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QUITO (16-01-2024).- El presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), Mauricio Torres (c), el vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Iglesias (i) y el Defensor del Pueblo, César Córdova, informaron sobre las acciones que se implementarán en el 2024 para fomentar la integridad y la lucha contra la corrupción. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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Actualizado el 

La Contraloría General del Estado ha detectado en 32 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de servidores del Estado indicios de responsabilidad penal que alcanzan los $ 40 millones.

La Contraloría tiene la facultad constitucional y legal para hacer controles de los patrimonios de los funcionarios públicos al inicio y final de una gestión.

Este martes, 16 de enero de 2024, el contralor general, Mauricio Torres Maldonado, informó que en los casi dos meses de gestión ha firmado 32 informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal (IRP) por $ 40 millones y que existen unas 250 responsabilidades administrativas y civiles por $ 20 millones.

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No mencionó nombres de los involucrados, pero una vez que sus resultados están en firme se envían a la Fiscalía General del Estado para su investigación e inicio de procesos judiciales.

Estos exámenes especiales los ha firmado desde el 28 de noviembre que inició su administración, precisó Torres.

Su declaración se dio a propósito de una convocatoria de prensa de este martes, para anunciar la preparación de un proyecto de ley anticorrupción que sería enviado en el primer trimestre de este año a la Asamblea Nacional para su trámite.

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La iniciativa la presentarán como Función de Transparencia y Control Social, una vez que Torres fue elegido presidente, y Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, como vicepresidente, en una sesión desarrollada este lunes, 15 de enero.

Torres contó que actualmente están realizando exámenes especiales a las declaraciones juramentadas de generales del Ejército, de miembros de las Fuerzas Armadas y de otros servidores, incluyendo al expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

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“Todavía no tenemos resultados, pero en poco tiempo los habrá”, manifestó Torres. La autoridad explicó que el organismo tiene dificultades de presupuesto y de personal para agilizar las auditorías, pues actualmente son 2.800 personas en nómina para realizar controles a servidores de más de 3.400 instituciones que conforman el Estado.

Como alternativa, detalló Torres, están recurriendo a la herramienta tecnológica de la inteligencia artificial (IA) para que esta haga un monitoreo de cuáles declaraciones juramentadas requieren un examen o no.

Es decir, IA sirve como un soporte para observar en cuáles de las declaraciones juramentadas se observan posibles anomalías o incrementos de los recursos de los funcionarios. Su margen de error sería de un 5 %, comentó.

Torres aclaró que la Ley de la Contraloría vigente permite a la institución auditar a los servidores dentro de un plazo de siete años y sus informes, de encontrarse irregularidades, son “imprescriptibles” para que la Fiscalía General pueda proceder con los procesos legales en la justicia.

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En la consulta popular que planteó Daniel Noboa se incluye una pregunta en la que se propone que el Consejo de la Judicatura y la Contraloría realicen, en un plazo de diez meses, auditorías de gestión y del patrmonio de los servidores judiciales. Esto porque en el caso llamado Metástasis se descubrieron los nexos de algunos jueces y funcionarios con el narcotráfico. (I)

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