Impacto fiscal de $ 72 millones tendría el incentivo tributario para promover la contratación de personas de 45 años, que incluye propuesta de consulta

En el trámite de la iniciativa de consulta popular que propone el presidente de la República, Guillermo Lasso, se presentó ante la Corte Constitucional (CC) un alcance respecto del impacto que tendría el incentivo tributario para quienes emplean a personas mayores de 45 años o más, que consta en la pregunta tres que envió para la calificación de su constitucionalidad.

El 17 de noviembre, la Secretaría Jurídica del Palacio de Gobierno remitió a la jueza constitucional Carmen Corral un “alcance” que contiene el “dictamen previo, obligatorio y vinculante emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la pregunta 3″, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, numeral 15, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cita el oficio.

Para el Consejo Electoral lo ‘ideal’ es que el referéndum presidencial se vote en febrero del 2023

Son tres preguntas de consulta popular que presentó el Ejecutivo el 31 de octubre ante los jueces constitucionales y la tercera consulta señala: “¿Está usted de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100 % en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean personas de 45 años o más, reformando la Ley de Régimen Tributario Interno de acuerdo con el anexo 3?”.

Sobre ello, el Ministerio de Economía y Finanzas determinó que el impacto fiscal anual que implicaría aprobar esta pregunta sería de $ 72,17 millones. No obstante, se justifica que “esta propuesta permitirá contrarrestar el problema de empleo adecuado que actualmente están sufriendo las personas de 45 años en adelante, como efecto de esta medida se incrementará el aporte al Seguro General Obligatorio y se reducirá la mora patronal”.

La jueza Corral es la encargada de preparar el proyecto de dictamen en el que se evaluará si los considerandos, anexos y el cuestionario de tres preguntas son constitucionales y cumplen con los requisitos que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para evitar que se afecte el ejercicio del elector.

Las otras dos preguntas son las siguientes:

• Actualmente, los bienes y valores comisados que proceden de delitos como lavado de activos, terrorismo y narcotráfico son propiedad del Estado y se gestionan de acuerdo con el Presupuesto General del Estado que aprueba la Asamblea Nacional. ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia, reformando el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal de conformidad con lo previsto en el anexo 1?
• Actualmente, la extorsión se regula como un delito contra el derecho a la propiedad y se sanciona con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de la libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, reformando el Código Orgánico Integral Penal de conformidad con el anexo 2?

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional emita su pronunciamiento sobre su constitucionalidad. De tener un dictamen afirmativo para el Gobierno, se sumarán al cuestionario de ocho preguntas de referéndum con las cuales se propone enmendar la Constitución en ámbitos de seguridad ciudadana, beneficios ambientales, y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera que haya un pronunciamiento del organismo para que el presidente Guillermo Lasso les notifique con el decreto ejecutivo para iniciar con la organización del proceso y que coincida con las elecciones seccionales y de los siete vocales del CPCCS que se realizarán el 5 de febrero del 2023.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aspiró a que este 22 de noviembre se les notifique con la propuesta, para “cumplir con los plazos previstos en la ley y así hacer coincidir con las elecciones del 5 de febrero”.

Si el primer mandatario envía el decreto el próximo martes, el 7 de diciembre procederían a convocar al referéndum y posible consulta popular.

Esa estimación se sostiene en la disposición del artículo 106 de la carta política que menciona que una vez que el CNE sea notificado con estos decretos, tendrá un plazo de 15 días para convocar y 60 días para organizarlo.

Juez Alí Lozada analizará la propuesta presidencial de que las Fuerzas Armadas apoyen en el trabajo de la seguridad interna

El presidente de la República, Guillermo Lasso, insistió en proponer ante la Corte Constitucional una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la Policía Nacional en la seguridad interna, debido a la presencia del crimen organizado en el país.

En un primer momento, la Corte negó esta propuesta, que se presentó el 12 de septiembre pasado, en conjunto con otras siete preguntas, al concluir que se requiere una reforma parcial y no enmienda.

El 31 de octubre se ingresó el expediente con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”.

La causa recayó en el despacho del juez y presidente de la Corte, Alí Lozada, quien preparará el “dictamen de control previo al proyecto de reforma parcial a la Constitución y que, a través de un dictamen de procedimiento, se pronuncie respecto de la vía a través de la cual se lo debe tramitar”.

El organismo aclaró que para emitir un pronunciamiento no existe un plazo.

La reforma parcial, de acuerdo con el artículo 442 de la Constitución, que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma, tendrá lugar por iniciativa del presidente de la República, de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1 % de ciudadanos, o mediante resolución de la Asamblea Nacional aprobada por la mayoría de sus integrantes.

Esta se tramitará por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero y una vez aprobado se convocará a referéndum dentro de los 45 días. (I)