Convencido de que su voz “afecta el status quo” que impera en el funcionamiento del mercado de valores de Ecuador y por la falta de respuesta de las autoridades de control, el general en servicio pasivo Juan Carlos Rueda renunció la tarde del jueves pasado a la dirección del Isspol. Lo hizo ante el presidente del consejo directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ministro Gabriel Martínez Castro. En una entrevista con EL UNIVERSO, Rueda Montenegro hizo un balance sobre el grave problema que afecta al Instituto, ya que casi $ 800 millones se invirtieron a través de operaciones con actores del mercado de valores sin que ahora el Isspol tenga los documentos que las respalden. Casi unos $ 700 millones fueron con el estructurador financiero Jorge Chérrez Miño, acusado por las autoridades estadounidenses de lavado de activos y soborno a cuatro funcionarios del Isspol. Rueda alertó que este delito de cuello blanco no se dio por casualidad.

¿Cuáles son los inconvenientes que encontró en la dirección del Isspol?

Esto se circunscribe en un escenario en el que los personajes que son señalados y tienen órdenes de detención en Estados Unidos, en cambio en nuestro país se les da plataforma en la Asamblea Nacional o los ministros los condecoran. Las cosas están tan de cabeza que las entidades de control y las empresas no cumplen las funciones para las que fueron creadas, como el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Decevale, que se convirtió en un parapeto para constituir un proceso colusorio en el que se afectan a miles de familias.

¿Considera que las autoridades de control no han colaborado con el Instituto para desenmarañar este caso?

Las autoridades deben cumplir longitudinalmente sus responsabilidades, pero también las empresas del sistema del mercado de valores. Las entidades de control precisamente debieron haber tenido control sobre el Depósito Centralizado del Banco Central, sobre el Decevale, la Bolsa de Valores de Guayaquil, las casas Accival y Citadel, las calificadoras de Riesgo, las fiduciarias y el mismo Isspol. La Intendencia de Seguridad Social debió recibir informes anuales sobre las inversiones en bonos del Estado Ecuatoriano y al menos debió haber preguntado si tenía la autorización para hacerlo. Solo a partir del 2018 se retoma una actividad de control con la economista Ruth Arregui. Y ahora cuando el Isspol interpuso una medida cautelar contra el Decevale, la superintendente de Bancos ni siquiera me contesta.

¿Usted siente que estas autoridades de control no colaboran con el Isspol?

No quiero que sean colaborativos conmigo, quiero que cumplan su deber y apliquen los mecanismos respectivos. Este no es un problema de la Policía, es un problema del mercado de valores y del país.

En la anterior administración, el Decevale le garantizó a la Policía que tenía en custodia los $ 700 millones de títulos en inversiones ¿cuál ha sido la colaboración de la nueva administración del Decevale con el Isspol?

La nueva administración nos responde algunas cartas, pero con las mismas explicaciones. El nuevo presidente del directorio, Roberto González, tiene una buena disposición, estuvo en una reunión con el consejo directivo del Isspol y su conclusión es que dudaba mucho que recuperemos nuestra inversión por todos estos procesos colusorios entre autoridades que estaban vinculadas por conflictos de interés, que tenían nexos familiares y de negocios. Pero ahí hay responsables que tenían conocimiento y actuaron. Acepto la solidaridad de González pero son $ 700 millones y yo no puedo pagar las pensiones de los policías ni enviar a un niño a un tratamiento al extranjero con las disculpas del Decevale.

¿El Decevale les ha pedido a ustedes información para iniciar una demanda contra los exfuncionarios del Depósito que conocían de las operaciones y hasta certificaron que las custodiaban?

En buena hora que ahora busque información sobre quiénes conocieron, autorizaron y realizaron operaciones, pero debería hacerlo en la instancia que corresponde, que es en la justicia. Ha pedido visto bueno para la señora Oriana Rumbea, pero el Ministerio de Trabajo no se lo ha autorizado. Esto tiene tantas aristas y es un tema tan grave que hasta los candidatos presidenciales deberían pronunciarse. No puedo seguir la corriente y quedarme callado. ¿Cómo puedo invertir en un mercado de valores que no puede garantizar que he invertido? ¿Que después me dice que todo fue un arreglo entre funcionarios? ¿O que me respondan que Jorge Chérrez está en Acapulco pero que el gobierno de México no lo quiere expulsar para que vaya a responder ante la justicia de Estados Unidos?

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sí han colaborado con este caso.

Es público, ellos no dicen, ellos hacen. Eso debe importarle a los ecuatorianos. El comandante de la Policía y la exministra de Gobierno pidieron colaboración a Estados Unidos y eso funcionó.

¿Se ha intentado realizar una búsqueda forense sobre los titulares de los bonos en el exterior y los fondos del Isspol?

Una de las razones por las que hago conocer mi renuncia es que cuando estoy tratando de recuperar las inversiones tengo todos los obstáculos internos y externos, y debo cumplir requisitos exquisitos. Si así se hubiera procedido para invertir más de $ 800 millones del Isspol no estaríamos conversando sobre esto ni hubiera sido necesaria mi presencia. Hemos conversado con algunas firmas extranjeras de prestigio, como Kroll por ejemplo, pero aún no se ha concretado una contratación.

¿En su administración se ha realizado un estudio actuarial del Isspol?

He pedido la contratación de un actuario y cuando ya estábamos por concretarlo, sacan del orden del día mi propuesta. El actuario del Isspol es un oficial de Policía que tuvo COVID y que ahora tiene una complicación por lo que no puede trabajar. ¿Usted cree que un director de un Instituto de Seguridad Social que pugna por tener un actuario profesional pueda seguir al frente de la institución si no puede tomar ese tipo de decisiones?

La parte actuarial de un instituto de previsión social es importante.

Escúcheme, la Ley de Seguridad Social, entre comillas de fortalecimiento, fue expedida sin estudios actuariales ni base técnica, la descapitalización que produce esta ley nos afecta tanto o más que la estafa de los $ 700 millones. Si no se hubiera declarado inconstitucional esta ley, en los próximos cinco o seis años el sistema colapsaba y ahí se licuaba todo este fraude. Tenían que mantenerse un tiempo más, pero hay alguien que viene y les patea el tablero, y les dice ‘No’, esa fue la ministra María Paula Romo. Creo que ella no tenía idea de hasta dónde podía llegar esto. Esta ley fue hecha para que en los próximos diez años se acabara el sistema y como tenía garantía del Estado, todas las pérdidas las asumía el Estado.

La ley permitía que los policías pasaran al sistema del IESS pagando solo el 9,45 % de su salario, cuando al Isspol debían aportar el 23 %. ¿El Isspol se descapitalizaría con el tiempo y luego todo se fusionaría?

Este manejo sutil, perverso tiene nombres y apellidos, tiene autoridades y gobiernos que lo generaron. El argumento del Gobierno anterior era que la seguridad social debe ser igual para todos. Los dedos de la mano no son iguales, los policías tienen un trabajo de riesgo, sin horarios y en condiciones dramáticas, por eso aportamos más del doble que los empleados públicos civiles. Disfrazaron esa diferencia del aporte como un aumento de sueldo e hicieron lo mismo con los militares.

¿Con la declaratoria de inconstitucionalidad, los aportes regresan al nivel anterior?

Exacto, y el Estado deberá aportar lo que corresponde.

¿Y usted piensa que la Fiscalía está preparada para investigar esta trama, que fue una operación de alta finanzas con sobornos de por medio, un delito de cuello blanco?

Tengo fe que lo pueda hacer, pero he tenido que respirar para responder.

La Fiscalía se apoya en una Policía Judicial.

Es muy complicado. Hay poderes económicos y políticos que están detrás de todo esto. Hay nombres...

¿Cómo quiénes?

Hay directores, hay políticos, hasta los condecoran.

¿Se refiere a la condecoración del entonces ministro José Serrano a Jorge Chérrez?

Usted lo ha dicho.

¿El Isspol o la Procuraduría van a ser parte del juicio por sobornos y lavado de activos de Estados Unidos contra Jorge Chérrez y John Robert Luzuriaga para tener acceso a las pruebas que se produzcan allá?

El procurador conoce del caso y está cumpliendo con su deber. Ya ha anunciado que será parte procesal en el caso que por peculado se sigue aquí. Y espero que sea parte del caso en Estados Unidos porque son recursos públicos y espero que gane porque aquí las víctimas son los policías y sus familias.

¿El Instituto es salvable a pesar del hueco de los $ 700 millones?

Tenemos $ 550 millones en inversiones privativas que son préstamos a los policías, garantizados con hipotecas y que se recuperan, ellos saben pagar; no como algunas empresas que hacen fideicomisos para recibir dinero y que luego nos quieren pagar con bienes de menor valor. Esas inversiones privativas de la Policía van bien. Además, tenemos varios certificados del Tesoro Nacional, los Cetes, e inversiones en el sistema financiero, que después de la crisis del 2000 está sólido.

¿Este problema en el que participaron varios actores del mercado de valores podría provocar una crisis de confianza en el mercado?

Hay tantos intereses en esta trama, que casi le podría dar por firmado que a los periodistas también los van a callar. (I)