió.

¿Es importante la existencia de este Consejo?

El presidente de la República fue claro. Él ha pedido la eliminación de cualquier ente regulador y estamos en este camino de la libertad de expresión. Por eso es importante nuestra presencia en la Asamblea Nacional, para poner a consideración lo que tenemos de insumo, y que en este debate puedan revisarse los beneficios, debilidades y fortalezas del organismo. La parte sensible es la promoción de los derechos, que hay instituciones que pueden manejar la promoción de derechos y se podría articular convenios para ello. (I)