Solo en ciertos casos el presidente Guillermo Lasso está obligado a acudir a la Asamblea Nacional, como en el informe anual de labores y en un proceso de destitución, pero no a las comparecencias de comisiones, según el abogado constitucionalista André Benavides.

El experto menciona que no existe ningún efecto si el mandatario no acudió a los llamados de la Comisión de Garantías Constitucionales por los Pandora Papers. “En el caso del presidente, hay esa deficiencia y no establece la consecuencia jurídica, por lo tanto, no existe ningún tipo de repercusión”, enfatiza.

El pasado viernes, la Comisión de Garantías Constitucionales emitió un informe con varias recomendaciones sobre la investigación de los papeles de Pandora. Y el Ministerio de Gobierno lo rechazó y afirmó que se está gestando un golpe de Estado.

Ministerio de Gobierno afirma que se está gestando un golpe de Estado en Ecuador tras informe de Comisión de la Asamblea Nacional

La comisión dijo que se inobservó el pacto ético de la consulta popular en 2017 y la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular, “lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna”.

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El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica que el numeral 2 no es otra situación que la “muerte cruzada” y que es un procedimiento de destitución simple y sumaria. Y, en este caso, Lasso sí debe acudir porque se trata de un proceso de destitución.

Así, si la Asamblea lleva adelante este proceso, se aplica el procedimiento estipulado en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “La Presidenta de la Asamblea Nacional convocará, por si o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea (...), a sesión ordinaria o extraordinaria del pleno con al menos 24 horas de anticipación para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución del Presidente”.

El Ejecutivo, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el pleno sobre la grave crisis económica y la conmoción interna, dice el artículo.

La Constitución indica que en un plazo de 72 horas de agotados los procedimientos, la Asamblea resolverá con base en las pruebas de descargo presentadas por el mandatario.

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Y luego se procederá a votación, para lo que se requieren las dos terceras partes de los miembros del Legislativo, es decir, 91.

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En caso de completar la votación, la Constitución indica que en un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

Ahora, si el mandatario no comparece se seguirá el proceso de destitución en rebeldía.

Otro escenario que Lasso está obligado a acudir al Legislativo es en el informe anual de labores, que se realiza cada 24 de mayo.

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En tanto, en el caso de un proceso de enjuiciamiento político tampoco es necesaria su presencia porque no existe la consecuencia jurídica, recalca Benavides.

Además, que los Pandora Papers no incurre en ninguno de los delitos estipulados en el artículo 129 de la Constitución para un juicio. Estos son delitos contra la seguridad del Estado; de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Así también, por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

El artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa explica que si el mandatario está inmerso en un proceso de trámite de enjuiciamiento puede él avocar conocimiento o uno o más delegados o procuradores para que presenten pruebas de descargo.

En el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales hay una contradicción. Si bien se invoca el artículo constitucional que se refiere a la destitución, que se tiene un procedimiento claro, la segunda recomendación plantea otro que no tiene relación.

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Dice que “de conformidad con las facultades constitucionales de control político, se apruebe una resolución del Pleno de la Asamblea que disponga que en el plazo de ocho días horas, el Presidente comparezca al pleno para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas de todos los legisladores”.

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A este nuevo llamado tampoco está obligado el mandatario.

Otros escenarios

En tanto, hay un escenario ajeno a la Asamblea que podría llegar a la destitución del mandatario.

Benavides explica que se trata de la ejecución de la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular del 2017, la misma normativa que el Legislativo indicó que se inobservó.

Y esto se realizaría a través de la Contraloría General del Estado. “El que sí puede por haber incumplido con este mandato popular es el contralor. La Ley establece este régimen para auditar aquellos funcionarios que tienen bienes en paraísos fiscales”, menciona.

En una de las recomendaciones de la comisión establece enviar el informe a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos, para que procedan acorde con sus competencias constitucionales y legales. (I)